La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio por las expresiones de Santiago Bittar, Obispo de Oberá, provincia de Misiones, quien calificó de "genocidas" a quienes se manifiestan a favor de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado.

Señor presidente:

Días atrás tomamos conocimiento a través de diversos medios periodísticos que en una homilía realizada en Cerro Monje, Misiones, un punto de convocatoria de la feligresía católica situado en el municipio de San Javier, a orillas del río Uruguay, el Obispo de esa provincia, Santiago Bittar dijo que "los que están a favor del aborto son genocidas y hay que echarlos de esta Patria". Estas declaraciones fueron realizadas ante unas 8 mil personas que acompañaban la ceremonia religiosa.

Queremos expresar nuestra preocupación ante estas graves expresiones, en primer lugar por los calificativos vertidos por este representante de la iglesia católica, quien no hace con estos agravios más que sembrar mayor oscuridad respecto de un tema sobre el que amplios sectores de la sociedad comienzan a debatir, como es el de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado.

Justamente la reflexión y debate en torno a esta problemática que en nuestro país se cobra la vida de casi 400 mujeres anualmente por abortos clandestinos, ha llevado a que un amplio arco de diputadas y diputados nacionales presentemos un proyecto de ley para dar una respuesta a este grave problema. Proyecto que no sólo lleva la firma y el apoyo de prácticamente todos los bloques legislativos de esta Cámara, sino que además viene acompañado por un fuerte impulso de diversos sectores organizados y no organizados de la sociedad civil que vienen luchando hace años para poder consagrar en nuestra legislación este derecho de las mujeres.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que este nuevo impulso al debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo no deseado tiene también un importante antecedente en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 13 de marzo de 2012 en el caso "F. A. L. s/ Medida autosatisfactiva", que estableció que las mujeres con un embarazo producto de violencia sexual se encuentran constitucionalmente protegidas para realizar abortos en los términos del artículo 86 del Código Penal de la Nación. Asimismo, con este fallo la Corte aclara que en todo caso de violación, según el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, no son necesarias la denuncia penal, la intervención de más de un profesional de la salud ni la autorización judicial de un magistrado.

Estos antecedentes se suman al amplio debate en la sociedad sobre una realidad ante la que no podemos ser indiferentes ni oscurantistas, que se lleva la vida de cientos de mujeres al año, la mayoría de ellas de hogares humildes que no pueden practicarse un aborto en condiciones sanitarias que garanticen que la intervención no ponga en riesgo la vida y la salud de la mujer. Creemos que no es ocioso recordar aquí que entre los fundamentos del proyecto mencionado ut supra (Expte 1218-D-2012) se señala taxativamente que: "proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. La despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente. Solo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer. La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres.

La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben, pueden sostener sus convicciones, de igual manera que aquellas que lo admiten deben poder actuar según su conciencia, tomando en libertad las decisiones que juzguen necesarias, sin amenazas ni coerción alguna. Sí exige del Estado garantizar las opciones, el acompañamiento y alta calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones".

En segundo lugar, las declaraciones del Obispo Bittar merecen nuestro repudio porque se trata de un integrante de la iglesia católica en cuyo desempeño no puede aceptarse la intromisión en las políticas de salud de las que se dota el Estado o sobre las cuales la sociedad civil, y sus representantes en el Parlamento, pretendemos aportar con diversas iniciativas legislativas. Los asuntos de la salud y la defensa de los derechos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños se encuentran en manos del Estado y sus diversos estamentos, ninguna intervención puede admitirse en cuestiones tan importantes como la salud pública por parte de un representante de la iglesia católica o de cualquier otro culto en nuestro país.

Por último, repudiamos el término "genocida" en boca de un obispo considerando que las altas cúpulas de la iglesia católica fueron cómplices y bendijeron a los militares y civiles que impusieron hace 36 años la más sangrienta dictadura militar que sufrió nuestro país y que llevó adelante un verdadero genocidio cuyas consecuencias de dolor e impunidad aún siguen vigentes en la Argentina.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la probación del presente proyecto de resolución.