La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más enérgico repudio por la persecución e inculpación de doce legisladores de esta Honorable Cámara por parte de un grupo de Organizaciones No Gubernamentales, sin admitir ni reconocer la potestad que los asiste para decidir sus posiciones políticas, en el marco del debate parlamentario de los Proyectos de Democratización de la Justicia.

Señor presidente:

El grupo de organizaciones no gubernamentales Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano publicaron el nombre y apellido de doce diputados nacionales que en su opinión eran susceptibles de ser presionados para evitar que se produzca la aprobación de los proyectos de ley que, a juicio de la mencionadas instituciones, y en consonancia con grupos corporativos que disimulaban su participación evocando a estas ONGs, ponían en juego a la república y "el futuro de la justicia argentina".

La publicación alienta a la ciudadanía para que le haga conocer su opinión, suponiendo 1] que la opinión de "la gente" es la de ellos, es decir: contraria a la democratización de la justicia que propone el paquete de leyes impulsado desde el Poder Ejecutivo; 2] niega la potestad y el criterio -personal o partidario- que cada uno de los doce legisladores adopta respecto del tema en cuestión; 3] pre-supone que si no votan como estas organizaciones prevén, están traicionando a la república y poniendo el juego el futuro de la justicia; 4] animan una perversa caza de brujas sobre todos aquellos que no piensen de acuerdo a intereses particulares que ellas mismas no declaran.

La imagen en recuadro, de cada uno de los representantes de los ciudadanos, ordenados con la precisión estética propia de los carteles de Buscados, rememora, espantosamente a las publicaciones de tiempos de la dictadura, que expresaban "SE REQUIERE LA CAPTURA DE:", colocando, en idéntico formato estético al señalado, a las personas concebidas como sujetos peligrosos. Muchas veces tales carteles concluían con otros en los que se "informaba" también a la opinión pública sobre la captura de los antes perseguidos, con títulos no menos espectaculares, del tipo: "GOLPE A LA SUBVERSIÓN". O como sucedió con Norma Arrostito, con una tapa de la revista Gente, en la que cruzaba su foto con el título: "MUERTA".

Esa es la tremenda historia, para nada distante en el tiempo ni apagada en la memoria, de las imágenes de los "sujetos peligrosos" y de la comunicación realizada por parte de los perseguidores preocupados por la alteración del orden y los patrióticos destinos. Claramente, no son las mismas las consecuencias que pueden desprenderse de las acciones que por este medio se propone repudiar, sin embargo la incitación a actuar sobre los legisladores invocados no puede descartar acciones impredecibles por parte de las personalidades violentas e insensatas que nunca faltan.

Pienso que esta particular manera de denunciar a quienes cuentan con la legitimidad para adoptar decisiones de Estado, con el objeto de que no cumplan con su natural función, es altamente reprobable y merece ser sancionada, no sólo por un código de ética sino penalmente también. ¿Cómo es posible sostener que el futuro de lo que ligeramente se caracteriza como justicia depende de tan sólo doce personas? No se justifica bajo ningún punto de vista que estas doce personas sientan semejante presión y acoso.

El objetivo de la campaña nunca fue el de informar, al punto que ni siquiera se interesaron por verificar la veracidad de sus expresiones; la verdadera finalidad fue la de concentrar fuerza crítica para amedrentar posibles comportamientos estimados como no deseables.

Por todo lo dicho, propongo que semejante instigación sea condenada por todos los integrantes de la representación legislativa, excepción hecha de aquellos que formaron parte de alguno de estos "neutrales" organismos "no" gubernamentales.