La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en la República Bolivariana de Venezuela denunciadas por el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, el día 22 de Mayo del corriente año, respecto de las recientes declaraciones realizadas por altas autoridades del gobierno del Presidente Hugo Chávez, República Bolivariana de Venezuela en contra de diversos medios de comunicación privados en ese país. Constituyendo las mismas una seria amenaza contra la libertades de prensa y de expresión.-

Señor presidente:

El día 22 de Mayo de 2009, a través de un comunicado conjunto N º R34/09, los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA manifestaron su preocupación por señalamientos de altas autoridades del gobierno de Venezuela contra canales privados de televisión.

De acuerdo con la información publicada en diferentes medios, el día 4 de mayo del corriente año, Globovisión habría transmitido (antes de ser emitido el reporte oficial correspondiente) una noticia sobre un sismo que afectó algunas zonas de Venezuela. En dicha trasmisión, el director del canal criticó el hecho de que no se hubiese dado oportunamente información oficial. Durante el transcurso del día la mencionada información se repitió en varias oportunidades durante toda su programación.

Luego de haber sido publicada dicha noticia, las más altas autoridades de Venezuela habrían acusado públicamente a los medios privados, especialmente a Globovisión, de acudir al "terrorismo" y al "discurso de odio" con "fines desestabilizadores". Y exhortaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a imponer las más drásticas sanciones al mencionado canal.

El día 7 del mismo mes, Conatel, (entidad del Poder Ejecutivo nacional), habría iniciado a la sociedad mercantil Corpomedios GV Inversiones, C.A. (Globovisión) un procedimiento administrativo sancionatorio por la transmisión anteriormente mencionada, considerando que dicha información podría "generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población, produciendo en los individuos un sentimiento de que están en peligro y desprotegidos". Esta investigación se suma a otras dos anteriores que habrían sido abiertas contra Globovisión. Según información suministrada por el Estado, estas investigaciones ya estarían en etapa de decisión, lo cual podría conducir a la revocatoria de la licencia del canal por aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.-

Por otro lado, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, manifestó su profunda preocupación por el allanamiento efectuado el día 22 de mayo, a la casa en Caracas, Venezuela en donde funcionan las oficinas particulares del Señor Guillermo Zuluoaga, Presidente de Globovisión. Según se tiene conocimiento, las autoridades habrían entrado a la casa con una orden judicial de allanamiento, con la participación de los altos funcionarios de cuerpos militares (Guardia Nacional), de policía (CICPJ), organismo tributario (Seniat) y de consumidores (Indepabis). Independientemente de la legalidad del allanamiento, llama la atención que este acto ocurre en un contexto de actos de intimidación contra Globovisión.

Asimismo, preocupa a la relatoría de la ONU, las nuevas amenazas proferidas por el grupo autodenominado Colectivo "La Piedrita" contra Globovisión, sus periodistas, directivos y demás personal. En este sentido, se recuerda la obligación de los Estados de investigar y sancionar todo hecho que atente contra los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión. Así como el deber de garantizar la seguridad de todas las personas, en particular de quienes ejercen el periodismo, aspecto fundamental para el desarrollo de una sociedad pluralista y democrática.

El Relator Especial hace un llamado urgente a las autoridades nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, para que actúen respeto al derecho a la libertad de opinión y expresión, y se respeten los derechos humanos del Señor Zuloaga, sus familiares, y del personal que labora en Globovisión, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como otros instrumentos internacionales en la materia adoptados por Venezuela.

En oportunidades anteriores, el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) habrían recordado a las autoridades su obligación de respetar la libertad de expresión en los medios de comunicación y en las emisiones de radio y televisión y, en particular, la independencia editorial de los medios de comunicación. En este sentido, se ha señalado que, en una democracia, la crítica, la oposición y la contradicción, deben ser toleradas como condición del principio de pluralismo, protegido por el derecho a la libertad de expresión. La labor de las autoridades es la de crear un clima en el cual todas las personas puedan exponer sus ideas u opiniones sin miedo a ser perseguidos, sancionados o estigmatizados.

En dicha oportunidad, ambas organizaciones, habrían manifestado su preocupación frente a la existencia de declaraciones efectuadas por altas autoridades del gobierno chavista, expresando que generan un ambiente de intimidación en el cual se ve gravemente limitado el derecho de la libertad de expresión. Al respecto, recordaron que las autoridades tienen derecho a responder las críticas que considerasen injustas y/o engañosas.; pero no debe olvidarse que los funcionarios tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, aún cuando estar fuesen contradictorias a sus intereses. Todo ello, en pos, de promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones.

Constituye precedente jurisprudencial, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuales emitió sentencia definitiva e inapelable en los juicios que conoció contra el Estado venezolano por los ataques y agresiones a los periodistas, trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión. Al respecto, resulta necesario, resaltar dos párrafos de la una de las mencionadas sentencias (Luisian Rios y otros (RCTV) que establecen: "148. ... El contenido de algunos discursos, por la alta investidura de quienes los pronunciaron y su reiteración, implica una omisión de las autoridades estatales en su deber de prevenir los hechos, pues pudo ser interpretado por individuos y grupos de particulares de forma tal que derivaran en actos de violencia contra las presuntas víctimas, así como en obstaculizaciones a su labor periodística". "149. La Corte considera que, en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las presuntas víctimas para realizar su labor periodística, conocida por las autoridades estatales, algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información de esas personas, al haber podido resultar intimidatorios para quienes se hallaban vinculados con ese medio de comunicación y constituir faltas al deber de prevenir situaciones violatorias o de riesgo para los derechos de las personas".

Por último, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA hacen un llamado al Estado de Venezuela a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión consagrado en diversos instrumentos internacionales adoptados por el Estado y a proteger de manera adecuada las garantías internacionales en los procesos perpetrados contra los medios de comunicación privados y, en este caso, contra Globovisión. En tal sentido, es deber de los Estados garantizar que los procesos administrativos y/o las facultades regulatorias no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio.

En medio de estas ofensivas llevadas adelante por el gobierno de Hugo Chávez contra los medios de comunicación, en particular contra el mencionado canal. El periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, habría permanecido demorado durante aproximadamente tres horas en el Aeropuerto Internacional cercano a Caracas, y las autoridades de migración se negaban a devolverle su pasaporte. El motivo del viaje fue participar de un foro sobre libertad económica y democracia, donde también participarían otros intelectuales, como el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza y el mexicano Enrique Krauze, entre otros. Momentos después Vargas Llosa, expresó a Globovisión que, "me pusieron en libertad y me dijeron que no tengo derecho a hacer declaraciones políticas, que soy aquí un visitante extranjero y que por lo tanto no tengo derecho a opinar".

El clima de censura se extiende por la región. Considerando además, las graves declaraciones del Presidente de Ecuador, Rafael Correa y el Presidente Chávez, cuando manifestaron que presentarían ante UNASUR un proyecto para controlar los medios de comunicación, a los que calificaron de "representantes de la oligarquía". Correa, habría declarado, "La prensa puede ser derrotada con leyes más fuertes que sancionen tanta distorsión, tanta desinformación, tanta mala fe, tanta corrupción", Dichas declaraciones fueron respaldadas por Chávez, quien a su turno afirmó: "Cuenta Ecuador con todo el apoyo de Venezuela en su lucha interna contra este fenómeno que ya raya la locura del fascismo, pero crudo, abierto, descarado, cínico".

Por otra parte, en su visita a Brasil y según publicara el Diario "La Nación", el día 26/05/2009, "El presidente venezolano criticó a la prensa argentina en una conferencia de prensa posterior a su reunión con su par Lula da Silva. Al respecto manifestó, "Yo quiero saludar a la compañera presidenta argentina recordando que ella está siendo bombardeada con críticas que intentan perjudicarla y perjudicar también nuestra relación. Le mando saludos ahora que hay algunos medios de comunicación tratando de hacerle daño, tratando de dañar las relaciones con Venezuela", expresó Chávez. El presidente venezolano acusó a los medios de "aprovechar cualquier cosa para satanizar a Venezuela: "Nosotros hemos nacionalizado algunas empresas en Venezuela, sectores estratégicos, entonces acusan a Cristina de que no defiende los intereses de Argentina´´. Por el contrario, Chávez aseguró los empresarios del sector siderúrgico "deberían agradecer que Cristina esté en la presidencia porque gracias a su mediación fue que se consiguió los acuerdos de compra de las empresas".

Por lo tanto consideramos que merecen la atención de la OEA, la ONU y demás organismos cómo Freedom House e International Dialogue, también constituyen para nosotros una amenaza directa, así como un claro intento de intervencionismo y/o amordazamiento de las libertades en toda la región.

Por ello, solicitamos a los Sres. Diputados aprueben el presente proyecto.