La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación por los casos de espionaje electrónico recientemente acontecidos y denunciados penalmente mediante la intromisión en las casillas de correo electrónico del Juez Federal Sr. Daniel Rafecas y del periodista del diario "Clarín" Sr. Daniel Santoro, por verse afectadas las garantías constitucionales de libertad de expresión, inviolabilidad de la correspondencia y secreto profesional periodístico, consagrados en nuestra Carta Magna.-

Asimismo, manifestar su compromiso con el urgente tratamiento y aprobación de las iniciativas con trámite parlamentario en ésta Cámara, en torno a tipificar la violación de correos electrónicos como un delito equiparable a lo señalado en los artículos 153 y 155 del Código Penal.-

Señor presidente:

Según pudo conocerse días pasados, desconocidos espiaron y robaron correos electrónicos del Juez Federal Daniel Rafecas y del periodista de Clarín Daniel Santoro, en lo que constituye una evidente violación al derecho a la correspondencia privada y al secreto profesional periodístico, afectando profundamente la libertad de expresión garantizada constitucionalmente. La metodología utilizada, además de ilegal, exhibe un caso flagrante de violación a los derechos que atañen a las personas en genral y -en el caso- a los periodistas en particular.-

En el caso tomó intervención el Fiscal Carlos Stornelli, quien solicitó al Juez Guillermo Montenegro que investigue quién espió ilegalmente y robó correos electrónicos del periodista Daniel Santoro y del Juez Federal Daniel Rafecas. En su escrito Stornelli requirió a Montenegro que se realice una pericia técnica para determinar quién entró desde Internet a la casilla de correo electrónico de Santoro en el diario Clarín, con posterioridad a que fuera publicada una investigación sobre el caso de narcotráfico conocido como "Viñas Blancas". Además acusó a los responsables de la maniobra electrónica, que hasta ahora se desconocen, de los delitos de violación y hurto de correspondencia privada, asimilando ese delito del Código Penal para el correo postal al correo electrónico a través de Internet.

El primer correo electrónico robado es de fecha 1ro. de marzo del corriente año, cuatro días antes de la primera nota de la serie investigativa. Es decir, los desconocidos se habrían enterado de la investigación antes de su publicación y continuaron con el espionaje ilegal hasta, por lo menos, el 27 de abril, que es la fecha del último e-mail. Entre los mensajes figura una fotocopia de la pantalla del correo interno del periodista Santoro en el diario con la lista de todos los mensajes recibidos por el periodista.

Los correos electrónicos contienen preguntas que el periodista hizo a al Juez Rafecas "off the record" (para publicar con reserva del nombre de la fuente) sobre el caso "Viñas Blancas", después de que el juez procesara a dos serbios y otros sospechosos de haber participado del intento de contrabando, en abril del 2004, de 171 kilos de cocaína a Europa camuflada en botellas de vino, no hallándose en ese momento la causa bajo secreto de sumario.

La prueba con la que se cuenta hasta el momento son fotocopias de los e-mails en cuestión , las que fueron entregadas por el abogado José María Ubeira, defensor del serbio Dejan Trisc, al Tribunal Oral Nro. 5, quien actualmente tiene la causa "Viñas Blancas", habiendo manifestado Ubeira que las fotocopias le habían llegado a su estudio "en forma anónima". Vale aclarar que su socio es nada menos que Juan José Ribelli, el ex policía bonaerense implicado en la causa AMIA que ahora ejerce la abogacía. Ambos son los defensores de Dejan Trisc, uno de los yugoslavos imputados en la mencionada causa "Viñas Blancas.

Los serbios investigados como sospechosos son dos: Dejan Trisc, quien fue operado de una cadera y goza de arresto domiciliario y Dragoslav Ilic, quien se casó el 26 de febrero con una fastuosa fiesta en el "Four Season". Después de la primera nota de Clarín que denunciaba la preocupación de la DEA por las condiciones de detención de los serbios, el juez Rafecas volvió a mandar a Ilic a una cárcel común porque el sólo había autorizado una ceremonia bajo el rito religioso de la iglesia cristiana ortodoxa serbia.

No es un dato menor que también motiva nuestra preocupación el hecho de que el Tribunal Oral 5, integrado por los jueces Luis Di Renzi, Guillermo Gordo y Guillermo Madueño, dispuso que se abriera una causa para que se investigara si el Juez Rafecas cometió algún delito a través de ese intercambio epistolar privado. La causa recayó en el juez federal Guillermo Montenegro. Con esta causa, Rafecas ya tiene nueve denuncias que buscan hacer caer la causa contra los yugoslavos.

Este magistrado, además de haber investigado la causa citada, está a cargo de una de las megacausas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, conocida como la del Primer Cuerpo de Ejército, en la cual tiene detenidos a decenas de militares, y del pago de sobornos en el Senado.

Es importante que al prestar declaración testimonial ante el Juez Montenegro el periodista Santoro, quien confirmó que se trataban de mensajes suyos y dijo que sólo él conoce la clave secreta para abrir su correo electrónico en Clarín. Estimó que los desconocidos habrán usados algún "sistema especial" para "hackear" su correo electrónico desde la web y dijo que consideraba que era "una víctima del delito de violación de correspondencia privada a través de Internet, como asimismo de violación del secreto profesional periodístico". Si bien la violación de un correo electrónico no es un delito tipificado aún en el Código Penal, varios jueces lo equiparan con el delito de violación de la correspondencia postal.

Distintas entidades de prensa alzaron su voz respecto de lo ocurrido. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) condenó el robo y espionaje de los correos electrónicos de Santoro y Rafecas porque "viola la privacidad de la correspondencia y el secreto profesional periodístico". Recordó, asimismo, que el secreto profesional de los periodistas se introdujo a nuestra Carta Magna en 1994 por una iniciativa de la entidad y afirmó que ese recurso constituye "una norma esencial para el desarrollo del periodismo de investigación".

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su "enérgico repudio por el caso de espionaje del que fue víctima nuestro presidente y prosecretario de redacción del diario Clarín, Daniel Santoro. Este hecho implica una flagrante violación del secreto de la fuente periodística contemplada en la Constitución Nacional".

Estamos convencidos que nos hallamos frente a un grave delito, que afecta muy particularmente la libertad de prensa, y que debe ser esclarecido y sus autores materiales e intelectuales puestos a disposición de la Justicia. Con éste proyecto de declaración queremos poner de manifiesto -y creemos que el Cuerpo debe hacer lo propio-, nuestra preocupación porque estos hechos se repitan y expresamos solidaridad con las personas víctimas del espionaje denunciado.

Por último, destacamos la importancia del compromiso de éste Cuerpo con el urgente tratamiento y aprobación de las iniciativas con trámite parlamentario en ésta Cámara, en torno a tipificar la violación de correos electrónicos como un delito equiparable a lo señalado en los artículos 153 y 155 del Código Penal, que mencionan a "carta, pliego cerrado o despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza o papel privado". Tal cómo lo demuestra este caso, esta decisión es importante para garantizar de manera efectiva el secreto profesional periodístico establecido por la Constitución Nacional. Este derecho, a su vez, constituye un mecanismo esencial para ejercer la libertad de prensa.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los Sres. Diputados la aprobación del presente proyecto de Declaración.