La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través de los organismos competentes informe a esta Cámara si hay iniciado algún tipo de investigación a fin de detectar:

-Si en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia funciona un grupo de espionaje dirigido por el Subsecretario de Inteligencia Sr. Francisco Larcher, autónomo de la órbita de competencia del Director del organismo Sr. Héctor Icazuriaga, y encargado de "pinchar" los teléfonos y violar las casillas de correo electrónico de varios periodistas y funcionarios del gobierno nacional, tal como denunció el ex agente de inteligencia del Estado, Sr. Iván Germán Velásquez, en el periódico Perfil del 11 de mayo pasado.

2. Si en el ámbito de la Secretaria de Inteligencia se dispuso la violación de correspondencia electrónica y escuchas telefónicas al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sr. Alberto Fernández; al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Carlos Stornelli; al Sr. Juan Manuel Abal Medina; y a otros funcionarios de alto rango del gobierno nacional, tal como denunció el ex agente de inteligencia del Estado Sr. Iván Germán Velásquez, en el periódico Perfil del 11 de mayo pasado.

3. Si en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia se dispuso la violación de la casilla electrónica del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti y del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Sr. Aníbal Fernández.

4. Si los correos electrónicos intimidatorios y las amenazas al CEO del Grupo Clarín Héctor Magnetto y a la Directora del Diario Clarín Ernestina Herrera de Noble se originaron en la Secretaría de Inteligencia.

5. Si es cierto que la Secretaría de Inteligencia asiste financieramente a la Federación Tierra y Vivienda, liderada por el Sr. Luis D'Elía, tal como lo denunció el ex agente de inteligencia Sr. Iván Germán Velásquez, en el Diario Perfil del 11 de mayo pasado.

6. En el caso de las respuestas afirmativas, detalle los avances de la investigación.

Señor presidente:

Si en el pasado, los espías del Estado sirvieron para implantar el terror que hizo posible esa maquinaria que dejó un país de muertos insepultos, resulta preocupante que a cuarto siglo de la democratización el Estado todavía no controle a sus espías, subordinándolos a la principal tarea que deberían cumplir en una sociedad democrática, que es la de proteger a sus ciudadanos. Por el contrario, vuelven a inspirar temor porque como revelan las denuncias periodísticas y judiciales, algunos integrantes de la Secretaría de Inteligencia siguen extorsionando a través de las escuchas telefónicas, la invasión de los correos electrónicos, las mentiras y las amenazas para asustar y sembrar el miedo.

Aun cuando nuestra atrasada cultura política vive como natural esas invasiones a la privacidad, protegida ampliamente tanto por nuestra legislación como por los tratados de validez universal a los que nuestro país se comprometió cumplir, llama la atención que se siga insistiendo en una práctica que, tal como la tortura, simboliza el pasado que debemos dominar y superar sólo en base al cumplimiento de una legalidad de validez universal.

En mi primer año legislativo, me hice eco de la preocupación de numerosos periodistas, todos respetados profesionales, alarmados por la invasión de las casillas de correo electrónico del juez Daniel Rafecas y del periodista del diario Clarín Daniel Santoro, así como de otros funcionarios judiciales, periodistas, empresarios y hasta del mismísimo Congreso de la Nación, donde a partir de una investigación extraparlamentaria se constató que estaban intervenidos los teléfonos de una decena de diputados. Al margen de la sanción de la ley que equipara el delito informático a la invasión de la correspondencia de papel, nada se hizo para resguardar la intimidad y proteger a las personas de relevancia pública. Tampoco nada informó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con lo que se recrea la sensación de desprotección de la ciudadanía y el desinterés sobre estas oscuras prácticas que vienen del pasado. Por el contrario, en momentos de gran crispación política vuelve a apelarse a los fondos del Estado para acusar, difamar o descalificar a los que se muestran críticos del Gobierno.

El pasado se moderniza con las nuevas tecnologías y el dinero, en una sociedad del precio que cancela el valor, favorece la actitud de empleados infieles que como mercenarios venden la información al mejor postor. Por eso se impone saber quiénes son, para quién espían, a quién venden esa información. Urge también que los agentes que trabajan en la Secretaría de Inteligencia sean controlados externamente y que las comisiones parlamentarias pierdan su pasividad porque se corre el riesgo de que aquellos que utilizan a los mercenarios a sueldo para sus intereses personales queden entrampados en esas mismas

garras. Sobre todo, cuando los delitos modernos se han sofisticado de tal manera que encuentran a un Estado que ayer fue terrorista y no reconstituyó en la democracia los valores -no sólo la tecnología- que le permitan hacer frente al crimen organizado. Como advierten los investigadores de los temas de inteligencia, mucha mano de obra desocupada al servicio de intereses espurios hoy está privatizada y bien paga.

En razón de estos argumentos es que requerimos al Poder Ejecutivo dé cuenta de los mecanismos de control y erradicación de estas prácticas de extorsión que no atentan sólo contra la ciudadanía sino contra el mismo Gobierno nacional.