El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1.- Deróguese la Resolución Nº 125 del 11 de marzo de 2008 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y sus modificatorias.

ARTICULO 2.- De forma.-

Señor presidente:

Como respuesta a los aumentos de los precios internacionales de cereales y oleaginosas, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, dicta la Resolución Nº 125/08, en el marco del Código Aduanero Ley 22.415. La misma establece los nuevos derechos de exportación aplicables a cereales y oleaginosas, para evitar que esos aumentos de precios se tradujeran en consecuencia aumentos en los precios domésticos de los alimentos, repercutiendo de manera negativa en la economía nacional, generando incertidumbre en la inversión del sector agropecuario y limitando la equidad distributiva.

Esta limitación se ve reflejada taxativamente en la disminución de la recaudación automática de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de una disminución directa del Impuesto a las Ganancias que es 100% coparticipable, ampliando la brecha entre lo que dispone la Nación y disponen las provincias. Se quiebra así los dispuesto por el artículo 7º de la Ley 23.548 que indica que "El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley."

Si lo que busca es alcanzar mayores niveles de recaudación y equidad, es necesaria, no una medida particular, sino establecer una política agraria a mediano y largo plazo. La misma debería brindar previsibilidad y estabilidad a la actividad y contemplar especialmente la situación de los pequeños y medianos productores, las economías regionales, los productos y segmentos y la preservación del medio ambiente. En donde no haya ganadores ni perdedores: simplemente una política que contemple desarrollo y crecimiento económico sostenido de nuestra economía nacional para una mejor redistribución del ingreso y equidad.

La implementación de retenciones móviles cuando los precios internacionales suban, atenta directamente contra el principio de racionalidad que define la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una medida que implica que mas del 40% de lo producido queda en manos del Estado en concepto de impuestos tiene una incidencia altamente negativa en la rentabilidad del productor. Un claro ejemplo es la situación que se generaría si el precio de la tonelada de soja superase los US$ 600: el Estado se quedaría con el 95% del incremento del precio internacional, lo cual contradice el principio de equidad que la medida pregona.

Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares acompañen con el voto afirmativo, la iniciativa puesta en tratamiento.