La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, para que por intermedio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), explique el estado actual de las denuncias relacionadas con la supuesta venta atada de alimentos en los cines de nuestro país.

Asimismo, se informe:

1) Cantidad de denuncias recibidas.

2) Expedientes iniciados a raíz de las denuncias y su estado actual.

3) Datos estadísticos referentes a la facturación de los cines relacionada con la venta de alimentos.

4) Listado de empresas que se dedican a la venta de alimentos en cines.

5) Si se han realizado tareas de manera conjunta con la secretaría de Defensa del consumidor.

6) Si se han implementado multas conforme a lo dispuesto por el marco legal vigente.

Señor presidente:

El crecimiento económico de nuestro país en los últimos años y la globalización han posibilitado la expansión y desarrollo de centros comerciales que concentran, en un mismo lugar, distintas formas de entretenimientos para toda la familia; entre ellos las grandes cadenas de cines.

Estas cadenas de entretenimiento han unido en una misma locación diferentes consumos: la exposición de un film con la degustación en el interior de la sala de comidas o snaks con el fin de trasladar la comodidad del hogar al confort y acústica de una sala de cine. Esto ha llevado a las cadenas a desarrollar un sector de servicios gastronómicos que incentiva el consumo en el momento previo al ingreso a la sala.

La sala cuenta con todo lo apropiado para llevar a cabo consumos gastronómicos pero estos se limitan sólo a los expedidos por los lugares correspondientes al interior del cine. Los precios son abusivos con relación a la misma mercadería comprada en otros centros de expendio que se ubican a metros de las salas. Por tratarse de centros comerciales donde conviven varios rubros comerciales, es común encontrar expendio de bebidas, comidas y golosinas en mejores condiciones económicas para el consumidor, sin que éste pueda ejercer con libertad su derecho a consumir en una sala que se la habilita para ello, en condiciones que más le convenga.

Es curioso el abuso en precio sobre una bebida gaseosa así como sobre el consumo de pochocho. Nuestro país, con aproximadamente 160.000 toneladas anuales, es el principal exportador de maíz pisingallo y el segundo, después de Estados Unidos, en volumen de producción. Cada tonelada exportada de este producto tiene un valor FOB de entre 350 y 360 dólares y según datos del mercado hay solo una empresa que provee a estas cadenas de entretenimientos, por lo general de capitales trasnacionales.

Independientemente de estos datos, hoy en día, lejos de ser un momento de esparcimiento familiar, ir a los cines se ha convertido en una salida de lujo. Si calculamos los gastos para una pareja con dos hijos, tenemos que entre el valor de la entrada, más una gaseosa por persona, y agregando los tradicionales pochoclos, estamos ante una salida no menor a los $80.

Ante esta situación, la gente opta por comprar en otros negocios las golosinas y gaseosas, pero se ven imposibilitados de ingresar a los cines con las mismas, ya que se prohíben, mediante carteles o por intermedio de personal de la empresa, el ingreso a las salas con alimentos no adquiridos en sus snacks o candy bar, haciendo alusión del "derecho de admisión" que las asiste. Sin embargo los derechos de admisión no deberían rozar los límites de la exclusión económica como en este caso.

Por estas razones, se han presentado denuncias ante la Comisión de defensa de la competencia por que se estaría violando la ley 25156, ley de Defensa de la Competencia.

Esta ley, establece en su artículo 2 inciso i), que: "Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia: inciso i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien"

Este artículo establece lo que se conoce como "venta atada" y esta penada por el inciso b del artículo 46 de dicha ley que establece que: b) Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 13 del Capítulo III, serán sancionados con una multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la violación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán.

Ante los constantes reclamos de usuarios ante Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia, por la supuesta venta atada es que redactamos el presente pedido de informes ante el deber como legisladores de garantizar los derechos de los ciudadanos de nuestra Nación evitando el abuso de de diversos sectores.

Por tales motivos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.