La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que manifieste la preocupación de esta H. Cámara de Diputados ante la decisión tomada por el gobierno de Venezuela de cancelar la concesión de Radio Caracas Televisión - RCTV -, pues dicha medida atenta contra la libertad de expresión.

Señor presidente:

Radio Caracas Televisión (RCTV).la estación de televisión comercial más vista y más antigua de Venezuela, ha mantenido una posición sumamente crítica en contra del gobierno de Hugo Chávez.

El Presidente venezolano en diversas oportunidades había manifestado su intención de cancelar la concesión de RCTV, pues la acusó de brindar apoyo al intento de golpe en el mes de abril de 2002. Asimismo, el 28 de diciembre de 2006, en el marco de una ceremonia militar, H. Chávez dio a conocer que tenía preparada la orden a fin de no renovar la concesión de 20 años del canal.

No fue establecido ningún procedimiento para que RCTV formule argumentos y pueda presentar evidencias a su favor. La decisión final tampoco se basó en un criterio previamente establecido y no hubo proceso de selección alguno que permitiera a dicha estación de televisión presentar una solicitud a fin de proseguir con la concesión.

Por su parte, funcionarios gubernamentales han anunciado que RCTV va a ser remplazado por un canal de servicio público abierto tanto a los grupos comunitarios como a los productores independientes. Manifiestan, asimismo, que no tendrá ningún control editorial por parte del estado ni tampoco programación del gobierno.

Según Human Rights Watch, la decisión política del gobierno venezolano de no renovar una concesión para transmisión televisiva constituye un serio tropiezo para la libertad de expresión en dicho país. En este sentido, José Miguel Vivanco, el director de las Américas de Human Rights Watch se expidió diciendo: "El Presidente Hugo Chávez está abusando de la autoridad regulatoria del estado para castigar a un medio de comunicación por sus críticas al gobierno".

Si bien debe respetarse la soberanía de los países, esta medida del gobierno es sumamente preocupante porque atenta contra el pluralismo y contra una de las más importantes libertades, como lo es la libertad de expresión. En el mismo sentido, cabe resaltar que este tipo de transgresión está prohibida por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

Es igualmente relevante lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el sentido de que: "La Comisión reconoce que el Estado tiene la

potestad de administrar el espectro radioeléctrico. Tal potestad debe ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el derecho a expresar ideas y pensamientos de toda índole".

En el marco de la democracia, es importante que el Estado venezolano brinde protección, dentro de los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos, tanto de las expresiones que favorecen sus políticas y objetivos como así también la crítica que le es adversa.

La pertenencia de nuestros países al proceso de integración del MERCOSUR, requiere del fortalecimiento de los sistemas democráticos estatales para replicar en el sistema institucional regional esos mismos valores. La constitución de una ciudadanía regional debe sustentarse en la defensa irrestricta de los derechos humanos en los términos de los convenios internacionales a los que nos encontramos comprometidos y al derecho consuetudinario, ello hará que nuestros territorios no vuelvan a sufrir las desgracias del pasado.

El proceso de integración del MERCOSUR debe demostrar que es un espacio de respeto de los valores democráticos y de los derechos humanos. De esta forma aumentará su legitimación a la hora de enfrentar a otros bloques en discusiones que hace tiempo han dejado de ser exclusivamente "comerciales". No expresar nuestra preocupación generaría un precedente inconveniente. Sin menoscabo de los derechos de regulación del Estado hermano de Venezuela, esos derechos deben correr en paralelo a la defensa irrestricta de los valores democráticos.

Por todo lo expuesto, solicito Sr. Presidente la aprobación del presente Proyecto.