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PROYECTO DE TP
Expediente 2683-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL "PROGRAMA NACIONAL DE GARRAFA SOCIAL".
Fecha: 29/05/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 57
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
que por intermedio de quien corresponda informe a esta Honorable Cámara
respecto de:
En lo que respecta a la política
energética de gas, se requiere información sobre:
1. Objetivos centrales de la
política pública que se intentaron cumplimentar a través de la implementación del
Programa Nacional de garrafa Social.
2. Criterios utilizados en la
determinación de los sectores sociales potencialmente beneficiados por la
implementación de tales medidas.
3. Grados de efectividad y
eficiencia en la implementación del referido Programa Nacional de Garrafa Social,
centrando el interés, fundamentalmente, en los siguientes aspectos:
a) Relevamiento concreto y
completo de los puntos de venta realmente existentes.
b) Criterios utilizados para la
determinación de los actores participantes en la cadena de comercialización de gas
licuado de petróleo (GLP).
c) Efectivo cumplimiento de los
precios de venta diferenciales establecidos en el Programa.
4. Razones que llevaron al
reemplazo del programa anterior por el nuevo "Acuerdo de precio del gas licuado
de petróleo", lanzado en septiembre de 2008.
5. Criterios determinantes en la
aplicación de este nuevo programa.
6. Criterios de control de calidad
utilizados en la confección de los tubos de gas y garrafas de gas licuado de
petróleo (GLP).
7. Existencia de parámetros
concretos que permitan evaluar objetivamente la implementación de las políticas
planteadas.
8. Con relación a los programas
energéticos implementados en los años 2003 y 2005, se requiere información
precisa sobre el denominado Fondo Fiduciario del
Gas Licuado de Petróleo, creado en marzo de 2005. Los aspectos centrales del
requerimiento son los siguientes:
a) Fuentes de financiación
utilizadas para la constitución del mencionado fondo.
b) Objetivos perseguidos en la
implementación de este fondo.
c) Montos efectivamente
erogados utilizados para la financiación de los precios subsidiados de las garrafas
de 10, 15 y 20 kg.
d) Si existieron causas
importantes que hayan demorado la aplicación concreta de los fondos obtenidos
en función de los objetivos buscados en la normativa.
9. Por último, y en relación al
denominado programa "Tarifa Social Eléctrica", cuyo objetivo era subsidiar y/o
abaratar el costo final de las tarifas eléctricas destinadas a los usuarios
residenciales de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad social, se
solicita la siguiente información:
a) Criterios utilizados para la
identificación de los potenciales beneficiarios de tales programas.
b) Grados de efectividad y
eficacia alcanzados en la aplicación del programa, entendiendo por ello la cantidad
de usuarios alcanzados y la calidad prestacional del servicio público de
electricidad.
c) Criterios de evaluación
utilizados posteriormente a la implementación del programa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 2003 y 2005, el Gobierno
nacional lanzó sendos programas de políticas públicas destinados a subsidiar y/o
abaratar el acceso a servicios públicos vitales como luz y gas para los sectores de
más bajos ingresos de la ciudadanía argentina.
Estos programas fueron
reactualizados y/o redimensionados en 2008 sin que, hasta el momento, existan
criterios objetivos fiables de evaluación de la efectividad y eficacia de estas
políticas implementadas.
Por otra parte, el contexto en el que
se intentaron implementar estas políticas desde el comienzo de la gestión del ex
Presidente Néstor Kirchner, sigue siendo determinante a la hora de describir
elocuentemente algunos de los efectos sociales que las acumuladas carencias en
materia energética están provocando en los sectores más vulnerables de la
comunidad nacional.
Algunos de los datos centrales que
describen esta situación y permiten explicar y/o fundamentar la necesidad de
contar con tarifas sociales en los servicios públicos de luz y gas son las
siguientes:
- Hay más de 3.400.000 argentinos
que no tienen acceso a gas natural por redes y, por ende, dependen
completamente del uso de garrafas de gas licuado de petróleo a fin de procurarse
el abastecimiento necesario.
- En lo que respecta a la llamada
Garrafa Social, amén del anuncio del precio de $16 para la garrafa de 10
kilogramos, se han oficializado no más de 624 puntos de venta en todo el país,
reproduciendo, con ello, la misma situación de falta de acceso al suministro de gas
en garrafas que sigue siendo un problema grave y persistente en términos del
funcionamiento integral de toda la cadena de comercialización de este
recurso.
- En lo que respecta al servicio
eléctrico, hay más de 450.000 hogares que no cuentan con este servicio y deben
procurárselo a través de medios alternativos como leña o carbón, agravando así
las ya acuciantes condiciones de vida que profundizan la desigualdad en términos
de la garantía universal del acceso al servicio público de la electricidad.
- Finalmente, más de 8.000.000 de
argentinos no tiene acceso a ninguna red de agua potable, mientras que más de
21.000.000 carecen de cloacas y de medidas básicas de saneamiento, agravando
aún más las condiciones de pobreza y desigualdad en amplias regiones de nuestro
país.
A su vez, existen un conjunto de
datos que pueden complementarse con los anteriores y que refieren a la situación
de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema energético argentino,
lo cual no ha variado sustancialmente en los últimos años.
En efecto, en la presente coyuntura
se sigue profundizando un escenario de escasez en materia de hidrocarburos, con
niveles de reservas y extracción en franca declinación y con la consolidación de
una estructura sectorial de toda la cadena energética caracterizada por la
presencia de pocos jugadores con peso específico importante que determinan- y
profundizan- el esquema de vaciamiento y desinversión crónica que ha convertido
en estructural la vulnerabilidad energética del país.
- Argentina es un país hidrocarburo-
dependiente. El petróleo (41,5 %) y el gas natural (48,8 %) explican en conjunto
el 90,3 % de la oferta de energía primaria. El suministro eléctrico depende en un
55 % de centrales térmicas, abastecidas mayormente con gas natural.
- Las reservas certificadas de petróleo
y gas natural, al nivel de extracción de diciembre de 2006, alcanzan para sólo 8 y
7,8 años, respectivamente. Escasas inversiones de capital de riesgo en exploración
durante el período 1999-2007, en un contexto de rentas extraordinarias sin
precedentes históricos, explican la nula posibilidad de descubrirse reservas de
importancia en el país.
- Alta concentración económica en las
reservas, extracción y exportación de petróleo y gas natural por parte de
conglomerados extranjeros y grupos económicos locales. Los únicos agentes
económicos formadores de precios de combustibles, y tarifas de gas y electricidad,
son las principales compañías petroleras que operan en el país. Elevado precio del
barril de petróleo para el mercado interno (U$S 34,5), considerando los bajos
costos operativos tras la devaluación de la moneda, y en particular el costo del
barril (U$S 6,1). Escaso control y regulación del Estado, además, desde la
privatización de la gran cadena hidrocarburíferas.
- Resultados de la privatización del
sector: 1º escasas inversiones de capital de riesgo en exploración,
sobreexplotación de yacimientos, nulas inversiones en infraestructura de
transporte, petroquímica y refinación; 2º saturación de la capacidad de transporte
de gas natural en 2004 y de suministro eléctrico en 2010, importación neta de
hidrocarburos en 2009, saturación de la capacidad de refinación de petróleo en
2010, agotamiento de reservas de petróleo y gas natural entre 2013 y 2015.
- El sector refinación está trabajando
al 95 % de su capacidad instalada. Por consiguiente, es muy vulnerable el
abastecimiento del mercado interno de combustibles por paradas de plantas, ya
sea programadas o por contingencias no previstas.
- Considerando una tasa de
crecimiento del 5 % anual en el consumo de combustibles del mercado interno, la
proyección al año 2010 señala que se manifestará un déficit, de no incrementarse
la actual capacidad instalada de refinación.
- Se observa que el parque de
refinación presenta un grado importante de envejecimiento tecnológico y no
muestra una tendencia a incrementar la capacidad de elaboración, de acuerdo a
las presentes y futuras necesidades del país.
En este contexto, el Gobierno
nacional ha puesto en marcha algunas medidas que persiguen el objetivo de aliviar
la actual situación de debilidad en materia de oferta energética total pero que, en
lo que respecta al diagnóstico vinculado estrictamente a los hidrocarburos, parece
más bien profundizar el escenario ya delicado de agotamiento de
reservas, generando un conjunto de incentivos a los operadores privados a fin de
que encaren nuevos proyectos de prospección, exploración y extracción de
petróleo y gas de manera tal de poder asegurar, por lo menos, el horizonte del
abastecimiento interno en los próximos años.
Sin embargo, esas inversiones están
lejos de responder al acuciante cuadro de insuficiencia de hidrocarburos y amén
que se lo plantea en un contexto de declinación de reservas, existen otras
incompatibilidades relacionadas, por ejemplo, con la continuidad de la exportación
de crudo, gas y combustibles líquidos- aunque en menores volúmenes por razones
más que obvias-, lo cual torna aún más insostenible el esquema de políticas
públicas energéticas vinculado con las energías tradicionales de origen fósil. Esto,
ciertamente, no agota el conjunto de contradicciones que podrían señalar, pero
sirve, por lo menos, para ubicarnos en algunas de las aristas más preocupantes
que la coyuntura actual presenta.
Por otra parte, pasando a la
descripción concreta de los programas sociales de luz y gas se señalan algunos
aspectos centrales que se vinculan directamente con los interrogantes planteados
en el proyecto de resolución.
- Los programas de tarifas sociales de
luz y gas se han contemplado desde el mismo momento en que el Gobierno y las
empresas prestadoras se disponían a encarar las renegociaciones de los contratos,
situación de la que comenzó a hablarse públicamente desde el año 2005.
- En lo que respecta al servicio
eléctrico, el Ente Regulador de la Electricidad ( ENRE) y el Ministerio de Desarrollo
Social eran los organismos encargados de realizar el relevamiento entre los
usuarios de Edelap, Edesur y Edenor, situación que se ha demorado más de dos
años, lo cual impactó directamente en la imposibilidad de implementación de los
referidos programas.
- Otro aspecto central ha sido el de la
determinación concreta del presupuesto necesario para financiar el subsidio a los
hogares más pobres que se harían acreedoras a tal beneficio. El ENRE llegó a un
cálculo parcial que incluía alrededor de 600.000 usuarios, con un costo por
bimestre de algo más de 10.000.000 de pesos.
- La determinación concreta de la
financiación y el diseño operativo del programa- que eran los pasos necesarios
anteriores a la implementación- no se iniciaron.
- En lo que respecta a los usuarios de
gas, la posible implementación de una tarifa social se topó con los obstáculos
centrales de la falta de acuerdos entre el Gobierno y las distribuidoras en materia
de precios y servicio, agravando aún más la situación de creciente desigualdad en
la que se encuentran millones de argentinos.
- Junto a ello, se han sumado las
serias deficiencias vinculadas al denominado Programa Nacional de Garrafa Social
y al llamado " Acuerdo de Precio del Gas Licuado de Petróleo", que reemplazó al
primero en septiembre de 2008.
- Además, en este período analizado-
más concretamente en marzo de 2005- se creó mediante la Ley Nº 26.020 el
denominado Fondo Fiduciario del Gas Licuado de Petróleo, cuyo objetivo fue el de
financiar el costo de las garrafas y tubos de gas destinados a los hogares más
pobres y, simultáneamente, la extensión de las redes de gasoductos a regiones en
las que hoy no llega el gas natural por redes. Concretamente, recién en septiembre
de 2008 comenzó a implementarse el denominado Fondo para la compra de
garrafas, mientras que no existe decisión alguna sobre los proyectos de extensión
de las redes de gasoductos.
- Finalmente, las fuentes de
financiamiento de este Fondo Fiduciario se conformarían con el dinero proveniente
de multas aplicadas a las empresas, recursos del presupuesto no definidos
concretamente y otro tipo de aportes de las empresas privadas sobre los que
tampoco han existido mayores precisiones.
Como telón de fondo de esta
situación por demás delicada, los aumentos tarifarios dispuestos a partir de agosto
y noviembre de 2008 en los servicios de luz y gas- que han sido motivo de fuerte
repercusión pública a partir de la infinidad de arbitrariedades cometidas por los
órganos de aplicación- han agravado el cuadro descrito, profundizando las
problemáticas sociales en los hogares más pobres que son electrodependientes por
carecer, justamente, de acceso a gas natural por redes y a un sistema adecuado
de saneamiento y tratamiento de aguas.
En síntesis, en este horizonte
sumariamente descrito, se torna imprescindible reorientar las políticas públicas
energéticas en la perspectiva de una planificación responsable de mediano y
largo plazo, que permita dar cuenta de las amplísimas distorsiones que el
conjunto del sector energético acumula no sólo en materia de oferta e inversiones,
sino también en aspectos centrales como las políticas de subsidios de los precios
finales de la electricidad y el gas para los hogares de bajos recursos.
En efecto, medidas como la que es
objeto de interés en el presente proyecto de resolución señalan, por un lado, la
fragilidad del diagnóstico aludido en materia energética y, por el otro lado,
profundizan las preocupaciones sólidamente instaladas sobre la falta de
transparencia en la operatoria integral del sector energético por parte del gobierno
nacional.
Por todo ello, señor presidente, es
que solicitamos la aprobación de los señores legisladores al presente proyecto de
resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MACALUSE, EDUARDO GABRIEL | BUENOS AIRES | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
| BISUTTI, DELIA BEATRIZ | CIUDAD de BUENOS AIRES | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
| CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| LOZANO, CLAUDIO RAUL | CIUDAD de BUENOS AIRES | BUENOS AIRES PARA TODOS EN PROYECTO SUR |
| BENAS, VERONICA CLAUDIA | SANTA FE | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |