La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1. Su malestar por la decisión del Gobernador de la Provincia de Chubut, Mario Das Neves, de prorrogar hasta el año 2047 la concesión de explotación del yacimiento petrolero Cerro Dragón, a favor de Pan American Energy (consorcio petrolero integrado por British Petrolum y Bridas, entre otras), diez años antes del vencimiento de la concesión.

2. Su preocupación ante la ratificación de dicho convenio por parte de los bloques del PJ, la UCR, y el Partido Acción Chubutense (P.A.Ch.) de la Legislatura local.

3. Que vería con beneplácito se instrumenten las medidas para nacionalizar los hidrocarburos, con gestión por parte de una empresa pública.

Señor presidente:

El 27 de abril de este año, el Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, suscribió con el consorcio petrolero Pan American Energy la prórroga de la concesión del yacimiento Cerro Dragón hasta el año 2047, diez años antes del vencimiento de la concesión actualmente vigente.

Si este dato es de por sí llamativo, resulta aún más llamativo que no se haya dado ninguna explicación a esta premura del Gobernador, al haberse adelantado 10 años.

En su defensa, el gobierno local alega que PAE aseguró inversiones de 2000 millones de dólares hasta 2017, más otros 1000 millones para la década posterior; subió en tres puntos un aporte especial que se sumará a lo que Chubut cobra en concepto de regalías hidrocarburíferas (actualmente del orden del 12%), garantizó una inversión por 80 millones de dólares para la exploración petrolera off shore y creó un fondo de reparación histórica de 120 millones de dólares. Además, la empresa retiró su demanda contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), tribunal del Banco Mundial.

Un simple análisis de estos argumentos muestran hasta dónde llega la entrega de nuestros recursos: si PAE va a invertir 2.000 millones de dólares hasta 2017, invertirá 200 millones de dólares anualmente. Durante la década siguiente, la inversión comprometida es la mitad de dichos valores.

"Cerro Dragón" es un yacimiento de 3.400 kilómetros cuadrados que produce un promedio de 88.000 barriles diarios de crudo -un promedio de 14.000 metros cúbicos diarios- y 7,8 millones de metros cúbicos de gas.

Tomando un precio promedio de barril de crudo en 55 dólares, tenemos que diariamente este yacimiento produce 4.840.000 dólares. A eso hay que sumarle las producción de gas. Los 7,8 millones de metros cúbicos diarios equivalen a 2.698.410 dólares.

Vale decir: diariamente el yacimiento produce el equivalente a 7.538.410 dólares. Esto es: invertirá anualmente el producido de sólo 26,5 días, mientras que embolsará lo producido durante los 338,5 días restantes. Estos 26,5 días pasarán a ser 13,25 a partir de 2017.

Del mismo modo, resulta risible la promesa de invertir 80 millones de dólares para la exploración off-shore, y la creación de un fondo de reparación histórica de 120 millones de dólares. Un total de 200 millones de dólares (lo producido en 26,5 días) en treinta años.

El valor de la producción petrolera chubutense fue de casi 8.500 millones de pesos en el 2006, de los cuales 4.500 millones de pesos fue el valor de la producción de PAE, 1.850 le correspondieron a Repsol y 1.390 a Tecpetrol. Entre estas tres compañías totalizan el 90% del valor de la producción de petróleo chubutense. La rentabilidad neta de las compañías indicó que 2.987 millones de pesos fueron obtenidos por PAE, 1.239 le correspondieron a Repsol y 931 millones de pesos fueron obtenidos como renta por Tecpetrol.

Sólo en la Provincia de Chubut, PAE ganó en el año 2006 la suma de 5.763 pesos por minuto (cerca de 3.000 millones de pesos en un año), Repsol embolsó 2.390 pesos por minuto (1.300 millones de pesos al año) y Tecpetrol incorporó 1.796 pesos de ganancia neta por minuto ($ 944 millones de pesos al año).

En el caso particular de PAE, mientras esta empresa embolsa 5.763 pesos por minuto (cerca de 3.000 millones de pesos en un año), el Estado Provincial recibirá 2.038 pesos por minuto (1.000 millones de pesos al año), y a Comodoro Rivadavia llegarán en concepto de regalías 163 pesos por minuto (algo menos de 86 millones de pesos por año).

Esta renegociación no es una decisión aislada, sino que es una consecuencia de la Ley 26.197 (conocida como "Ley corta"), sancionada por este Congreso el 6 de diciembre de 2006, que se enmarca en una clara política nacional de entrega de nuestros recursos naturales, especialmente minerales y energéticos. Con esa finalidad fue creada ENARSA, para privatizar el petróleo que se halla en la plataforma marítima. Lo mismo cabe decir de las exenciones impositivas impulsadas a las petroleras por el Gobierno Nacional y avalado por este Congreso, y de la llamada "Ley Corta" que intentó alejar toda posibilidad de recuperar el petróleo para el pueblo de la Nación, al haber transferido a las provincias el dominio sobre los hidrocarburos. De este modo, veremos surgir verdaderos feudos basados en el manejo del negocio petrolero.

En oportunidad de discutirse en esta Cámara dicha ley, desde nuestro bloque planteábamos que "cada vez que abordamos el tema energético y petrolero queda al desnudo la verdadera política de este gobierno, que apunta a profundizar el proceso privatizador de los 90. En el área energética éste es un gobierno privatizador. Esto no es novedoso, porque no se transformó en privatizador en esta década; ya lo era en 1992. Tengamos en cuenta que cuando el gobierno justicialista de Menem impulsó la privatización de YPF, quien hizo lobby para lograr ese objetivo fue el hoy presidente justicialista Néstor Kirchner, en aquel momento gobernador de la provincia de Santa Cruz.

En consecuencia, reitero que esta es una política privatizadora que avanza a partir de las medidas que se tomaron con ENARSA, de los beneficios fiscales para las petroleras que se aprobaron hace poco y de los subsidios a esas empresas que tienen ganancias de aproximadamente treinta mil millones de pesos anuales.

Lo que se está haciendo es ir en contra de lo que demagógicamente se presenta como medidas progresistas. Esto tiende a disgregar, a liquidar y a anular definitivamente las expectativas que podríamos haber tenido para promover una política de energía a nivel nacional. Esta iniciativa destierra todo tipo de posibilidad (...).

Esta política no lleva a discutir la nacionalización del petróleo (...) ¿Desde qué lugar se habla cuando se plantea recuperar la renta petrolera y conseguir mayores beneficios para nuestro país, mientras se nos están yendo anualmente treinta mil millones de pesos? La Argentina es uno de los países que mayores beneficios da a las empresas privadas multinacionales (...).

¿Qué se hace mediante este proyecto? Se lo adapta al Código de Minería cada vez más. Ya lo hicieron cuando votaron las eximiciones y beneficios fiscales para las empresas petroleras hace dos o tres meses. Son medidas que van adaptando la política energética al Código de Minería. Los minerales de nuestro país son manejados, administrados y concesionados por las provincias. Quisiera que alguien me explique dónde ve beneficios.

Hay sumisión de los caciques y caudillos provinciales, que por algunos beneficios económicos no sólo están entregando los recursos naturales sino también destruyendo un recurso estratégico como el agua y el medioambiente. Esto acá ya se ha discutido varias veces, e incluso algunos plantean la necesidad de cambiar el Código de Minería, pero no se lo cambia. Es más, se adapta la política energética a ese código, porque prácticamente es calcada la manera en que se trabaja en los proyectos en relación con esa política.

Se está abandonando absolutamente toda posibilidad de recuperación del petróleo y de proyectarnos como país en el terreno energético, a pesar de que todos sabemos que la energía es poder. Por eso Bolivia trabaja para recuperar el gas y peleó por su nacionalización, aunque todavía tiene pasos para dar. Los trabajadores de Venezuela recuperaron PDVSA a través de una ocupación muy fuerte, y lo hicieron con muchísima valentía para recuperar el petróleo (...).

(...) el petróleo como recurso estratégico vinculado con la energía y el poder queda en manos de las provincias petroleras que hacen acuerdos directos con las multinacionales, en una franca relación de desigualdad con los pueblos pero de verdadera conveniencia para sus gobernadores.

No se trata de federalismo sino de tener una política unificada en defensa de los intereses soberanos y populares, y eso es lo que no se hace. En Neuquén dependemos de Sobisch; en Santa Cruz, de "Sancho" Kirchner; en Chubut, de Das Naves; en Tierra del Fuego de Cóccaro; en Mendoza de Cobos; en Río Negro de Saiz, y también dependemos de La Pampa y de otras provincias más.

En este marco, creemos que no pueden diversificarse los intereses nacionales sino que debemos plantear una política para recuperar el petróleo a partir de la creación de una empresa pública que nos permita tener la energía en nuestras manos, terminar con ese saqueo brutal que permanentemente vemos a diario y plantear una alternativa de país en la región que se una a las expectativas y a las luchas de los pueblos latinoamericanos que buscan su independencia y soberanía."

Si tomamos en cuenta el valor interno del petróleo (alrededor de 36 dólares el barril, 226 dólares/m3), menos el 10,5% promedio que se paga en concepto de regalías, costo operativo, más gastos de estructura local y central, con un promedio de aproximadamente 2 dólares/m3, el 2% de ingresos brutos, 31,5 % por el valor de las retenciones a las exportaciones descontando además los costos por realización de nuevas perforaciones y demás gastos, la ganancia supera los 100 dólares por m3.

La producción anual promedia los 39 millones de m3, lo que les daría a las privadas una ganancia que supera anualmente los 3.900 millones de dólares, solo de petróleo, por lo que si le agregamos el gas, daría una suma cercana a los 6.000 millones de dólares anuales.

Todas estas consideraciones son las que me han llevado a presentar el 13 de septiembre de 2006 un Proyecto de Ley se Soberanía Energética (expte. 5317-D-2006), que plantea lo que ya es un reclamo de amplios sectores populares: la nacionalización de los hidrocarburos, y su gestión por medio de una empresa pública que garantice que las utilidades derivadas de su explotación beneficien a la población, y no a las multinacionales.

Por todo ello, solicito la aprobación de este proyecto.