La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los organismos que correspondan y dentro del marco de los tratados que conforman el MERCOSUR, promueva la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela dentro de dicho bloque regional por la violación constante de los valores democráticos por parte del gobierno de ese país.

Señor presidente:

El día 30 de abril de 2013, en la República Bolivariana de Venezuela, siete Diputados opositores al régimen chavista del presidente Nicolás Maduro, fueron agredidos en pleno recinto por sus pares oficialistas en medio de la sesión legislativa.

El motivo de la agresión, fue la protesta de los opositores a la prohibición de hablar impuesta por el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a todos aquellos Diputados que no reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela.

Las serias agresiones sufridas por los Diputados Julio Borges, María Corina Machado, Américo de Grazia, Nora Bracho, Ismael García, Dinorah Figuera y Juilo Montoya, se suma a la seria lesión infringida con un micrófono al Diputado, también opositor, William Dávila durante la sesión legislativa del 16 de abril de 2013. Lo más grave, es que quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, justificó las agresiones y tildó a los agredidos de provocadores fascistoides.

La gravedad de los daños físicos causados a los legisladores opositores es un reflejo del constante ataque a los valores verdaderamente democráticos que cotidianamente suceden en Venezuela. Ello ya se ha visto con anterioridad como por ejemplo, la prohibición de manifestaciones contra Nicolás Maduro tras las últimas elecciones, la proscripción sufrida por el candidato opositor al chavismo Leopoldo López en 2008 y el cierre intempestivo del canal de televisión RCTV acaecido en mayo de 2007, entre muchas otras acciones.

Los ataques los que nos estamos refiriendo incurren en franca violación de la Constitución de dicho país, que en su artículo segundo establece que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". El artículo 3º de la misma norma reza, asimismo que "el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución." Por su parte, el artículo 201, cuando se refiere al parlamento de dicha Nación, establece que "Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal". Queda claro pues, que en Venezuela, se han violado derechos básicos para la vida democrática garantizados por su Constitución Nacional.

Además de la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los ataques físicos perpetrados en la Asamblea Nacional a los legisladores opositores al régimen chavista, constituyen una violación a lo establecido por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR. Dicho acuerdo internacional afirma que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo. Asimismo, establece que toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del Protocolo, dará lugar a la aplicación de los procedimientos allí previstos, los cuales pueden llegar incluso a la suspensión de los derechos como miembro del bloque, tal como ocurriera con la República de Paraguay en junio de 2012.

Los principios y objetivos del Tratado de Asunción y sus Protocolos han sido dictados en la búsqueda de la plena vigencia de las instituciones democráticas. Los estados parte del MERCOSUR entienden que la participación democrática es una condición indispensable para la existencia y el desarrollo de ese bloque regional.

Todos los ingresantes al MERCOSUR han reafirmado la cláusula democrática. Venezuela adhirió al Protocolo de Ushuaia cuando se la admitió como Estado asociado al MERCOSUR en julio de 2008, lo ha sido reafirmado al momento de asumir como miembro pleno en julio de 2012 (cosa que ahora se solicita sea dejada sin efecto por el Poder Ejecutivo Nacional, y que también deberá ser revisada con la reincorporación de Paraguay).

Acciones como la proscripción de candidatos críticos del régimen chavista, el cercenamiento de la libertad de expresión, el amedrentamiento y agresión física a los opositores y la destrucción de urnas y/o la denegación de recuento de votos ante ajustados resultados electorales, configuran flagrantes actos contra la democracia.

La celeridad aplicada para la destitución del ex presidente Fernando Lugo, mediante el procedimiento constitucional del juicio político, fue justificación suficiente a opinión de los demás miembros del MERCOSUR, para la suspensión de Paraguay como miembro del bloque por considerarse que se habían violado valores democráticos. Entonces, con mayor celo aún deberían expresarse los miembros del bloque respecto de la manera en que en Venezuela se permite, e incluso promueve, el silenciamiento por medios violentos de las voces críticas al oficialismo.

La alteración, en muchos casos violenta, de los valores democráticos en Venezuela, es una constante que contraría los principios afirmados por los integrantes del MERCOSUR en el Protocolo de Ushuaia de 1998. Por los motivos expuestos, se solicita que se promueva la exclusión de la República Bolivariana de Venezuela como país miembro del MERCOSUR hasta tanto no sea garantizada la democracia en dicho país.