La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1.- Requerir a la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo el expedito cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 24284.

Artículo 2.- A tal fin deberá proveerse la designación del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, el cual se halla vacante desde la finalización del mandato del último Defensor del Pueblo, en 2009; como así también de los Defensores Adjuntos.

Señor presidente:

El cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, creado en 1993 bajo la órbita del Poder Legislativo y consagrado en la Constitución un año después, se encuentra vacante desde 2009. El Defensor Adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de este organismo pero la finalización de su mandato en diciembre del 2013 dejó acéfalo a este órgano independiente; cuya misión, según define el artículo 86 de la Carta Magna, es "la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados" por la norma fundamental.

Sin una conducción, el organismo sólo puede continuar las causas iniciadas -no sin dificultades-, pero se encuentra impedido de presentarse como parte en nuevos casos. Así se evita un rol de control constitucional para las acciones de la administración pública y las empresas privadas proveedoras de servicios públicos.

La designación, requiere el voto calificado (dos tercios) de los presentes en ambas cámaras y debe ser propuesto por una comisión bicameral, integrada por seis miembros por recinto, que no ha sido plenamente constituida desde el recambio legislativo.

Ante la consulta del diario La Nación, distintos empleados de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que pidieron mantener su nombre en reserva, indicaron que la situación genera preocupación en muchos de ellos. "Es una institución unipersonal y hay funciones que sólo las puede ejercer el Defensor, se continúa el mandato sobre las causas en curso, pero no se pueden impulsar nuevos temas", explicó uno de ellos, y agregó: "El peligro es que esta situación se normalice tras cinco años sin defensor y se desvirtúe el rol de una institución con rango constitucional".

La acefalía implica una práctica parálisis en casos graves de vulneración de derechos humanos, como el que motivó una cautelar de la corte por la situación de los indígenas en el Chaco o el caso que motivó una sentencia de la Corte Suprema que obliga al estado a proceder al saneamiento de la cuenca del Matanza Riachuelo.

A raíz de esta última causa la Corte creó un cuerpo colegiado, que preside el Defensor e integran, entre otras ONG, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace. Las organizaciones enviaron una nota al máximo tribunal donde señalaron la "crítica situación por la que atraviesa el cuerpo colegiado, debido a la vacante generada en la Defensoría del Pueblo de la Nación".

"La Defensoría está sin normalizar hace cinco años, porque no se designó un sucesor tras el fin de mi mandato", explicó Eduardo Mondino, que ocupó el cargo de Defensor hasta 2009. "Si bien la ley prevé que el adjunto se haga cargo, debe ser de forma transitoria", opinó. Sobre el retraso de un lustro en la designación, indicó que "es una deuda que tiene el parlamento" y agregó que "la designación requiere de un alto consenso y la única manera de hacerlo es sin injerencia del ejecutivo que, a diferencia de otros organismos de control, en este caso no debe proponer ni influir sobre la designación".

La parálisis actual motivó también una reunión en la Cámara de Diputados impulsada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano.

Por su parte, Daniel Bugallo Olano, jefe del área de Legales de la Defensoría del Pueblo, explicó durante la audiencia que actualmente el personal de la Defensoría está abocado a dar el "mayor cumplimiento posible a la misión de la entidad y dar respuesta a los reclamos nuevos y preexistentes que les llegan".

Es por todo lo expuesto anteriormente, que el Congreso de la Nación debe cumplimentar a la mayor brevedad la provisión del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, pidiendo por consiguiente el apoyo de la Cámara para este proyecto.