La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Medios de Comunicación, se sirva informar a la brevedad y por escrito lo siguiente:

1 - Si la publicidad que realizó el Gobierno Nacional refiriéndose al conflicto agropecuario, en la cual no sólo trasmiten lo que para el gobierno fueron avances en el tema, sino que además reproducen declaraciones de Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, y que fuera emitida en los principales canales de aire durante el mes de mayo del corriente año, ha sido solventada con dinero de las arcas estatales.

2 - De resultar afirmativo el punto anterior, informe monto total de los gastos efectuados por la Administración Pública Nacional para realizar la referida publicidad.

3 - Cuáles son los objetivos centrales buscados a la hora de realizar la misma.

4 - Detalle las contrataciones efectuadas para realizar dicha publicidad, especificando:

a) Costo total de la operación, forma de pago y tipo de contratación;

b) Partida presupuestaria destinada a tal efecto;

c) Listado de las empresas contratadas por el Estado para realizar la publicidad;

d) Listado completo de medios y grupos de medios con los cuales ha contratado para difundir la misma, desagregando monto contratado con cada medio de comunicación.

e) Remita asimismo a esta Cámara copia de los expedientes pertinentes.

5 - Cualquier otra información que sirva al presente.-

Señor presidente:

En sociedades complejas como la nuestra, la comunicación a través de los medios masivos de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, escritos o multimedia, constituye, en numerosas oportunidades, la única forma de llegar a todos y cada uno de los ciudadanos. La difusión de las distintas acciones de gobierno, entre las que se cuentan aquellas campañas, programas y actividades que realizan las distintas reparticiones de la administración pública nacional, constituye una eficaz herramienta para la información y concientización de la población sobre variadas temáticas de interés general, así como para el fomento o incentivo de políticas de Estado. En este sentido, la pauta oficial responde al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Sin embargo, resulta evidente que la misma es manejada por el gobierno nacional con un criterio absolutamente arbitrario y discrecional, junto con las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto.

Como bien destaca la Asociación por los Derechos Civiles en el documento titulado Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial, la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es el de difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales, promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública. Entre los objetivos que deben guiar las campañas institucionales de publicidad y comunicación se destacan: promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos; informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares; difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general; difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo aconsejen; advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural; apoyar a sectores económicos nacionales en el exterior, promover la comercialización de productos argentinos y atraer inversiones extranjeras; difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de nuestro país; comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social.

En una sociedad democrática los ciudadanos deben y tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado. Esto se funda en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. En este sentido, la publicidad en los medios de comunicación también es un mecanismo que sirve para dar visibilidad y transparencia a las acciones del gobierno y a las instituciones. Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. Cuesta visualizar, a partir de estas premisas (las cuales por supuesto compartimos), cuál es la necesariedad, utilidad o relevancia para los ciudadanos de la referida publicidad.

Insistimos, la producción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos. La utilidad pública, en tanto principal objetivo de la publicidad oficial, implica que la misma sirva a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve. En tal sentido, la publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión, ni mucho menos provocar el descrédito, denigración o menosprecio, directo o indirecto, de una persona física o jurídica, privada o pública.

En virtud de ello, es que presentamos esta solicitud de informes a los efectos de conocer, básicamente, cuál es la política del Poder Ejecutivo Nacional con respecto a la publicidad oficial. Estamos convencidos que los gobiernos deben rendir cuentas al público sobre los gastos efectuados y el modo en que son empleados los recursos de publicidad oficial. Asimismo creemos que sería recomendable establecer algún tipo de control externo que evalúe los objetivos, la necesidad y relevancia de las campañas publicitarias, la efectividad de las mismas en relación con los objetivos planteados antes de su realización, así como la eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Dichos controles resultan imprescindibles a la hora de continuar con las campañas, ya que marcan la utilidad de las mismas y el manejo racional de los recursos públicos.

Por último, debemos destacar la ausencia de un marco normativo que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a publicidad. Esta falta de reglas promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión o promoción política. Esta práctica se ve favorecida por marcos legales inadecuados, y a veces confusos, que no establecen reglas claras en cuanto a cómo se planifica, cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se controla la publicidad oficial. Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los Sres. Diputados me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-