La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1) Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), inste a las empresas nacionales de telefonía celular:

a realizar campañas con recomendaciones para que sus usuarios puedan evitar ser víctimas de estafas por medio de mensajes de texto (smishing), en las que se los induce a brindar datos personales o bancarios, a ingresar a un sitio web, o a llamar a un número telefónico determinado;

a habilitar canales para que puedan realizarse denuncias de este delito, las que a su vez deberán ser informadas a la CNC o al organismo que designe el Poder Ejecutivo.

2) Asimismo, brinde información, a través del organismo que corresponda, sobre los siguientes puntos relacionados con la implementación del Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC):

Informe qué empresas privadas de telecomunicaciones adhirieron al Programa.

Detalle los cursos, talleres y charlas de capacitación que fueron dictados a los sectores público y privado en el marco de este Programa.

Mencione cualquier otra política implementada en el marco de este Programa, o que forme parte de un plan de acciones para implementar a futuro.

Señor presidente:

La estafa a través de mensajes de texto (smishing, variante del delito de suplantación de identidad o phishing) en los que se induce al usuario a brindar datos personales (generalmente relacionados con tarjetas de crédito o cuentas bancarias), a ingresar en sitios web en los que se lo incitará a descargar algún programa que contiene virus informáticos, o a llamar a un número telefónico dado, ha crecido exponencialmente con el crecimiento de la telefonía celular: según datos del Banco Mundial relevados hasta 2014, nuestro país registra 163 abonos de telefonía celular por cada 100 habitantes, es decir, se registra la utilización de más de una línea por persona, contratada a alguna de las tres empresas que concentran el 98% del mercado de telefonía celular: Movistar (Grupo Telefónica); Personal (Grupo Telecom) y Claro (Grupo Carso). A su vez, el sistema operativo de los smartphones, que permite acceder a cuentas bancarias o de correo electrónico, facilita que se sumen cada vez más víctimas.

Como delito relacionado con la transmisión de datos, tiene sanción a partir de la Ley 26.388, que facilitó el paso a la ilegalidad de hechos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) que hasta entonces no eran punibles. Se introdujo así la figura de estafa por medios electrónicos, aunque sin hacer referencia específica a la estafa por medio de mensajes de texto: el artículo 173, inciso 16), del Código Penal establece penas para "el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos".

Aunque primordial, esta tipificación de ciertos delitos informáticos no evita que existan cada vez más víctimas. Es también necesaria una constante concientización del usuario para mantenerlo en alerta, motivo por el que impulsamos la presente iniciativa. Como una forma más de prevenir este tipo de delitos, las empresas de telefonía celular deben asumir el compromiso de concientizar a sus usuarios y de abrir canales de denuncias, que luego deberán ser informadas a la Comisión Nacional de Comunicaciones o al organismo que designe el Poder Ejecutivo para que actúe en consecuencia.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), por su parte, creó el sitio web www.quenosecorte.com como un canal para realizar reclamos sobre fallas en el servicio de telefonía. En este sitio se menciona que el usuario debe recibir respuesta de la empresa en los siguientes plazos, con la posibilidad de reclamar a la CNC en caso contrario: "Reclamos por deficiencias e interrupción del servicio en 3 días hábiles administrativos; reclamos por facturación en 10 días hábiles administrativos; otros reclamos en 15 días hábiles administrativos". Pero las denuncias que los usuarios pueden realizar en este sitio son las referidas a problemas con la facturación, con el servicio o con la gestión administrativa. No se mencionan las prácticas delictivas de estafa a través de mensajes de texto, de suplantación de identidad (phishing), u otras relacionadas con las TICs.

Por otra parte, por Resolución 580/2011 de Jefatura de Gabinete de Ministros se creó el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC), "orientado a atender la demanda de ciberseguridad al Sector Público Nacional, los organismos interjurisdiccionales y las organizaciones civiles y del sector privado que así lo requieran, con el fin de lograr la colaboración de los mencionados sectores en pos del desarrollo de estrategias y estructuras adecuadas para un accionar coordinado hacia la implementación de las pertinentes tecnologías, entre otras acciones". En este marco, se brindan cursos sobre uso seguro de las TICs.

Si bien es importante toda capacitación en esta materia que se desarrolle desde el Estado nacional, desconocemos si las empresas de telefonía celular se encuentran adheridas a este Programa. De la misma manera, es importante conocer toda actividad que se realice en el marco del ICIC, tendiente a difundir la importancia de la ciberseguridad.

Estamos convencidos de que la seguridad de los usuarios de las TICs no se garantiza solo por medio de penalizaciones de los delitos informáticos, sino también a partir de políticas de prevención por parte tanto del sector público como del privado, que permitan a la vez sumar esfuerzos en el seguimiento de este tipo de delitos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.