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PROYECTO DE TP


Expediente 2683-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL "PROGRAMA NACIONAL DE GARRAFA SOCIAL".
Fecha: 29/05/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 57
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por intermedio de quien corresponda informe a esta Honorable Cámara respecto de:
En lo que respecta a la política energética de gas, se requiere información sobre:
1. Objetivos centrales de la política pública que se intentaron cumplimentar a través de la implementación del Programa Nacional de garrafa Social.
2. Criterios utilizados en la determinación de los sectores sociales potencialmente beneficiados por la implementación de tales medidas.
3. Grados de efectividad y eficiencia en la implementación del referido Programa Nacional de Garrafa Social, centrando el interés, fundamentalmente, en los siguientes aspectos:
a) Relevamiento concreto y completo de los puntos de venta realmente existentes.
b) Criterios utilizados para la determinación de los actores participantes en la cadena de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP).
c) Efectivo cumplimiento de los precios de venta diferenciales establecidos en el Programa.
4. Razones que llevaron al reemplazo del programa anterior por el nuevo "Acuerdo de precio del gas licuado de petróleo", lanzado en septiembre de 2008.
5. Criterios determinantes en la aplicación de este nuevo programa.
6. Criterios de control de calidad utilizados en la confección de los tubos de gas y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
7. Existencia de parámetros concretos que permitan evaluar objetivamente la implementación de las políticas planteadas.
8. Con relación a los programas energéticos implementados en los años 2003 y 2005, se requiere información precisa sobre el denominado Fondo Fiduciario del Gas Licuado de Petróleo, creado en marzo de 2005. Los aspectos centrales del requerimiento son los siguientes:
a) Fuentes de financiación utilizadas para la constitución del mencionado fondo.
b) Objetivos perseguidos en la implementación de este fondo.
c) Montos efectivamente erogados utilizados para la financiación de los precios subsidiados de las garrafas de 10, 15 y 20 kg.
d) Si existieron causas importantes que hayan demorado la aplicación concreta de los fondos obtenidos en función de los objetivos buscados en la normativa.
9. Por último, y en relación al denominado programa "Tarifa Social Eléctrica", cuyo objetivo era subsidiar y/o abaratar el costo final de las tarifas eléctricas destinadas a los usuarios residenciales de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad social, se solicita la siguiente información:
a) Criterios utilizados para la identificación de los potenciales beneficiarios de tales programas.
b) Grados de efectividad y eficacia alcanzados en la aplicación del programa, entendiendo por ello la cantidad de usuarios alcanzados y la calidad prestacional del servicio público de electricidad.
c) Criterios de evaluación utilizados posteriormente a la implementación del programa.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Entre 2003 y 2005, el Gobierno nacional lanzó sendos programas de políticas públicas destinados a subsidiar y/o abaratar el acceso a servicios públicos vitales como luz y gas para los sectores de más bajos ingresos de la ciudadanía argentina.
Estos programas fueron reactualizados y/o redimensionados en 2008 sin que, hasta el momento, existan criterios objetivos fiables de evaluación de la efectividad y eficacia de estas políticas implementadas.
Por otra parte, el contexto en el que se intentaron implementar estas políticas desde el comienzo de la gestión del ex Presidente Néstor Kirchner, sigue siendo determinante a la hora de describir elocuentemente algunos de los efectos sociales que las acumuladas carencias en materia energética están provocando en los sectores más vulnerables de la comunidad nacional.
Algunos de los datos centrales que describen esta situación y permiten explicar y/o fundamentar la necesidad de contar con tarifas sociales en los servicios públicos de luz y gas son las siguientes:
- Hay más de 3.400.000 argentinos que no tienen acceso a gas natural por redes y, por ende, dependen completamente del uso de garrafas de gas licuado de petróleo a fin de procurarse el abastecimiento necesario.
- En lo que respecta a la llamada Garrafa Social, amén del anuncio del precio de $16 para la garrafa de 10 kilogramos, se han oficializado no más de 624 puntos de venta en todo el país, reproduciendo, con ello, la misma situación de falta de acceso al suministro de gas en garrafas que sigue siendo un problema grave y persistente en términos del funcionamiento integral de toda la cadena de comercialización de este recurso.
- En lo que respecta al servicio eléctrico, hay más de 450.000 hogares que no cuentan con este servicio y deben procurárselo a través de medios alternativos como leña o carbón, agravando así las ya acuciantes condiciones de vida que profundizan la desigualdad en términos de la garantía universal del acceso al servicio público de la electricidad.
- Finalmente, más de 8.000.000 de argentinos no tiene acceso a ninguna red de agua potable, mientras que más de 21.000.000 carecen de cloacas y de medidas básicas de saneamiento, agravando aún más las condiciones de pobreza y desigualdad en amplias regiones de nuestro país.
A su vez, existen un conjunto de datos que pueden complementarse con los anteriores y que refieren a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema energético argentino, lo cual no ha variado sustancialmente en los últimos años.
En efecto, en la presente coyuntura se sigue profundizando un escenario de escasez en materia de hidrocarburos, con niveles de reservas y extracción en franca declinación y con la consolidación de una estructura sectorial de toda la cadena energética caracterizada por la presencia de pocos jugadores con peso específico importante que determinan- y profundizan- el esquema de vaciamiento y desinversión crónica que ha convertido en estructural la vulnerabilidad energética del país.
- Argentina es un país hidrocarburo- dependiente. El petróleo (41,5 %) y el gas natural (48,8 %) explican en conjunto el 90,3 % de la oferta de energía primaria. El suministro eléctrico depende en un 55 % de centrales térmicas, abastecidas mayormente con gas natural.
- Las reservas certificadas de petróleo y gas natural, al nivel de extracción de diciembre de 2006, alcanzan para sólo 8 y 7,8 años, respectivamente. Escasas inversiones de capital de riesgo en exploración durante el período 1999-2007, en un contexto de rentas extraordinarias sin precedentes históricos, explican la nula posibilidad de descubrirse reservas de importancia en el país.
- Alta concentración económica en las reservas, extracción y exportación de petróleo y gas natural por parte de conglomerados extranjeros y grupos económicos locales. Los únicos agentes económicos formadores de precios de combustibles, y tarifas de gas y electricidad, son las principales compañías petroleras que operan en el país. Elevado precio del barril de petróleo para el mercado interno (U$S 34,5), considerando los bajos costos operativos tras la devaluación de la moneda, y en particular el costo del barril (U$S 6,1). Escaso control y regulación del Estado, además, desde la privatización de la gran cadena hidrocarburíferas.
- Resultados de la privatización del sector: 1º escasas inversiones de capital de riesgo en exploración, sobreexplotación de yacimientos, nulas inversiones en infraestructura de transporte, petroquímica y refinación; 2º saturación de la capacidad de transporte de gas natural en 2004 y de suministro eléctrico en 2010, importación neta de hidrocarburos en 2009, saturación de la capacidad de refinación de petróleo en 2010, agotamiento de reservas de petróleo y gas natural entre 2013 y 2015.
- El sector refinación está trabajando al 95 % de su capacidad instalada. Por consiguiente, es muy vulnerable el abastecimiento del mercado interno de combustibles por paradas de plantas, ya sea programadas o por contingencias no previstas.
- Considerando una tasa de crecimiento del 5 % anual en el consumo de combustibles del mercado interno, la proyección al año 2010 señala que se manifestará un déficit, de no incrementarse la actual capacidad instalada de refinación.
- Se observa que el parque de refinación presenta un grado importante de envejecimiento tecnológico y no muestra una tendencia a incrementar la capacidad de elaboración, de acuerdo a las presentes y futuras necesidades del país.
En este contexto, el Gobierno nacional ha puesto en marcha algunas medidas que persiguen el objetivo de aliviar la actual situación de debilidad en materia de oferta energética total pero que, en lo que respecta al diagnóstico vinculado estrictamente a los hidrocarburos, parece más bien profundizar el escenario ya delicado de agotamiento de reservas, generando un conjunto de incentivos a los operadores privados a fin de que encaren nuevos proyectos de prospección, exploración y extracción de petróleo y gas de manera tal de poder asegurar, por lo menos, el horizonte del abastecimiento interno en los próximos años.
Sin embargo, esas inversiones están lejos de responder al acuciante cuadro de insuficiencia de hidrocarburos y amén que se lo plantea en un contexto de declinación de reservas, existen otras incompatibilidades relacionadas, por ejemplo, con la continuidad de la exportación de crudo, gas y combustibles líquidos- aunque en menores volúmenes por razones más que obvias-, lo cual torna aún más insostenible el esquema de políticas públicas energéticas vinculado con las energías tradicionales de origen fósil. Esto, ciertamente, no agota el conjunto de contradicciones que podrían señalar, pero sirve, por lo menos, para ubicarnos en algunas de las aristas más preocupantes que la coyuntura actual presenta.
Por otra parte, pasando a la descripción concreta de los programas sociales de luz y gas se señalan algunos aspectos centrales que se vinculan directamente con los interrogantes planteados en el proyecto de resolución.
- Los programas de tarifas sociales de luz y gas se han contemplado desde el mismo momento en que el Gobierno y las empresas prestadoras se disponían a encarar las renegociaciones de los contratos, situación de la que comenzó a hablarse públicamente desde el año 2005.
- En lo que respecta al servicio eléctrico, el Ente Regulador de la Electricidad ( ENRE) y el Ministerio de Desarrollo Social eran los organismos encargados de realizar el relevamiento entre los usuarios de Edelap, Edesur y Edenor, situación que se ha demorado más de dos años, lo cual impactó directamente en la imposibilidad de implementación de los referidos programas.
- Otro aspecto central ha sido el de la determinación concreta del presupuesto necesario para financiar el subsidio a los hogares más pobres que se harían acreedoras a tal beneficio. El ENRE llegó a un cálculo parcial que incluía alrededor de 600.000 usuarios, con un costo por bimestre de algo más de 10.000.000 de pesos.
- La determinación concreta de la financiación y el diseño operativo del programa- que eran los pasos necesarios anteriores a la implementación- no se iniciaron.
- En lo que respecta a los usuarios de gas, la posible implementación de una tarifa social se topó con los obstáculos centrales de la falta de acuerdos entre el Gobierno y las distribuidoras en materia de precios y servicio, agravando aún más la situación de creciente desigualdad en la que se encuentran millones de argentinos.
- Junto a ello, se han sumado las serias deficiencias vinculadas al denominado Programa Nacional de Garrafa Social y al llamado " Acuerdo de Precio del Gas Licuado de Petróleo", que reemplazó al primero en septiembre de 2008.
- Además, en este período analizado- más concretamente en marzo de 2005- se creó mediante la Ley Nº 26.020 el denominado Fondo Fiduciario del Gas Licuado de Petróleo, cuyo objetivo fue el de financiar el costo de las garrafas y tubos de gas destinados a los hogares más pobres y, simultáneamente, la extensión de las redes de gasoductos a regiones en las que hoy no llega el gas natural por redes. Concretamente, recién en septiembre de 2008 comenzó a implementarse el denominado Fondo para la compra de garrafas, mientras que no existe decisión alguna sobre los proyectos de extensión de las redes de gasoductos.
- Finalmente, las fuentes de financiamiento de este Fondo Fiduciario se conformarían con el dinero proveniente de multas aplicadas a las empresas, recursos del presupuesto no definidos concretamente y otro tipo de aportes de las empresas privadas sobre los que tampoco han existido mayores precisiones.
Como telón de fondo de esta situación por demás delicada, los aumentos tarifarios dispuestos a partir de agosto y noviembre de 2008 en los servicios de luz y gas- que han sido motivo de fuerte repercusión pública a partir de la infinidad de arbitrariedades cometidas por los órganos de aplicación- han agravado el cuadro descrito, profundizando las problemáticas sociales en los hogares más pobres que son electrodependientes por carecer, justamente, de acceso a gas natural por redes y a un sistema adecuado de saneamiento y tratamiento de aguas.
En síntesis, en este horizonte sumariamente descrito, se torna imprescindible reorientar las políticas públicas energéticas en la perspectiva de una planificación responsable de mediano y largo plazo, que permita dar cuenta de las amplísimas distorsiones que el conjunto del sector energético acumula no sólo en materia de oferta e inversiones, sino también en aspectos centrales como las políticas de subsidios de los precios finales de la electricidad y el gas para los hogares de bajos recursos.
En efecto, medidas como la que es objeto de interés en el presente proyecto de resolución señalan, por un lado, la fragilidad del diagnóstico aludido en materia energética y, por el otro lado, profundizan las preocupaciones sólidamente instaladas sobre la falta de transparencia en la operatoria integral del sector energético por parte del gobierno nacional.
Por todo ello, señor presidente, es que solicitamos la aprobación de los señores legisladores al presente proyecto de resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
MACALUSE, EDUARDO GABRIEL BUENOS AIRES SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.)
BISUTTI, DELIA BEATRIZ CIUDAD de BUENOS AIRES SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.)
CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR BUENOS AIRES PARTIDO SOCIALISTA
LOZANO, CLAUDIO RAUL CIUDAD de BUENOS AIRES BUENOS AIRES PARA TODOS EN PROYECTO SUR
BENAS, VERONICA CLAUDIA SANTA FE SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.)
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia)