La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle que, en el corto plazo, disponga la creación de una comisión encargada de realizar la investigación histórica, pormenorizada y exhaustiva, de los gravísimos hechos cometidos contra inocentes ciudadanos civiles acontecidos el día 16 de junio de 1955, y conocidos como el bombardeo a Plaza de Mayo.

Señor presidente:

El 16 de junio de 1955, en tres incursiones sucesivas, desde unos cuarenta aviones de guerra de la Marina y la Fuerza Aérea fueron arrojadas no menos de 13 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo y sus inmediaciones. También fueron atacadas la sede de la CGT y la residencia presidencial, en el porteño Palacio Unzué. Supuestamente el ataque estaba dirigido a una persona en particular, pero en verdad, fue un acto de genocidio contra los argentinos, provocado por ciertos sectores civiles y orquestados por minúsculos grupos de las fuerzas armadas.

Llamar a las cosas por su nombre, saber con exactitud hasta los más mínimos hechos, es un punto de partida hacia el replanteo de la Argentina que queremos, hacia la Argentina que conoce y respeta su pasado y por sobre todo, se proyecta en un futuro donde no haya lugar para la repetición de formulas macabras y alejadas de un estado de derecho.

Ese fatídico día de 1955, miembros de las Fuerzas Armadas, tuvieron su más deshonroso bautismo de fuego, cuando arrojaron toneladas de bombas sobre la Capital de la República y ametrallaron a civiles, a sus conciudadanos, causando la muerte de centenares de personas totalmente inocentes y más de un millar de heridos, aproximadamente. Era la venganza no contra el gobernante legítimamente electo, sino contra la voluntad de los ciudadanos, cuya silenciosa fidelidad en las urnas realizó la gestión que llevó al Presidente a serlo de todos los argentinos.

Esta parte de la historia Argentina, como tantas otras que conspiraron contra la Constitución Nacional, contra el sistema democrático, profundizando el enfrentamiento entre argentinos, debe ser conocida. Se debe llegar al verdadero sentido real de esos hechos. La intolerancia política y la persecución ideológica merecen ser sancionadas moral y públicamente. Para que esto ocurra, todos los argentinos deben conocer objetivamente la historia de nuestro país, aún en sus momentos más oscuros y dramáticos.

Inexplicablemente, poco se ha difundido y escasamente investigado sobre tan brutal acto. Pocos fueron desde el ámbito de la literatura y la militancia que profundizaron sobre estos hechos. Pero el Estado tiene un deber, cual es, intentar lograr llegar a la exactitud y veracidad de los acontecimientos que marcaron y laceraron esa parte de nuestra historia. El Estado tiene la obligación de investigar, indagar y revelar la verdad a las víctimas, sus deudos y a la sociedad toda. Nuestra Patria tiene el derecho de conocer la verdad de los hechos y de los acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia de todo signo.

Ese derecho se traduce en la posibilidad de conocer los motivos que impulsaron a los autores y los detalles de tiempo, lugar y modo de los hechos violatorios al orden constitucional, preparados con mucho tiempo de antelación. Algunos juristas expresan que el derecho a la verdad es un bien jurídico colectivo inalienable, lo que no arroja duda alguna sobre estas circunstancias, pero más allá de una concepción colectiva de este derecho hay que pensar que tiene también una concepción individual, cuyos titulares son cada una de las víctimas y sus familiares.

Sí, debemos reconocer que el gobierno constitucional presidido por Néstor Kirchner fue sin dudas quien mayor referencia histórica y difusión masiva de estos hechos aportó al país, que se hizo firme en la reposición de la justicia, no como modo vengativo, sino con la sonada conciencia de que la verdad es la que indudablemente ayuda a construir una Patria Libre, Justa, Soberana, Independiente y a afirmarla, fehacientemente, en la doctrina de lo históricamente firme y de lo inatacablemente veraz.

El derecho a la verdad tiene su raíz más profunda en la forma Republicana de Gobierno. Desde los lluviosos días de aquel mayo de 1810, nuestro pueblo siempre quiso saber de que se trataba. Este derecho también es parte integrante de la libertad de expresión y del derecho a conocer la información en posesión del Estado. Es, además, la conciencia de que con él edificamos la verdad, individual y colectivamente. Nuestra historia merece levantarse sobre una veracidad completa, pública, imparcial y oficial; y nosotros debemos ejercer ese derecho a la verdad, derecho que es correlativo de un deber, el deber de saber que ocurrió y por qué.

Los asesinatos, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, que violan el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad. Estos hechos y violaciones deben ser investigados por el Estado, por una doble causa: por ser el que reúne la voluntad de cada individuo, y el único capacitado para aclarar estos actos. Es el que está mejor posicionado para ello ya que tiene a su disposición la información, la documentación y otros elementos que debieran ser el punto de partida de la investigación requerida.

El esfuerzo por esta verdad debe estar dirigido al conocimiento y al reconocimiento. El conocimiento consiste en la verdad de los hechos, que a partir de la evidencia acumulada, ya no pueden negarse. Se podrá siempre aducir a causas exculpatorias de orden ideológico o histórico, o razones de emergencia, de fuerza mayor, estado de necesidad, o imperioso requerimiento de la salvación nacional, aunque se expresen estas justificaciones solamente en sentido figurado o retórico.

En cuanto al reconocimiento, es una especie de transformación que sufre la verdad histórica cuando ella es asumida en forma oficial por el Estado y la sociedad, expresando a las víctimas y a sus familiares que el padecimiento sufrido no pasó desapercibido, y que se toma conocimiento y reconocimiento de esa historia con la intención de contribuir a evitar que se repita en el futuro.

Una comisión dedicada a esta tarea, una Comisión de la verdad, no es algo desconocido para nosotros. Como antecedente, podemos enunciar a la CONADEP, y a los actuales famosos juicios por la verdad.

En el contexto internacional, comisiones con esta finalidad existieron y existen en la actualidad. Son órganos de investigación creados para ayudar a enfrentar graves situaciones de violencia política o conflictos internos y también para enfrentarse con el pasado desde un punto de vista crítico, a fin de superar las invisibles pero profundas heridas producidas y evitar, como ya dijimos, que se reiteren acontecimientos violatorio al orden constitucional, o al sentimiento de paz en el que siempre los argentinos vivimos.

Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares, acompañen y apoyen el presente Proyecto de Resolución, como así también el Proyecto de Comunicación (N° expediente 747/08), presentado por el senador Juan Carlos Romero.