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PROYECTO DE TP
Expediente 2589-D-2015
Sumario: EXPRESAR ADHESION POR LAS DECLARACIONES DEL COMITE DE DESCOLONIZACION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -, QUE RECONOCEN EL DERECHO DE PUERTO RICO A LA LIBRE AUTODETERMINACION E INDEPENDENCIA.
Fecha: 11/05/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 46
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su adhesión a las
declaraciones del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que reconocen el derecho de Puerto Rico a la libre
autodeterminación e independencia.
Reconocer asimismo el carácter
íberoamericano y caribeño de Puerto Rico, cuyo actual estatus de subordinación
política impide tomar decisiones soberanas para atender las necesidades y
desafíos, entre ellos los problemas económicos y sociales de la isla
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VII Cumbre de las Américas ha
marcado un punto de inflexión en las relaciones de nuestro subcontinente con
EE.UU., pues se ha puesto de pie exigiendo "respeto" al vecino del norte, que
defiende los derechos humanos mientras impide el de la autodeterminación de
Puerto Rico.
Así lo aseguró el presidente del
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, quien participó en
Panamá como "representante no oficial".
Puerto Rico fue una colonia española
hasta la Guerra Hispano-norteamericana de 1898, cuando pasó a ser territorio de
EE.UU., que otorgó la ciudadanía estadounidense a los boricuas en 1917 y que
aprobó una versión amputada de la Constitución de la isla caribeña en 1952
estableciendo el llamado Estado Libre Asociado.
La Constitución del ELA, a la que
EE.UU. recortó artículos aprobados en Puerto Rico como el derecho a la Salud,
otorga amplios niveles de autogestión a la isla, pero con limitaciones en cuanto a
defensa, moneda y asuntos exteriores.
Puerto Rico es el único territorio del
continente que no ha participado oficialmente en una Cumbre que presume de
haber acogido a Cuba por primera vez y donde se repite hasta la saciedad que
todos los países de las Américas participan también por primera ocasión.
En el Artículo 1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos se reconoce el principio básico, umbral del que
surgen los demás derechos humanos, a la autodeterminación de los pueblos (sin
perjuicio del principio de integridad territorial en los casos, como Malvinas y
Gibraltar).
El ELA ha celebrado varias consultas
electorales sobre distintas alternativas al estatus colonial, pero EE.UU. no los ha
reconocido como vinculantes.
EE.UU., tiene que presentar las
alternativas descolonizadoras que estipula el derecho internacional (la
independencia, la autodeterminación o la incorporación completa), que vaya a
estar dispuesto a reconocer.
El reclamo argentino por la soberanía
sobre las Islas Malvinas no es el único pedido de descolonización pendiente en el
mundo, 17 territorios son hoy monitoreados para terminar con el colonialismo a
nivel global.
Durante el siglo XX se dio la gran ola
de descolonización a nivel global que permitió el surgimiento de nuevos Estados-
Nación en todo el mundo. Si bien África y Asia fueron los continentes más
afectados por el fenómeno, en todas las latitudes se sintió con firmeza el reclamo
por la autodeterminación de los pueblos a elegir sus formas de gobierno y ejercer
su soberanía.
En pos de acompañar ese proceso y
acabar con el colonialismo europeo en el mundo, las Naciones Unidas instituyeron
la "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales", conocida también como la Declaración sobre la Descolonización, en
1961. Un año más tarde se constituyó el Comité Especial de Descolonización,
conformado por 24 países que deben asegurar la aplicación de los principios
fundamentales de la declaración. En febrero pasado, Ecuador fue reelegido en la
presidencia del comité.
Actualmente existen 17 "territorios no
autónomos", como los define la ONU, donde viven unas dos millones de personas.
Diez de ellos son controlados por el Reino Unido: Anguila, Bermudas, Gibraltar,
Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas,
Montserrat, Pitcairn y la isla de Santa Elena; tres, por los Estados Unidos: Guam,
Islas Vírgenes de los EEUU y la Samoa Americana; y dos en manos de Francia:
Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. A estos es necesario agregar dos más,
que reciben una atención especial por parte de la ONU, y son Puerto Rico,
considerado un "Estado libre asociado" pero no incorporado a los EEUU, y la
República Árabe Saharaui Democrática, ocupada por Marruecos tras la partida
española.
Contrariamente a lo que se puede
pensar, en la mayoría de los casos estos territorios no constituyen ninguna ventaja
económica directa para los colonizadores. Por el contrario, el estatus autonómico
que han conseguido, especialmente entre los años 70 y 90, comporta una serie de
obligaciones administrativas muchas veces onerosas para las potencias
administradoras.
Si bien los pueblos "no autónomos"
pueden elegir un poder legislativo y un primer ministro, el Poder Ejecutivo es
compartido con un gobernador elegido directamente desde la potencia colonial,
que toma las decisiones sobre la política exterior, militar y de comercio
internacional y los presupuestos de inversión en infraestructura son generalmente
cubiertos por el país colonizador.
Sin embargo, en su mayoría -10 de
17- están incluidas dentro de la lista internacional de paraísos fiscales de la OCDE,
dando cuenta de un altísimo nivel de vida alcanzado bajo esta organización al
amparo de la especulación financiera a nivel mundial. Buena parte de estos países
son conocidos por información "de color" que las potencias difunden en muchos
casos para reflejar un estado de paz.
Así y todo, la actualidad de estos
territorios no se reduce a su estatus de paraísos fiscales o turísticos. Su sumisión a
los gobiernos centrales y los movimientos independentistas que han surgido a lo
largo de los años han traído no pocos conflictos.
Uno de los más resonantes, es el que
enfrenta hoy a París contra la Polinesia Francesa que reclama una jugosa
indemnización por haber sido durante 30 años la zona de pruebas nucleares de la
República Francesa.
Entre las 118 islas que componen
este enclave colonial en el Pacífico, se encuentran las tristemente famosas
Mururoa y Fangataufa, donde entre 1968 y 1996 Francia hizo explotar 193
artefactos nucleares dejando, según denunciaron las autoridades polinesias el año
pasado, 3200 toneladas de material radioactivo en sus costas.
París deberá también atender otro
frente en el ámbito de la descolonización en los próximos meses. Se trata de
Nueva Caledonia, que hará cumplir una de las cláusulas del Acuerdo de Noumea
firmado en 1998 entre los isleños y Francia, que prevé la celebración de un
referéndum independentista "entre 2014 y 2018″.
Si bien la fuerza política mayoritaria
hace 25 años allí sea el UMP -partido liderado por Nicolás Sarkozy- que se opone a
cualquier reclamo independentista, el Front de Libération Nationale Kanak et
Socialiste (FLNKS), con fuerte presencia indígena, está cobrando cada vez más
fuerza y hoy lidera la campaña por el sí a la independencia.
Los dominios británicos tampoco
están exentos de conflictos. El Primer Ministro de Anguila, Hubert Hughes, volvió a
fines de 2013 a insistir en la celebración de un referéndum, de común acuerdo con
Londres, para definir el estatus colonial de la isla. La última vez que se llevó a cabo
una iniciativa similar fue en 1967 cuando 1813 isleños contra cinco votaron
declarar la independencia. Dos años más tarde los paracaidistas británicos llegaron
para restablecer el orden.
La política plebiscitaria para resolver
este tipo de controversias también está siendo fuertemente criticada. Existen
casos, como el del ilegal referéndum en las Islas Malvinas de 2013, donde el
resultado de la consulta es evidentemente amañado por la política colonial de la
potencia administradora.
Esto sentó precedentes en el ámbito
internacional, como en el caso de Guam, en el Pacífico Occidental bajo control
norteamericano. Allí en 1982 los 180.000 isleños fueron llamados a un plebiscito
que no llegó al quórum necesario. Dos años más tarde, la ONU culpó a una de las
más imponentes bases militares de los EEUU, instalada en 1976, de ser "el mayor
obstáculo" para que la población pueda elegir libremente su destino.
En otros casos, las promesas de
autodeterminación nunca se cumplen, como en la República Árabe Saharaui
Democrática, que espera la celebración de su referéndum independentista desde
1991 tras la firma de los primeros acuerdos de paz con Marruecos y España.
El derecho internacional ha intentado
establecer reglas para la descolonización de los territorios no autónomos en varias
ocasiones sin obtener resultados fehacientes. Basta recordar que la resolución
ONU 2708 de 1970 y concordantes -35/119; 36/38; 37/35; 39/91-, establecen la
prohibición de instalar bases militares en estos territorios. Pero la militarización de
los mismos crece o desciende en base a las necesidades geopolíticas de las
potencias administradoras y no de las resoluciones internacionales.
A esto se le agrega que la mayoría de
las acciones multilaterales que se lleven adelante pasan por un Consejo de
Seguridad de la ONU anacrónico, dominado por las tres potencias coloniales que
se oponen a cualquier discusión sobre la situación actual.
El caso Malvinas resulta entonces de
profunda relevancia internacional. Es el único -exceptuando las protestas
españolas por el Peñón de Gibraltar- donde un Estado ha decidido avanzar
diplomáticamente en la resolución del conflicto por vías pacíficas. Cualquier avance
que se logre en ese sentido, podría sentar precedente para las demás poblaciones
bajo dominio colonial.
Mientras tanto, en la isla de Puerto
Rico continúa la dependencia económica y la marginación política. Su economía
colapsa y carecen de los poderes soberanos para ponerla en pie ante la mirada
indiferente de los Estados Unidos. Recientemente el gobierno norteamericano
declaró que uno de los problemas de la economía puertorriqueña era que no se
beneficiaba de todos los programas federales en los que podía participar. O sea,
para Estados Unidos, el problema de Puerto Rico se resuelve con mayor
dependencia económica para la atormentada isla y no con poderes soberanos para
caminar por sus propios pies.
La enorme emigración portorriqueña
hacia los Estados Unidos es la más visible prueba de que la isla no ha logrado
desarrollarse en el marco del estatus de Estado libre Asociado.
Es por todo lo expuesto, que solicito
el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar la presente iniciativa.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |