La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

El interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de que haya sido priorizado en la agenda de gobierno, según fuera expresado por la Señora Presidenta de la Nación, Doña Cristina Fernandez de Kirchner, en ocasión de la Asamblea Legislativa del corriente año, la transferencia de los riesgos climáticos y ecosistémicos, en especial los riesgos catastróficos y aquellos que se derivan de la variabilidad climática, a través del estudio y análisis de sistemas de gestión del riesgo integrales, que apunten a reducir las vulnerabilidades territoriales y sociales y fortalezcan la capacidad productiva de las diferentes regiones de nuestro país, con especial énfasis en los sistemas de agricultura familiar y de pequeñas y medianas empresas agropecuarias, haciendo hincapié en el concepto de desarrollo sustentable.

Señor presidente:

A nivel internacional en distintos acuerdos y convenciones se pone en evidencia la necesidad de que los países trabajen en los procesos de planificación y gestión de las actividades de mitigación, adaptación y transferencia del riesgo climático.

El punto de partida para estos acuerdos globales surge en el año 2005 con la redacción y aprobación del Marco de Acción de Hyogo que con un horizonte de diez años, planteaba la necesidad de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.

Por su ubicación en el Hemisferio Sur, Argentina; se encuentra sujeta a impactos menores que los registrados en muchos de los países del Hemisferio Norte no obstante el clima está haciéndose cada vez menos confortable, por ejemplo el incremento de la frecuencia de episodios de sequía ocupa un lugar central y frente a ésto el posible aumento de la frecuencia de tormentas localizadas severas, planteará la necesidad de hacer frente a daños por granizo y vientos, así como a episodios de crecidas de los ríos, con riesgo de aluviones e inundaciones.

Argentina ha estado expuesta en años recientes a impactantes efectos socioeconómicos provenientes de desastres naturales, los cuales alteran las actividades económicas y la estabilidad social, a la vez que obligan a redireccionar las planificaciones de inversiones tendientes al desarrollo. Algunos de ellos: inundaciones en distintas provincias, derrumbes de lodo, cenizas volcánicas, grandes nevadas, tornados y tormentas de vientos en distintos territorios y con diferente intensidad, etc.

Los desastres producidos por los eventos antes enunciados pueden generar pérdidas en la producción agropecuaria, daños en edificios, mortandad de ganado, ataques de enfermedades favorecidas por condiciones climáticas conducentes como la gripe asiática y el dengue, daños en instalaciones e infraestructura en general, problemas en la extracción de petróleo, interrupciones en el suministro de energía, incendios de campos y bosques, pérdidas humanas, etc. Los efectos directos de los riesgos de origen natural sobre poblaciones e infraestructuras, entre otros sectores, llevan asociados elevados costes de reconstrucción y reparación de los bienes afectados.

La tendencia alcista de los daños económicos producidos por eventos catastróficos ha sido motivo de creciente preocupación en los gobiernos, en las organizaciones internacionales y, por supuesto, en los mercados de seguro y de reaseguro, representando un auténtico reto la búsqueda de mecanismos e instrumentos idóneos para afrontar la financiación de los riesgos por eventos naturales.

El Estado Nacional, ha demostrado en los últimos años un particular interés en la articulación entre los diversos organismos con competencia en acciones de impacto territorial vinculadas a los riesgos climáticos pero básicamente enfocados en la mitigación y adaptación al cambio climático. Por ejemplo en el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se han desarrollado estudios dirigidos al diseño de políticas federales de planificación y ordenamiento del territorio y entre los objetivos buscados se intenta incorporar acciones que permitan reducir drásticamente las ocurrencias de catástrofes y/o disminuir los efectos perjudiciales de ellas, incorporando el concepto de "Gestión del Riesgo" en la planificación territorial local.

Por iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha sido creado el Comité Gubernamental de Cambio Climático como instancia de articulación institucional en materia de cambio climático. Los organismos que se encuentran participando son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Economía, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaria de Energía, Secretaria de Industria, Comercio y PyME, Secretaria de Transporte, Subsecretaria de Recursos Hídricos, Subsecretaria de Planificación Territorial, INTA y COFEMA, CONEA y CONAE.

La Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC) elaborada a través de un proceso participativo con los diferentes actores del sector público y privado vinculados a la temática ambiental, y coordinados por el Comité Gubernamental sobre Cambio Climático, responde esencialmente a la necesidad de nuestro país de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica la problemática del Cambio Climático que para lograr sus objetivos establece la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del Estado en materia de Gestión integral del riesgo e Impulsar el desarrollo de instrumentos fiscales, financieros, económicos y legales que faciliten la implementación de los objetivos planteados.

En este último punto se deberá avanzar en opciones que no tienen por qué ser necesariamente excluyentes: la cobertura aseguradora, respaldada por el reaseguro (seguros tradicionales y de multiriesgo y seguros por índices) y los instrumentos alternativos de transferencia de riesgos (derivados climáticos y bonos catástrofes) pueden articularse cubriendo las distintas necesidades de transferencia del riesgo que se adapten mejor a las distintas características climatológicas de las regiones y sectores productivos

La aparición en el escenario financiero mundial de estos instrumentos pone al alcance una nueva forma de asumir riesgos de naturaleza catastrófica a través del intercambio en los mercados de capitales, y se trata de una herramienta que contribuye con los presupuestos públicos, en la atención de los riesgos y en la superación de las vulnerabilidades territoriales (comunidades y sectores productivos)

La situación de los instrumentos para la transferencia del riesgo climático en Argentina es de extrema debilidad (seguros tradicionales y multiriesgo) y deja sin protección ante los desastres naturales y las variabilidades de factores climatológicos, a numerosos sectores económicos que no pueden acceder a ningún tipo de cobertura frente a tales amenazas.

En distintos países de Latinoamérica existen sistemas de gestión del riesgo más complejos con estructuras estatales (organismos, programas, planes) en desarrollo para encarar el cambio climático, la gestión del riesgo y la forma de financiar la reparación de los daños emergentes de las catástrofes naturales.

En dicho sentido, en Argentina desde lo académico se vienen desarrollando investigaciones en distintos ámbitos, entre ellos en el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión (CMA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA .

En función de ello entiendo conveniente que el Poder Ejecutivo Nacional avance en el estudio y análisis de nuevos instrumentos de transferencia del riesgo climático y ecosistémico denominados derivados climáticos, con el objetivo de generar resguardos financieros para territorios y sectores productivos sensiblemente afectados por las extremas variaciones climáticas y los efectos del cambio climático y que permitan trabajar en forma integral la gestión del riesgo con medidas de mitigación, adaptación y transferencia vinculadas a mejorar prácticas productivas y de cuidado de los recursos naturales.

Es por estos motivos que solicito a mis pares que me acompañen con su voto para obtener la aprobación de este proyecto de declaración.