La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio ante los reiterados acontecimientos represivos ocurridos durante los meses de marzo y abril, contra la comunidad Wichi, en la localidad de La Puntana, Santa Victoria Este, Departamento Rivadavia, Provincia de Salta, con motivo de su reclamo para que se reincorporen dos maestros auxiliares bilingües de la escuela primaria de la comunidad.

Asimismo, expresar su honda preocupación por la falta de soluciones integrales para las escuelas, que como esta, atraviesan serios problemas para alcanzar las condiciones dignas que les corresponde por derecho.

Señor presidente:

La noticia, denunciada por el diputado provincial Claudio Del Plá del Partido Obrero y la diputada provincial Liliana Mazzone del Frente Democrático Salteño, difundida por varios medios de comunicación locales (como los diarios El Tribuno y Nuevo Diario) y nacionales (como La Prensa y CN5 entre otros) sobre los hechos acontecidos en la comunidad Wichi de La Puntana, Santa Victoria Este, departamento Rivadavia de la Provincia de Salta, despierta honda preocupación así como la necesidad de visibilizar la grave situación por la que atraviesan las comunidades pertenecientes a los pueblos originarios de nuestro país. La comunidad de La Puntana en particular, arrastra un largo conflicto centrado en el reclamo de pedido de aumento en el número de maestros auxiliares bilingües en la zona. En un petitorio entregado al gobernador Manuel Urtubey cuando visitó la comunidad en 2012, se formalizaba este reclamo junto con otros referidos a los trámites de documentación para acceder a planes sociales, la entrega de pensiones por invalidez, la creación de puestos de trabajo genuino, la inauguración de un hospital construido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo terminado hace varios años pero aún cerrado.

Frente a la falta de respuesta a este petitorio, se han realizado marchas y manifestaciones que, en la semana del 15 de abril, fueron escenario de una brutal represión con balas de goma y gases lacrimógenos, con un saldo de 15 heridos y 8 detenidos. Debido a este conflicto, el establecimiento escolar de la comunidad tuvo suspendidas las clases durante más de cuarenta días; la solicitud para ampliar el número de maestros auxiliares bilingües no sólo no fue escuchada, sino que se vio agrava por el desplazamiento de los que hasta el año pasado ocupaban el cargo.

El Centro de Investigación de Lenguas Indígenas de la Universidad Nacional de Salta, afirma que si bien existen más de 100 auxiliares (intérpretes) trabajando en la actualidad, se necesitarían 400 para recuperar el idioma. En diálogo con el diario "El Tribuno" la socióloga Adriana Zaffaroni -directora de este centro de investigación- da cuenta de la escasez de maestros auxiliares bilingües en el nivel primario y de su ausencia en el nivel secundario; así mismo menciona que el informe nacional de la Red de Comunidades Rurales sobre Educación y Desarrollo Comunitario Rural de 2008/9 develó que en el 86% de las escuelas con alumnos de comunidades aborígenes no había docentes formados en educación intercultural bilingüe. En el mismo sentido, el Presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) Indalecio Calermo, expresó que la situación en las escuelas de ésta y otras comunidades está violando leyes internacionales (que ordenan a los países con pueblos originarios contemplar en sus leyes educativas el mantener la lengua materna), a la vez que incumple la Ley Nacional de Educación (en los incisos c, d y ñ del artículo 11 del capítulo II, "fines y objetivos de la política educativa nacional", del Título I sobre Disposiciones Generales; en el artículo 16, del capítulo I "Disposiciones generales" y en los artículos 52, 53 y 54 del Capítulo XI "Educación Intercultural Bilingüe", ambos del Título II "El sistema educativo nacional"; en los artículos 79 y 80 del Título V "Políticas de Promoción de la Igualdad Educativa"; el artículo 84 y el 86 del capítulo I "Disposiciones generales" del Titulo VI "Calidad de la Educación"; los incisos a y b del artículo 121 del

capítulo IV "las autoridades educativas de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires"; los incisos a, b, d y f del artículo 126 del capítulo VI "derechos y deberes de los/las alumnos/as"; el inciso c del artículo 128 del capítulo VII "derechos y deberes de los padres, madres, tutores/as"; todos bajo el Título X "Gobierno y Administración"; y los incisos d y e del artículo 130 del Título XI "Cumplimiento de los objetivos de la ley").

Estos acontecimientos representan un hito más en las constantes persecuciones a las que se ven sometidas diversas comunidades en distintos puntos del país; ahondan el avasallamiento de sus derechos y el respeto a sus identidades culturales consagrados en la constitución nacional y en la ley nacional de educación; y requieren por tanto una urgente reparación. Son demasiado frecuentes las ocasiones en que, frente a un conflicto entre el Estado y las comunidades de pueblos originarios, la primera reacción es el desconocimiento del reclamo, la falta de escucha y de espacios para manifestarse, y en muchos casos, la represión directa e indiscriminada.

Por los motivos hasta aquí expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.