La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que corresponda informe a esta Cámara sobre las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál fue la partida presupuestaria que redistribuyó el Poder Ejecutivo Nacional en mayo de 2007 para implementar el decreto 606/2007 sobre Creación del Programa Verdad y Justicia en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros?

2. Enumere y detalle la nómina de personas que trabajan en el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, sus especialidades, sus niveles y grados, modalidades de contratación y régimen horario de trabajo.

3. Si es cierto que el Estado Nacional a diciembre de 2007 adeudaba seis meses de salario a las personas que prestaban servicio en el Programa Verdad y Justicia. En caso de respuesta afirmativa, explique las razones del retraso.

4. Especifique el monto de la partida presupuestaria destinada al Programa Verdad y Justicia prevista en el Presupuesto 2008.

5. Si es cierto que el Poder Ejecutivo Nacional mantiene deudas salariales con las personas que prestan servicio en el Programa Verdad y Justicia, a mayo de 2008. En caso afirmativo, explique las razones de ese retraso y los plazos en los que se prevé saldar dicha deuda.

6. Si es cierto que la única infraestructura con la que cuenta el Programa Verdad y Justicia es de sólo tres oficinas y que, por tanto, un porcentaje del personal debe desarrollar sus tareas en casas particulares, bares y otros lugares públicos, utilizando la conexión de Internet para intercambiar información. En caso afirmativo, detallar cuándo dotará al mencionado Programa de la estructura operativa necesaria e imprescindible para llevar adelante sus tareas.

Señor presidente:

El Programa Verdad y Justicia fue creado a través del decreto 606/07, durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner. Según consta en el texto de la norma, entre los objetivos del Programa se encuentran:

1. Coordinar y articular con los demás poderes del Estado, todas aquellas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado.

2. Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares.

3. Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.

4. Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la protección de las personas involucradas en las investigaciones.

En abril de 2008, y atento a la transferencia de la Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro Nacional de Armas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina al ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia también fue transferido al mismo Ministerio por decreto Nº 589/2008, de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de su corta existencia el Programa fue eficaz en determinados casos de protección de testigos, sin embargo sus recursos no resultan adecuados a la envergadura de su tarea. El mismo coordinador del Programa, Lic. Marcelo Saín, planteó públicamente la necesidad de contar con una infraestructura acorde con los objetivos asignados al mismo. Esto incluía mayores partidas presupuestarias y la dotación de personal propio, dado que hasta diciembre de 2007 prestaba servicio en el Programa personal de Seguridad Aeroportuaria. Según consta en la publicación "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2008", publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a diciembre de 2007 la mayoría de los empleados del Programa llevaba seis meses trabajando sin cobrar sus salarios (1) . En la actualidad alrededor de un tercio de los integrantes del Programa trabajan distribuidos en tres oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que el resto del personal lo hace desde casas particulares, bares y otros lugares públicos.

Coincidimos con el Poder Ejecutivo cuando sostiene que los atrasos y demoras existentes en la tramitación de las causas derivadas de violaciones al Código Penal y leyes especiales podrían entenderse como un eventual supuesto de denegación de justicia (2) , y por esto nos llama la atención que siendo una declarada y reconocida política del Estado nacional la de perseguir y enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar, el gobierno insista con crear una Unidad Especial para la Búsqueda de Represores prófugos de la justicia y cree un Fondo de Recompensas destinado a ese objetivo, mientras al mismo tiempo desatiende el financiamiento, los recursos humanos y técnicos y hasta la estructura edilicia del Programa Verdad y Justicia, ideado por el mismo ex presidente Kirchner en 2007, meses antes de dejar su cargo.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.