La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación ante las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Catamarca, Dr. José Ricardo Cáceres realizadas en la localidad de Tinogasta de dicha provincia, sobre las posibles vías de resolución en ese distrito del conflicto por la actividad minera.

Señor presidente:

El 10 de febrero de 2012 un desmedido dispositivo policial reprimió la protesta que un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Tinogasta realizaba en la ruta de ingreso a esa ciudad, donde realizaban un corte selectivo a camiones que transportan insumos para la actividad minera. El grupo especial Kuntur de la Policía provincial desalojó con gases lacrimógenos y balas de goma a quienes se apostaban en la ruta, mayoritariamente mujeres, también había niños. Hubo 35 detenidos y una decena de vecinos hospitalizados.

Desde el Gobierno de la Provincia responsabilizaron a los manifestantes por el corte de ruta, y del peligro que hubiera más de 40 camiones con explosivos y sustancias tóxicas detenidas al costado de la ruta, sin mediar autocrítica alguna respecto a la violenta represión desplegada.

A pesar del desalojo de febrero, la protesta y el corte selectivo continúan a la fecha al lado de la ruta. La medida afecta sólo a este tipo de vehículos, que deben desviar su paso por otros caminos.

Desde hace años vecinos de esa ciudad ven pasar camiones cargados de estas sustancias peligrosas por las calles donde circulan cotidianamente, como es el caso del Barrio La Paz, uno de los más humildes de la localidad. A escasos 10 metros de las puertas de su casa, camiones de gran porte pasan como si nada, a pesar de los reclamos realizados por los peligros que significan.

Tinogasta es una de las tantas localidades de nuestro país que desde hace varios años se viene expresando sus críticas hacia los distintos proyectos mineros que han querido establecerse en el Departamento. Desde siempre ese pueblo tuvo voluntad de diálogo y bregó por hacer escuchar su voz. En el año 2007 promovieron una consulta popular, de carácter institucional, en torno a si estaban de acuerdo o no con los emprendimientos mineros en marcha, a pesar de la insistencia para llevarlo adelante y de que ya tenía fecha acordada, la Justicia Provincial la suspendió 48 hs antes de la fecha de su realización. La gente la hizo igual sin respaldo intitucional, sobre 9.000 votos, el 80% se expresó por la negativa.

El día miércoles 18 de abril de 2012 a dos meses de la represión y ante la continuidad de las protestas se hicieron presentes en el Juzgado de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, miembros del máximo Tribunal de Justicia de la Provincia, encabezados por el presidente de la Corte Dr. José Ricardo Cáceres y el Procurador General, Dr. Enrique Ernesto Liljedhal. Entre otras actividades, se entrevistaron con el intendente de la ciudad, Hugo Ávila y de Fiambalá, Amado Quintar. Según relataron a la prensa, los magistrados recibieron las quejas de los intendentes quienes aducen que la medida afecta la economía de las localidades. Llama la atención que días antes del encuentro, los medios de prensa locales hicieran énfasis en el éxito turístico de la zona en Semana Santa, con reservas hoteleras agotadas.

El Titular del Tribunal de Justicia relató la entrevista con Avila y Quintar: "Se habló fundamentalmente sobre del rol de la Justicia, de lo que puede hacer ella y lo que debe hacer la administración, los municipios en esclarecer esto desde el punto de vista político y nosotros desde el punto de vista jurídico. Ya teníamos acordado sacar un Protocolo de Actuación no solo en el caso puntual de Tinogasta, sino para toda la Provincia, sobre todo donde hay estos choques de derechos, para que quede claro los derechos que tienen los que protestan y pero que también hay otras personas que tienen derecho a ejercer una industria lícita, a transitar etc.etc, por lo que hay que tratar de mejorar una convivencia entre esos grupos, ahora en última instancia para lograr el ejercicio del derecho a transitar o ejercer la industria lícita hay que ordenar el despeje de la ruta, no va haber ningún problema, pero con la prudencia del caso y con la debida información necesaria que se pueda tener".

Refiriéndose al bloqueo selectivo sobre la ruta Nacional Nº 60, dijo: "No se puede dar un día concreto, pero si se debe solucionar en lo inmediato, la oportunidad va a quedar en manos de la autoridad administrativa, es decir la Fiscal va a dar la orden y el Juez va a decir Sres. Utilicen la fuerza, protejan a los menores, a la gente, pero la oportunidad del día, la hora y los medios a utilizarse en el caso que si se utilizarán perros, camiones hidrantes, gases, gomas, todo para lograr el objetivo, hasta la persuasión con la presencia de los propios funcionarios, las van a dar ellos, no pretendemos que se repita nada de lo que paso, se les explicará que esto es intolerable, la gente está sufriendo, los comerciantes están perdiendo dinero, es decir buscar por esa vía la solución, pero si no la hay, deberá utilizarse la fuerza como siempre lo hace la justicia en casos necesarios, la fuerza es parte del derecho para hacerlo cumplir, la cuestión es simple y no debe exagerarse". (1)

Preocupa en gran medida las declaraciones del Magistrado y la permanente exigencia por parte del gobierno local para "resolver" este conflicto de la mano de la represión la fuerza pública. Sólo a través del diálogo y el ejercicio de la democracia, tantas veces exigida por los mismos ciudadanos y ciudadanas que hoy realizan las protesta, será posible una solución.

Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.