La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que investigue la información que se desprende de una entrevista realizada por el periodista Fernando Oz, publicada por el diario Perfil en la edición del domingo 11 de mayo de 2008, sobre la situación de dos supuestos agentes y/o ex agentes pertenecientes a la Secretaría de Investigaciones del Estado (SIDE), los Sres. Iván Velásquez y Pablo Carpintero.

Por lo que corresponde saber:

a. - Si existía o existió relación laboral de los mencionados con la Secretaría de Investigaciones del Estado (SIDE).

b. - Si existía o existió relación laboral de los mencionados con la Policía de Seguridad Aeronaútica (PSA).

c. - Si existía o existió relación laboral o informal, de los mencionados con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior.

Señor presidente:

A través de un artículo periodístico publicado en el diario Perfil, el domingo 11 de mayo del corriente año, realizado por el periodista Fernando Oz, hemos tomado conocimiento del caso de dos supuestos agentes de la SIDE, Iván Velázquez y Pablo Carpintero, quienes aducen haber sido exonerados del organismo por negarse a "pinchar" los teléfonos y los emails de diferentes periodistas, dirigentes de la oposición y funcionarios públicos como por ejemplo del actual Jefe de Gabinete Alberto Fernández, del Ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, entre otros.

Por otra publicación en el diario Clarín, el periodista Gerardo Young, el día 11 de mayo del 2008, expone una supuesta relación de Iván Velázquez en la intromisión a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, citando en la misma nota, que el propio Velázquez le envió un mail a Lorenzetti para declararse inocente.

En la Argentina, los organismos de inteligencia tienen un largo historial en espiar clandestinamente, más allá de las investigaciones judiciales que son la única vía de interceptar llamados, correspondencia o e mails privados. La SIDE muchas veces, ha sido sospechada de intervenir subrepticiamente emails de periodistas, o teléfonos de dirigentes de la oposición, y hasta se descubrieron enlaces clandestinos sobre la central telefónica del Congreso. Pudiendo citar por ejemplo, cuando en mayo de 2006, desconocidos espiaron y robaron correos electrónicos del periodista de Clarín Daniel Santoro, y del juez federal Daniel Rafecas, en una clara violación al derecho a la correspondencia privada y al secreto profesional periodístico. Otro de los hechos graves sobre espionaje a periodistas, fueron los que sufrieron Luis Majul, Ernesto Tenembaum y Andrés Kliphan, quienes denunciaron que sus correos electrónicos habían sido violados por hackers y que sus claves habían sido también usurpadas.

Estos hechos dieron lugar a que el 14 de junio de ese año, hayamos presentado junto a la Diputada Norma Morandini y otros legisladores, un Pedido de Informes, (Expte 3246-D-2006) sobre la violación de correspondencia electrónica al juez federal Daniel Rafecas y al periodista del diario Clarín Daniel Santoro, como así también a comunicadores de éste y de otros medios, a funcionarios, políticos, jueces fiscales y empresarios, sin orden judicial.

Por lo tanto en virtud de la gravedad de los hechos descriptos es necesario aclarar el grado de relación entre estos episodios y aquellos del 2006, que surgen al conocimiento público por distintas vías. Es así que solicitamos en el ámbito correspondiente, es decir la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, se efectúe la investigación a efectos de indagar sobre la existencia de una red de espionaje organizada, oficial o no, sobre periodistas argentinos.

Como el derecho a resguardar es fundamentalmente la libertad de expresión, y la libertad de pensamiento, se impone la necesidad del control político para subordinar, finalmente, la inteligencia del Estado a los derechos democráticos.

De ser ciertas entonces las mencionadas denuncias, los derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la intimidad estarían en grave riesgo en nuestro país, por lo tanto, intentamos contribuir con este proyecto al fortalecimiento institucional y al pleno ejercicio de los derechos democráticos, solicitando a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la investigación de los supuestos hechos, para que de ser ciertos, se tomen las medidas tendientes a su esclarecimiento. Siendo necesario también revelar, ante la sociedad que recibe por la investigación periodística datos alarmantes, dicho esclarecimiento. El Poder Legislativo tiene su competencia de control sobre los organismos de inteligencia, y es su obligación aplicarlo con pertinencia.

Por todo lo expuesto solicitamos a los Señores Diputados, la aprobación del presente proyecto.