La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que solicite al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que informe sobre los siguientes puntos:

1) Si se ha impartido algún tipo de instrucción, a la Policía Federal Argentina y a la Guardia de Infantería, sobre el modo de llevar adelante el operativo del desalojo del "Hogar San José Obrero", dispuesto el día 15 de mayo de 2009 por la Sra. Jueza Myriam Rustán de Estrada.

2) En el caso de que así sea, que informen cantidad de móviles y personal afectado para tales fines.

3) Si se trataba de personal capacitado en el trato y traslado de niño/as y adolescentes.

4) Teniendo en cuenta el resultado de la medida, en particular la violencia con que se implementó la misma, si los funcionarios policiales que intervinieron se sujetaron estrictamente a la instrucción impartida por vuestro ministerio.

5) En caso contrario, si se han dispuesto medidas sancionatorias al respecto, cuáles y quienes han sido objeto de las mismas, o qué otras medidas se han adoptado.

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto los violentos hechos que se produjeron con motivo del desalojo ordenado por la Jueza Myriam Rustán de Estrada, a los niño/as y adolescentes que vivían en el "Hogar San José Obrero", dependiente de la Fundación Felices los Niños, el día viernes 15 de mayo de 2009. La violencia fue originada por algunos vecinos, colaboradores de la Fundación, y un grupo de jóvenes que residen en dicho hogar, quienes trataron de impedir la concreción del desalojo. Dicha situación culminó en un enfrentamiento con la Guardia de Infantería y personal de la comisaría Nº 37 de la Policía Federal (Circunscripción V).

La medida dispuesta por la magistrada tuvo su origen en un informe emitido por el Defensor de Menores, Marcelo Jalil (cuya labor debe ser destacada), donde se cuestionó el funcionamiento del hogar aludiendo a presuntos abusos sexuales que sufrieron las personas menores de edad que se alojaban en dicha institución. La investigación por abusos sexuales se originó a raíz de un intento de suicidio, por parte de un menor de 8 años residente del Hogar, quien manifestó haber sido abusado en más de una oportunidad por sus pares.

Teniendo en cuenta que la violenta labor policial, en la ejecución de la medida de desalojo, lejos estuvo de auxiliar a la justicia, sino todo lo contrario, ya que conculcó derechos fundamentales de personas menores de edad, consideramos que resulta pertinente efectuar el presente pedido de informes al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El mismo, tiene por fin conocer si se dispusieron instrucciones precisas, al personal policial, acerca del modo de ejecutar la medida judicial dispuesta, y el posterior traslado de las personas menores de edad. Esto, en vista que las fuerzas de seguridad, que actuaron en el caso, ejercieron una actuación a todas luces desproporcionada, sobre todo al considerar que las personas que desalojaban eran niño/as y adolescentes.

Lo expuesto ha sido reflejado por diversos matutinos; uno de ellos, Página 12 (1) , reprodujo los dichos de fuentes cercanas al personal del Consejo de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, quienes manifestaron que "el procedimiento judicial fue desorganizado en cuanto que no se valló la puerta por la cual se efectuaría el desalojo, como así tampoco se arbitraron los medios necesarios para evitar el accionar de la gente que estaba fuera del hogar".

La inacción de los funcionarios policiales quedó expuesta, aún más, con el impedimento de la salida del hogar de una de las camionetas que transportaba algunos de los menores de edad, hasta entonces, alojados en dicho edificio. Al respecto dijo Diario Perfil en su nota del 16 de mayo de 2009: "El desorden generó que los efectivos de la Guardia de Infantería comenzaran a avanzar con violencia, mientras que las personas que trataban de impedir el desalojo respondían arrojando piedras y otros objetos contundentes" (2) . La violencia ejercida por los efectivos fue manifestada por el Diario Clarín en los siguientes términos, "(...) un grupo de personas, entre ellas niñas y adolescentes, sufrieron un violento desalojo por parte de la Guardia de Infantería" (3) .

El accionar policial, así, denota la escasa prevención y la falta de preparación de los funcionarios policiales actuantes en el momento del cumplimiento de la orden de desalojo. Tal es así, que algunos de los menores de edad que se alojaban en dicho Hogar, declararon que efectivos policiales ejercieron malos tratos y violencia al momento de ejecutar la medida en cuestión. Esto, estimados colegas, es una muestra de la falta de capacitación policial necesaria para tratar con niños/as y adolescentes requerida en este tipo de situaciones.

En síntesis, el presente pedido de informes está motivado en el accionar errático de la Policía y de la Guardia de Infantería, ya que al momento de ejecutar la orden de desalojo, no garantizaron la seguridad de los niños objeto de la medida. Sin embargo, no es nuestra intención solidarizarnos con el proceder de las personas pertenecientes a la Fundación quienes, tal como lo ha manifestado la Asesora Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura Musa, "efectuaron una grosera manipulación de los niños y adolescentes en pos de una brutal defensa de intereses que nada tienen que ver con sus derechos, sino con el juicio que se le sigue al cura Grassi".

En virtud que resulta evidente que en el intento de desalojo de los niño/as y adolescentes que moraban en el Hogar San José Obrero, resultaron vulnerados los derechos fundamentales de los mismos, por algunos miembros de las fuerzas de seguridad, es que solicitamos el pedido de informes en cuestión

Por todo lo expuesto invitamos a los Sres. Diputados a que acompañen el presente proyecto.-