La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación responda sobre las siguientes cuestiones:

1.-Informe acerca de los contenidos del proyecto de construcción de un barco para que salgan a pescar los presos de la Unidad 6 de Rawson, detallando las características del mismo y el alcance respecto a la población carcelaria de la unidad.

2.-Detalle los costos totales de dicho emprendimiento, tanto en infraestructura como en todo aquello que haga a su puesta en práctica, tales como equipamiento, permisos de pesca, construcción de cámaras procesadoras en el penal y cualquier otra inversión para la puesta en marcha, informando en qué etapa de ejecución está el mismo, proveyendo la documentación respectiva

3.-Informe respecto a las especificidades y número del personal especializado que requiere dicho emprendimiento, incluyendo el costo de sueldos y demás retribuciones y gastos, detallando los mismos con la correspondiente documentación respaldatoria.

4.-Detalle las condiciones de trabajo que tendrán los internos, en cuanto a sueldo, jornada laboral, aportes y demás contribuciones, especificando cada una de ellas.

5.-Informe en qué estado se encuentra en la actualidad la tramitación del permiso de pesca, el que según informaciones que han trascendido habría sido negado por el Consejo Federal Pequero en reunión celebrada el 16 de enero de 2013.

6.-Informe cuáles fueron las causales que motivaron el relevamiento del señor Gumersindo Gómez, quien habría asumido como director de la unidad en enero de 2013 y dado de baja en dicha función a los sesenta días de asumir.

7.-Informe cuál es el destino que se dará al producto de dicho emprendimiento, si es solo para consumo de los internos de esa y otras unidades o si hay un proyecto de comercialización por fuera del servicio penitenciario. De ser así, detalle cual es la ganancia estimada por dicha comercialización.

8.-Informe cuales fueron los motivos por los cuales el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se ha retirado del proyecto.

Señor presidente:

Consideramos de vital importancia para la resocialización de las personas privadas de libertad todo proyecto que tienda a la capacitación y a la reinserción social, especialmente aquellos que dan posibilidades concretas de trabajo con una retribución justa y al mismo nivel y monto de cualquier ciudadano. No por ello dejamos de ser críticos respecto a las condiciones de encierro inhumanas y degradantes al igual que rechazamos cualquier trato que no respete nuestra constitución nacional y lo reglado en toda la legislación internacional suscripta por nuestro país.

Por ello al interiorizarnos de este proyecto, tanto por la información periodística que ha trascendido como por el pedido de algunas instituciones de derechos humanos, como el Observatorio Internacional de Prisiones, es que presentamos este pedido de informes al poder ejecutivo a fin de poder aclarar algunos puntos que resultan poco claros o, al menos, con datos insuficientes.

Entre ellos figura la inversión requerida para la construcción del barco, que parte de la cifra de $800.000, pero que otras fuentes lo establecen duplicando dicho monto. A ello habría que agregar el costo de la planta procesadora de pescado dentro del penal y el costo del permiso de pesca que estaría alrededor de $ 500.000.

Actualmente el barco está en el puerto de Rawson, mediría 9 metros de largo por 4 de ancho, está pintado de celeste y blanco y sería bautizado con el nombre de Néstor Kirchner. Su actividad pesquera estaría centrada en la merluza e integraría la tripulación entre 4 ó 5 presos por viaje los que rotarían para dar posibilidades de trabajo a varios internos. Al costo hay que agregarle la mano de obra especializada que requiere esta actividad y el equipamiento requerido para su navegación.

Otras de las informaciones que han trascendido es que en este momento en la zona donde el barco realizaría sus actividades, se ha decretado la emergencia pesquera y ese es el motivo de que no se otorguen licencias.

Otro dato que requiere aclaración es el caso del relevamiento del ex director Gumersindo Gómez quien habría encontrado irregularidades en el proyecto y las habría planteado por escrito a Fernando Supa, segundo del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, y por cuyo motivo habría sido desplazado, cumpliendo actualmente funciones en la Dirección de Retiros y Pensiones.

Por ello entendemos que todas estas zonas grises que empañan el proyecto, deben ser aclaradas a fin de no convertir una iniciativa de esta naturaleza, que si bien requiere una inversión considerable y con escasa intervención de internos, podría, si se la implementa con honestidad y responsabilidad, posibilitar el financiamiento de otros proyectos que sirvan a la inserción y socialización de las personas privadas de libertad.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.