La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para solicitar que informe, a través del organismo que corresponda, sobre los puntos que se indican seguidamente relacionados al Programa Familias por la Inclusión Social:

1) ¿Se encuentra abierto el listado de beneficiarios?

2) ¿Cuáles son los criterios establecidos para incorporarse como beneficiario?

3) ¿Existe algún cupo? En su caso ¿Cuáles son los criterios de selección entre los distintos postulantes?

4) ¿Por qué el Programa Familias no ha llegado a la totalidad de las provincias y municipios del país? Explique los criterios para la selección de las provincias y municipios, según período en que el programa fue implementado.

5) ¿Qué cantidad y tipos de reclamo se presentaron desde el inicio del plan hasta la actualidad (acápite VI.2 del Reglamento Operativo del Componente de Ingreso para el Desarrollo Humano, versión del 29/01/03) y cuáles fueron las respuestas brindadas a dichos reclamos?

6) ¿Cuál fue la evolución, desde el año 2003 hasta la fecha, del poder adquisitivo de la prestación contenida en el Componente de Ingreso para el Desarrollo Humano del Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?

7) ¿Qué acciones adoptó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para promover el mantenimiento de dicho poder adquisitivo, en los términos del artículo 5.37 del Reglamento Operativo del Programa de Atención a Grupos Vulnerables?

Señor presidente:

El Programa Familias se incluye entre una serie de políticas sociales de transferencia directa de recursos que están siendo aplicadas en diferentes países latinoamericanos con el fin de paliar situaciones de vulnerabilidad económica de sectores de la población.

En su actual formato, el Programa Familias, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, fue lanzado por el gobierno nacional en octubre de 2004, para dar lugar a la captación de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que optaran por cambiar de plan asistencial a partir de haber sido evaluadas como inempleables.

Uno de los objetivos del Programa Familias es "promover la protección e integración social de las familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social, desde la salud, la educación, y el desarrollo de capacidades, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos" (resolución MDS Nº 825/05, art. 1º).

Ahora bien, dada la importancia del programa y lo necesario que resulta para la subsistencia de personas en situaciones de extrema pobreza, es que manifestamos nuestra preocupación respecto de algunas cuestiones relacionadas con su implementación.

La publicación del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denominada "Programa Familias por la Inclusión Social, Entre el discurso de derechos y la práctica asistencial", que presenta un análisis del diseño, implementación y mecanismos de acceso y reclamo del Programa Familias por la Inclusión Social a la luz de los estándares de derechos sociales definidos por los órganos de aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos, recepta nuestras principales inquietudes, a saber: la falta de criterios objetivos de selección de los beneficiarios, la falta de vías de reclamo debidamente instrumentadas desde el Programa, y la pérdida del poder adquisitivo de la prestación para los beneficiarios.

Las preguntas 1 a 4 del presente pedido de informes al Ejecutivo aluden a desentrañar la primera de las cuestiones enunciadas, pretendiendo conocer los criterios de selección entre los distintos postulantes, y revisar las pautas de distribución de planes por zona y por región, tratando de comprender por qué se incorporaron tardíamente o directamente no se incorporaron beneficiarios en algunas jurisdicciones del país con altos niveles de pobreza. Según el informe del CELS, hasta mayo de 2005, la aplicación del Programa Familias se hallaba circunscripta a 17 provincias del país y a 74 municipios dentro de las mismas, sin extenderse siquiera a la totalidad de la población de las provincias seleccionadas. Al tratarse de un programa de aplicación nacional, no existían razones que permitieran al Estado evadir su responsabilidad frente al principio de universalidad. Tampoco tenía cómo justificarse la exclusión de personas por el solo hecho de vivir en alguna de las provincias o municipios no seleccionados, a pesar de que reuniera todos los otros requisitos establecidos en la reglamentación. Actualmente, en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social, pueden visualizarse las jurisdicciones a las que ha llegado el programa, que son 22, con lo cual aún no se ha comprendido a la totalidad de las provincias, y menos aún a la totalidad de municipios, y no quedan claros los criterios de selección geográfica.

En cuanto a la pregunta 5 del proyecto, alude a la cuestión relativa a los reclamos respecto del Programa, y es de gran interés aquí conocer la cantidad, tipo y grado de respuesta a los mismos, ya que en la normativa del Programa Familias no se encuentran previstos mecanismos administrativos de reclamo para los destinatarios. Tal como expresan a los investigadores del CELS en su informe "esta ausencia explícita señala, al menos como indicio, que las instancias estatales siguen considerando las presentaciones provenientes de los programas sociales como meras concesiones graciosas del poder público, ajenas por completo a la perspectiva de derechos".

Por último, un punto sumamente importante que nos interesa conocer es el poder adquisitivo de la prestación, el cual hace a la calidad de vida de los beneficiarios. Es necesario que los montos que asigna el Programa guarden relación con la suba de precios / costo de vida. Las preguntas 6 y 7 del pedido de informes aluden a ello.

Por las razones expuestas, es que propiciamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.