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Expediente 2674-D-2014
Sumario: IMPUESTOS - LEY 23966, TO DECRETO 281/97 -. MODIFICACION, SOBRE EXENCIONES.
Fecha: 21/04/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 29
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1.- Modifíquese el artículo
21 de la ley 23.966, texto ordenado por Anexo I del Decreto Nº 281/97 B.O.
15/4/1997, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 21 - Estarán
exentos del impuesto:
a) Los bienes pertenecientes a los
miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como su
personal administrativo y técnico y familiares, en la medida y con las limitaciones que
establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención
será procedente, en la misma medida y limitaciones, sólo a condición de
reciprocidad;
b) Las cuentas de capitalización
comprendidas en el régimen de capitalización previsto en el título III de la ley 24.241
y las cuentas individuales correspondientes a los planes de seguro de retiro privados
administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Bancos y Seguros de la Secretaría de
Política Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
c) Las cuotas sociales de las
cooperativas;
d) Los bienes inmateriales (llaves,
marcas, patentes, derechos de concesión y otros bienes similares).
e) Los bienes amparados por las
franquicias de la Ley 19.640.
f) Los inmuebles rurales a que se refiere
el inciso e) del artículo 2º de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima
Presunta;
g) Los títulos, bonos y demás títulos
valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los certificados de depósitos reprogramados (CEDROS
).
h) Los depósitos en moneda argentina y
extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la Ley Nº
21.526, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otras
formas de captación de fondos de acuerdo con lo que determine el BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
i) Los bienes gravados -excepto los
comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de
esta ley- pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 de la
presente, cuando su valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de
esta ley, sea igual o inferior a pesos ochocientos treinta y siete mil ochocientos
treinta y cinco ($ 837.835).
Cuando el valor de dichos bienes supere
la mencionada suma, quedará sujeta al gravamen la totalidad de los bienes
gravados del sujeto pasivo del tributo.
Artículo 2.- Modifíquese el artículo
25 de la ley 23.966, texto ordenado por Anexo I del Decreto Nº 281/97 B.O.
15/4/1997, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 25 - El gravamen a
ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, surgirá de la
aplicación, sobre el valor total de los bienes gravados por el impuesto, excluidas las
acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades regidas por
la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 y sus modificaciones), con excepción de las empresas y
explotaciones unipersonales, de la alícuota que para cada caso se fija a
continuación:
Los sujetos de este impuesto podrán
computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por
gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio
o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento
de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con
carácter permanente en el exterior.
Artículo...: El gravamen correspondiente
a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares
sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el
exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal,
domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por
esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta centésimos por ciento (0,50%) sobre
el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22 de
la presente norma. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y
definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo
anterior, se presume sin admitir prueba en contrario, que las acciones y/o
participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean
sociedades, cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresas,
establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones, domiciliados,
radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta a personas
físicas domiciliadas en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso
del gravamen, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, tendrán derecho a
reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los
bienes que dieron origen al pago.
Tratándose de fideicomisos no
mencionados en el inciso i) del artículo 22 de esta ley excepto cuando, el fiduciante
sea el Estado nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o aquéllos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que
constituyan un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional, el gravamen será
liquidado e ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios, aplicando la
alícuota indicada en el primer párrafo sobre el valor de los bienes que integren el
fideicomiso al 31 de diciembre de cada año, determinado de acuerdo con lo
establecido en el inciso k) del artículo 22 de la presente ley. El impuesto así
ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo. En caso que el Estado
nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartan la
calidad de fiduciante con otros sujetos, el gravamen se determinará sobre la
participación de estos últimos, excepto en los fideicomisos que desarrollen las obras
de infraestructura a que se refiere el presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo
anterior, se presume sin admitir prueba en contrario, que los bienes que integran el
fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos pasivos del
gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas referidas a las excepciones previstas
en el cuarto párrafo del presente artículo."
Artículo 3.- Modifíquese el artículo
27 de la ley 23.966, texto ordenado por Anexo I del Decreto Nº 281/97 B.O.
15/4/1997, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 27- Los montos a los que se
refieren los artículos 21 y 25 de la presente ley, serán actualizados anualmente, en
forma automática, conforme a la variación registrada en el año inmediato anterior por
el índice de salarios de los trabajadores registrados del sector privado elaborado por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos."
Artículo 4.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Impuesto a los Bienes Personales fue
creado en el año 1991, con carácter transitorio y en el marco de una crisis
económica.
Estaba destinado a gravar el
patrimonio de las personas que ostentaran una determinada riqueza, buscando
alcanzar a aquéllas de los sectores más altos en términos de tenencia
patrimonial.
Sin embargo, al igual que sucede con
prácticamente todos los impuestos creados en contextos de crisis, éste también se
mantuvo vigente pasada la emergencia económica.
De acuerdo a la norma que lo regula,
hoy debe pagarlo toda persona que tenga inmuebles, rodados o saldos en cuenta
corriente y efectivo -en pesos o moneda extranjera- por un valor mayor o igual a los
305.000 pesos.
Vale la pena aclarar que el monto de
$305.000 no es un mínimo no imponible, porque quien tiene bienes por encima de
ese valor paga el impuesto sobre la totalidad del importe declarado, no sobre el
excedente tal como ocurre con el Impuesto a las Ganancias.
Producto de la inflación, la
devaluación y la no actualización de los montos que definen las categorías vigentes,
pasó de ser un impuesto a la riqueza para convertirse en un tributo que llega a
alcanzar a los sectores medios y populares. Cada año, más personas y de menores
recursos se ven obligadas a pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales.
De hecho, el mínimo exento de $ 305.000
se estableció en diciembre de 2007 y se ha mantenido inamovible desde
entonces.
Más allá de no
cumplirse, el artículo 27 de la ley 23.966 (texto ordenado por Anexo I del Decreto Nº
281/97 B.O. 15/4/1997) dispone que las alícuotas deberán ser actualizadas por la
Dirección General Impositiva (DGI) "sobre la base de los datos relativos a la
variación de índices de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS".
Así, pese a que la inflación acumulada
desde 2007 supera el 179%, el valor que define qué personas deben abonar el
gravamen permanece estático desde aquél año.
A este atraso, se suma el hecho de
que los precios de las propiedades fueron evolucionando en pesos al ritmo de la
cotización del dólar no oficial y, justamente, la valuación de esos bienes son
esenciales a los fines de la liquidación del Impuesto a los Bienes Personales. De
esta forma, las viviendas resultan cada vez más caras expresadas en pesos y, por
ende, es más fácil alcanzar el piso mencionado.
Fuentes del mercado inmobiliario
sostienen con certeza que mientras en 2007 quedaba alcanzado por el tributo quien
adquiría un inmueble de casi 110 m2 en un barrio como Once; en 2013 esa cantidad
se redujo a tan sólo 21 m2.
Incluso, hasta la sola adquisición de
una cochera puede ser motivo suficiente para superar los 305.000 pesos, ya que
el precio de las mismas varía entre los 20.000 y los 40.000 dólares, dependiendo del
barrio.
Por ello, frente a este escenario y en
un contexto de creciente y sostenido aumento de precios, es ineludible reajustar el
mínimo exento y todos los montos que definen las categorías del impuesto de
acuerdo a inflación real registrada desde el año 2007 a la actualidad.
Así lo planteamos en los primeros
artículos de la iniciativa, al aumentar el mínimo y los montos que definen las
categorías en un 179.91%. Este no es un porcentaje antojadizo ni arbitrario, sino que
se trata de la inflación acumulada desde el año 2007, calculada por consultoras
privadas; en tanto que las mediciones del INDEC carecen de toda credibilidad.
De esta forma, el piso para tributar
Bienes Personales pasa de los $305.000 vigentes a $853.725.
Con miras a no producir un
desfinanciamiento de las arcas fiscales y en lo que constituye una medida de justicia
tributaria, planteamos la creación de una quinta categoría, con una alícuota
sensiblemente mayor a las otras cuatro, que alcanza a los patrimonios superiores a
los 250 millones de pesos. Es decir, un verdadero impuesto a la riqueza
extrema.
Fijamos la alícuota de esta 5ta
categoría en el 10%, que se ubica entre el porcentaje más alto vigente en la
actualidad (1.25% para la 4ta categoría) y el 33% que la Corte Suprema de Justicia
ha determinado que es el límite para que un impuesto no sea considerado
confiscatorio.
Porque más allá de la necesaria
actualización producto de la inflación, estamos convencidos que las normas referidas
al patrimonio deben sufrir un cambio que implique una visión progresista de la
tributación, emanada de la tenencia de bienes.
Precisamente, la creación de un
impuesto a la riqueza extrema tal como lo planteamos en nuestra iniciativa, permitiría
hacer más justo el sistema fiscal, aumentar los ingresos del Estado, estimular el
crecimiento económico y tendría efectos sociales positivos al reducir la gran brecha
de desigualdad vigente en nuestro país.
Uno de los pilares que rige un sistema
tributario equitativo, es el supuesto de que los impuestos que paga un ciudadano
deben tener relación con su capacidad contributiva; y en este sentido, el valor de un
patrimonio refleja como pocos indicadores el estatus socioeconómico de una
determinada persona.
Asimismo, un incremento de la
recaudación de este tributo, permitiría hacer que el peso específico de otros más
injustos como el IVA -que es siempre el mismo independientemente de que
represente menos esfuerzo para un comprador que tiene mayores ingresos- tengan
menor incidencia en la totalidad de los ingresos fiscales de nuestro país, haciendo el
sistema más justo y equitativo.
Los especialistas en la materia
señalan que el patrimonio neto de una persona también muestra de manera
ostensible el beneficio que ha recibido en términos de una infraestructura económica
desarrollada por las instituciones estatales, que son sustentadas por todos los
contribuyentes.
Por otro lado, modificamos también el
sistema de actualización de los montos que definen cada alícuota, con el objeto de
que el mismo sea efectivo y no quede en letra muerta como ocurre en la
actualidad.
A fin de evitar que se produzcan
nuevos desfasajes, entendemos fundamental establecer un mecanismo de reajuste
automático, eliminando la discrecionalidad que exhibe el Gobierno Nacional
conforme la actual redacción del artículo 27 de la ley 23.966 (texto ordenado por
Anexo I del Decreto Nº 281/97 B.O. 15/4/1997) que deja en manos de la AFIP las
actualizaciones.
Como consecuencia de la
manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, nos
es imposible formular un ajuste de acuerdo a este parámetro.
El reciente cambio de metodología
adoptado por dicho organismo oficial para la medición del IPC sigue sin dar
garantías respecto de su precisión, en tanto que las tres primeras cifras publicadas -
si bien arrojaron porcentajes más cercanos de la realidad que las difundidas con la
anterior metodología- tampoco parecen reflejar cabalmente el aumento de precios, al
tiempo que se continúan ocultando los precios de referencia utilizados para la
elaboración del índice.
Por eso, tal como lo planteamos en
nuestro proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Impuesto a las
Ganancias, disponemos que el ajuste se haga teniendo en cuenta el Índice de
Salarios del INDEC, que -a la hora de reflejar la inflación real- es el más
representativo de los publicados por aquél organismo.
En fin, se trata de una iniciativa que
busca adecuar el Impuesto a los Bienes Personales a una realidad que el oficialismo
pretende desconocer falseando las estadísticas oficiales, dejando a miles de
personas de los sectores medios y populares obligadas a pagar un tributo que
debiera estar enfocado en gravar firmemente las grandes riquezas de nuestro
país.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |