La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Señor Secretario de Transporte de la Nación, Ingeniero Ricardo Raúl Jaime, a concurrir al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de que informe verbalmente sobre los graves y repudiables hechos de violencia acontecidos en la terminal de trenes Constitución, evidenciando el fracaso de la política de transporte llevada a cabo por el gobierno nacional.

Señor presidente:

Son repudiables los hechos de violencia en todo orden y sentido, pero los hechos ocurridos días atrás en la terminal de trenes Constitución como consecuencia de la suspensión repentina de los servicios ferroviarios, reflejan una vez más y sin duda alguna, el fracaso de la política nacional de transporte llevada a cabo por la Secretaría.

Varias fueron las veces que desde este Congreso se ha advertido sobre lo deficiente que ha resultado la política llevada a cabo por el Secretaría, pero se han ignorado las observaciones y en la actualidad nos encontramos con todos los servicios colapsados o próximos a colapsar.

De las cuatro empresas concesionarias que explotan los ferrocarriles urbanos Trenes Metropolitanos, que controla la línea Roca, es la más controvertida. En el año 2004 le quitaron la concesión del ramal San Martín por lo deficitario del servicio. Trenes Metropolitano es una de las empresas del grupo empresario de Sergio Taselli, y al igual que el resto de las empresas ferroviarias recibe subsidios del estado para poder operar.

Mas allá de que el servicio ferroviario estuvo siempre subsidiado, desde el año 2002, en el que se declaró la emergencia ferroviaria, las sumas transferidas a las empresas son mucho más importantes y han aumentado considerablemente con el objeto de mantener las tarifas. Desde que se puso en marcha el sistema ferroviario integrado (SISFER) las concesionarias recibieron 1.075 millones de pesos. En 2003 el estado desembolsó 173 millones de pesos para lubricar el sistema ferroviario, al año siguiente en la subsecretaría a cargo del Ingeniero Ricardo Jaime los subsidios ascendieron a 228 millones. Y en el año 2005 los éstos llegaron a la suma de 248 millones de pesos.

Pero este no es el único dinero del que se nutre el sistema ferroviario: otro canal de dinero oficial que recibe es el 20% de cada litro del gas oil que se vende en la Republica Argentina. Además el año pasado el gobierno utilizó los superpoderes para derivar otros 185 millones y así afrontar mayores costos operativos: a Trenes Metropolitanos se le concedieron 17,5 millones para la línea Belgrano Sur y 12,3 para la línea Roca.

Es evidente que las empresas ferroviarias no invierten los subsidios que reciben en mejorar el sistema operativo de los servicios que brindan, por lo tanto no hay mantenimiento alguno ni la intención de que este servicio público resulte eficiente; el sistema está colapsado, viajar en tren es una verdadera odisea.

En la Argentina actual el transporte es un tema más que importante: los trenes no funcionan o suspenden sus servicios repentinamente; en el espacio aéreo no hay radares, los aviones cada vez más cerca de colisionar en el aire, y cuando los radares funcionan las empresas no respetan los horarios ni los cronogramas de vuelos; los omnibus de larga distancia de doble piso circulando por las rutas, sin el debido control, producen desgracias y tragedias irreparables. Realmente un verdadero y absoluto caos producido por la negligencia o la inercia de los funcionarios responsables del área. Conclusión: querer trasladarse y pretender utilizar un serviciode transporte público es realmente ponerse en manos de Dios porque todo se encuentra en un estado de deterioro y desorden total.

Nada de lo ocurrido en Constitución debería sorprendernos, por lo menos no demasiado. Los hechos son un claro ejemplo de cómo una protesta legítima puede transformarse en violencia social. Hay un dato alarmante en la sociedad argentina, sobre todo en las últimas semanas: la violencia social y política está en un inquietante crecimiento. Reflejo de ello son los hechos ocurridos en Santa Cruz y en Neuquén por los respectivos reclamos docentes, a lo que se suma el repudiable "escrache" sufrido por la Ministra de Acción Social en Río Gallegos.

Pero no nos equivoquemos, la violencia no tiene a estos hechos como punto de partida. La violencia comienza en los cortes de calles y puentes, que impiden el derecho constitucional de transitar libremente por todo el territorio al resto de los ciudadanos, no permitiendo que aquellos que no forman parte de la protesta, circulen libremente. La violencia también se encuentra presente a diario en el lenguaje que utilizan los funcionarios, cuando descalifican de manera hostil a los adversarios, agrediéndolos sin motivos, solo por encontrarnos en año electoral. Añádase a esto la desconsideración de algunos gremios al ejercer presiones desmesuradas para realizar un reclamo salarial y el paro social para lograr dicha negociación, sin importar el perjuicio que se le ocasiona al resto de la ciudadanía.

Señor Presidente, la desidia y la indiferencia del Estado ante los reclamos de los ciudadanos, la anomia y la imposibilidad de garantizar el orden público, dan paso inmediato a la violencia. Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones más elementales e intrínsecas, cuando la sujeción a las normas se hace cada vez más imposible, cualquier ciudadano persigue justicia por mano propia. La ausencia del estado y la falta del debido control que éste debe ejercer sobre los servicios públicos concesionados producen los desbordes de violencia por parte de los ciudadanos que hemos visto.

Señor Presidente, porque considero necesario e interesante tener la posibilidad de escuchar al Sr. Secretario de Transporte es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.