La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Día de la Agricultura Nacional a celebrarse el 2 de julio de 2008

Señor presidente:

El presente proyecto de Resolución se fundamenta en que en esta fecha, se celebra el día de una de las actividades que son pilares insustituibles de nuestra economía e incluso de nuestra cultura, de allí que a continuación se hace una referencia al actual modelo agrícola el cual lamentablemente se sustenta en el uso intensivo de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, el incremento de la escala de las unidades productivas y la siembra de nuevos territorios con cultivos transgénicos. Las grandes empresas transnacionales ponen la mira fundamentalmente en dos mercados de la región: el de Brasil, con más de 14 millones de hectáreas sólo en sus principales estados sojeros, y el de México, centro de origen del maíz. La conquista de estos mercados favorecería el aumento de la producción y el consumo de agroquímicos, especialmente de herbicidas, y estimularía por otra parte la competencia, con lo cual podría acentuarse la tendencia a la baja de los precios en el mercado mundial. El modelo dominante está asociado, en lo esencial, a los siguientes rasgos: intensificación del uso de tecnología en alto grado dependiente de insumos importados; concentración de la renta; apropiación privada de los recursos genéticos; privatización de los beneficios de la ciencia y la tecnología, y degradación creciente de los recursos naturales.

Aparentemente, el enfoque determinista que acompaña el desarrollo basado en la ingeniería genética coincide con el planteamiento productivista, que apunta únicamente a la reducción de los costos por medio del aumento de la productividad, sin prestar atención al valor agregado, postura que ha llevado a la concentración de la tierra y a una escasa generación de nuevos puestos de trabajo.

La biotecnología agrícola se asemeja, en muchos aspectos, a la revolución verde. El fracaso de esta última como estrategia para un desarrollo agrícola

sostenible y generalizado, hace pensar que tampoco la biotecnología podrá ofrecer soluciones satisfactorias para el desarrollo rural, a causa sobre todo de las restricciones que le impone la ecología (Sevilla Guzmán y otros, 2000). Por otra parte, cabe hacer notar que en ningún país de América Latina y el Caribe las investigaciones en biología molecular se han desarrollado hasta un punto en que sus eventuales productos pudieran hacerse acreedores a una patente comercial; los países de la región son, en este sentido, meros compradores y difusores de productos transgénicos, y deben destinar parte de su renta al pago de patentes y a la compra de insumos importados. Los organismos estatales como el INTA y el CONICET, así como ciertas universidades, responsables de algunos de los desarrollos valiosos que se han logrado en Argentina para la solución de problemas locales, se hallan hoy casi sin presupuesto y en condiciones en extremo precarias. Es muy posible que en breve sus investigaciones hayan pasado a poder de la empresa privada, que ya ha mostrado interés en tal sentido, como ha ocurrido con los trabajos sobre maíz, girasol y tomate. Por otra parte, los institutos públicos están perdiendo a sus principales investigadores, cuyos estudios encuentran buena acogida en las compañías internacionales, como sucedió, por ejemplo, con el programa sobre algodón que llevaba adelante el INTA en la zona chaqueña.

Frente a lo anterior, cabe pensar que un sistema de producción alternativo, en que se hiciera uso intensivo de tecnologías de proceso más fácilmente apropiables por los pequeños y medianos agricultores (Altieri y otros, 1999), permitiría recuperar y revalorizar su producción, crear empleos más calificados y estables, y manejar en forma adecuada los recursos, con una menor degradación ambiental y una asignación energética eficiente en el

agroecosistema. A estos efectos favorables habría que sumar el aporte que pueden hacer los pequeños y medianos agricultores al producto nacional, la

mejora de la distribución de la renta interna nacional, y el manejo racional y sustentable de los recursos naturales. Hay ejemplos en tal sentido, entre ellos

el exitoso programa de producción de alimentos orgánicos llamado Prohuerta, que abastece de hortalizas y aves, durante todo el año, a cerca de 3 millones de argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza en las áreas urbanas, periurbanas y, en menor medida, rurales. Por otra parte, hay en el mercado externo una notable demanda de productos "verdes", especialmente en los países de más altos ingresos, donde aún sería posible demostrar que muchos de los productos de la región son inocuos y de origen natural. Ésta es una perspectiva particularmente interesante para los pequeños y medianos establecimientos agropecuarios, que podrían encontrar en ese filón nuevas opciones productivas, como la especialización en productos orgánicos, derivados de una agricultura de bajos insumos y de una ganadería extensiva, productos que cuentan con una demanda no desdeñable en los mercados mundiales.

En efecto, esta opción podría constituir una salida para los pequeños y medianos establecimientos, que aún cubren, sólo en la región pampeana, 51% de la superficie total, a lo que podrían sumarse muchas economías regionales que se encuentran hoy en franco retroceso y en vías de desaparición. Sólo en los países de la UE, compradores tradicionales de bienes agropecuarios argentinos, el mercado de productos orgánicos involucra unos 7.300 millones de dólares anuales; por su parte, el mercado mundial alcanza un valor de 16.000 millones de dólares al año, y todo indica que se halla en expansión. En suma, el sector agropecuario argentino tiene mucho que ofrecer a estos mercados con sus productos naturales certificados, tanto en lo que se refiere a

producción extensiva (ganadería, cereales y oleaginosas) como intensiva (frutas, hortalizas, olivos, miel y yerba).

Al comienzo se aludió a la importancia que tenía la soja para el país en cuanto al volumen de las exportaciones, pero se denunciaron también, como elementos negativos, la dependencia creciente en que se encuentra este rubro con respecto a insumos extranjeros y sus impactos ambientales y sociales.

Es mucho lo que el Estado puede hacer para definir una política agropecuaria de desarrollo sustentable, pero muy poco lo que efectivamente ha hecho en tal sentido. Hasta ahora se han tomado sólo medidas coyunturales, incluso de claro apoyo a los productos derivados de la ingeniería genética, y no se advierte la decisión de propiciar una estrategia participativa de expansión y reconocimiento de nuevos productos. Incluso se podría dar cabida, si tuviesen aceptación entre los consumidores, a algunos productos biotecnológicos, como alimentos especiales o nuevos rubros farmacéuticos.

Posiblemente, la ingeniería genética ha llegado en un momento poco oportuno de la historia de la humanidad, en que prevalecen el individualismo, el afán de lucro inmediato y la mercantilización de la naturaleza y la ciencia. Habría que analizar a fondo cuál podría ser una distribución de costos y beneficios más equitativa, y desarrollar una agenda propia e independiente acerca del modo de favorecer, sobre la base de estos nuevos desarrollos, a los más desprotegidos y subalimentados de un país como Argentina, que por otra parte desborda de alimentos. Sólo por medio de una visión sistémica se podrá aprovechar todo el potencial de cada herramienta, para utilizarlo de acuerdo con las condiciones particulares de cada ambiente productivo, evitando la peligrosa simplificación que se está ofreciendo hoy a los productores.

Las técnicas transgénicas son componentes de un paquete tecnológico que aún debe demostrar su sustentabilidad. Por ese motivo, en países ricos en

biodiversidad, suelo y clima como son los de América Latina y el Caribe, debería reflexionarse seriamente acerca del camino a seguir, o comprender por

lo menos que no hay un camino único, y que su biodiversidad no es sólo ecológica, sino también sociocultural (Morillo y Pengue, 2000). Es preciso,

por último, que académicos, políticos y la sociedad toda reflexionen acerca del impacto de las nuevas tecnologías, con la profundidad y la prudencia necesarias, a partir de la integración de múltiples disciplinas y puntos de vista

y la comprensión de la complejidad que es propia de los sistemas socioecológicos (Gallopin y otros, 2000

Por todas estas consideraciones Sr. Presidente solicito a los Sres. Legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto