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PROYECTO DE TP
Expediente 2434-D-2012
Sumario: TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA: REGIMEN.
Fecha: 23/04/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 34
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1: La presente ley tiene por
objeto regular el uso de las técnicas para la Reproducción Humana Asistida.
Artículo 2: A los efectos de la presente
ley, se entiende por Técnicas para la Reproducción Humana Asistida al conjunto de
procedimientos biotecnológicos destinados a obtener un embarazo viable.
Artículo 3: Las Técnicas de
Reproducción Humana Asistida serán de aplicación a toda persona que reúna los
requisitos establecidos en el artículo 4 y que preste su consentimiento informado
respecto de las modalidades, posibles resultados y riesgos de la técnica médica
recomendada.
Artículo 4: Podrán solicitar el empleo de
las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, las personas que reúnan las siguientes
condiciones:
a. Existencia de una limitación en la
capacidad reproductiva.
b. Encontrarse en pleno uso de sus
facultades mentales.
c. Ser una mujer no menor a 18 años
y no mayor a 50 años.
d. No haber recibido con anterioridad
un tratamiento de RHA sujeto al protocolo que surge de la reglamentación de la
presente ley.
e. Ser miembro de una pareja estable
(3 años)
f. No presentar problemas de salud
(distintos a la infertilidad o esterilidad) que pongan en riesgo la vida de la madre o del
hijo durante el embarazo o el parto.
En los casos de mujeres menores de 21 o
mayores de 45 años, un Comité Multidisciplinario, que se constituirá bajo la orbita de
la autoridad de aplicación de la presente ley, dictaminará acerca de la conveniencia o
no de la realización del tratamiento, considerando las razones y argumentos de todas
las partes interesadas (pacientes, aseguradoras y el Estado) y sobre la base de criterios
objetivos y explícitos relacionados con el estado psicofísico de los destinatarios de las
Técnicas, los progresos en sus proyectos educativos y laborales, las características de
sus redes de apoyo familiares y sociales, y otros factores de contexto que pueden
condicionar el crecimiento y desarrollo de la persona por nacer.
CAPITULO II
DE LA DONACIÓN DE
GAMETOS
Art. 5º: La donación, en los supuestos
autorizados, se realizará formalmente, por escrito, con expreso consentimiento
informado del donante y de los beneficiarios de las técnicas. La misma reviste carácter
de anónimo en cuanto a la identidad del dador.
Art. 6: El donante debe ser mayor edad
y capaz, debe cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio médico que
establecerá la autoridad de aplicación para demostrar que no padece enfermedades
genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia.
Art. 7: El establecimiento en el que se
realice la donación y el equipo que tiene a su cargo la aplicación de las THRA con
gametos donados, tiene prohibido establecer cualquier tipo de clasificación de las
muestras que permitan la identificación de rasgos fenotìpicos de los donantes. Una
misma persona puede donar sus gametos hasta tres veces, como máximo.
Art. 8º- Toda donación de gametos debe
realizarse a título gratuito. Queda prohibido a los centros médicos asistenciales la
promoción de incentivos económicos, lucrativos o comercial para la donación, así como
la realización de compensaciones de cualquier tipo o naturaleza. No se puede concebir
más de tres hijos con los gametos de un mismo donante. La conservación de los
gametos esta permitida por un periodo no mayor a los 3 años.
Art. 9º- El donante de gametos no puede
en ningún caso reclamar derechos vinculados a la filiación sobre la persona nacida de
los gametos por él donados.
Art. 10º.- La donación es revocable a
sólo requerimiento del donante.
Art. 11º.- La autoridad de aplicación
debe establecer protocolos específicos que prevean procedimientos seguros para la
recolección y manipulación de gametos en los actos de donación y de transferencia. La
autoridad de aplicación podrá en cualquier momento fiscalizar los registros y las
condiciones de conservación y utilización de las muestras conservadas en los centros
especializados.
CAPÍTULO III
DE LA IDENTIDAD Y
FILIACIÓN
Art. 12º.- La transferencia confiere a la
persona nacida una única filiación, desconociendo toda pertenencia, parentesco y
efectos jurídicos con su familia de raíces genéticas, con la sola excepción de los
impedimentos matrimoniales establecidos para la adopción plena.-
Art. 13º.- La persona nacida de
gametos donados por terceros, una vez llegada a la mayoría de edad, podrá conocer la
identidad del donante que aportó sus respectivos gametos en los términos y con los
efectos previstos en la presente ley.
CAPÍTULO IV
PROHIBICION DE MADRES
SUBROGANTES
Art. 14 Se prohíbe la práctica de madres
subrogantes, práctica conocida como "alquiler de vientre o útero".-
CAPITULO
V
ACCIONES PROHIBIDAS
Art. 15- A partir de la sanción de la
presente Ley, queda prohibido:
a) La adopción de embriones.
b) El uso de los embriones para
experimentación.
c) La comercialización de embriones.
e) La donación de embriones
f) La comercialización de gametos
CAPITULO VI
CONSERVACION DE
EMBRIONES
Art.16: La crioconservacion de
embriones está prohibida. Solo se permitirá en los siguientes supuestos:
a). Mientras dure el tratamiento.
b) Cuando surjan intercurrencias
transitorias que pongan en riesgo la viabilidad del embarazo.
Art. 17 Los derechos sobre los
embriones criopreservados corresponden a las parejas destinatarias de las técnicas de
reproducción humana asistida.
El diagnostico genético preimplantatorio
esta permitido únicamente en los casos en que uno o ambos miembros de la pareja
sean portadores de una enfermedad genética.
CAPITULO VII
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Art. 18- Será autoridad de aplicación de
la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 19 Crease, en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, un registro único en el que deberán estar inscriptos
todos aquellos establecimientos médicos que realizan las Técnicas de Reproducción
Humana Asistida. El mismo funcionara en el ámbito del organismo de fiscalización y
control.
Art. 20 La Reproducción Humana
Asistida sólo podrá realizarse en los establecimientos que cumplan con los requisitos
que determine la autoridad de aplicación.
Art. 21 La autoridad de aplicación podrá
en cualquier momento fiscalizar los registros y las condiciones de conservación y
utilización de las muestras conservadas en los centros especializados.
Art. 22 Todas las instituciones
habilitadas deben informar a la autoridad de aplicación sobre:
1. Cantidad de procedimientos
realizados especificación de tipos.
2. Tasa de fertilización.
3. Tasa de embarazos
4. Tasa de embarazos múltiples
5. Tasa de parto pretèrmino
6. Tasa de aborto espontáneo
7. Embarazo ectópico y otras
complicaciones
8. Cantidad de embriones
conservados
9. Cantidad de embriones
transferidos por ciclo y por pareja
10. Cantidad de embriones
transferidos en total
11. Cantidad y tipo de gametos
conservados
12. Cantidad y tipo de gametos
donados
13. Tiempo de conservación de
gametos
14. Tiempo de conservación de
embriones
15. Toda otra información que la
autoridad de aplicación considere necesaria y oportuna.
CAPITULO VIII
COBERTURA
Art. 23 El Sistema Publico de Salud, las
Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al
personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o
beneficiarios, la cobertura de los procedimientos diagnósticos y el tratamiento mediante
las siguientes técnicas de reproducción humana asistida: estimulación ovárica, (como
tratamiento único o como coadyuvante de inseminación artificial) e inseminación
artificial.
En el sistema público se otorgará
prioridad absoluta al tratamiento de la infertilidad primaria (mujeres que no hubieren
concebido hijos con anterioridad).
CAPITULO IX
SANCIONES
Art. 24 El Ministerio de Salud de la
Nación es la autoridad competente para aplicar las sanciones administrativas previstas
en la presente ley para los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
establecidas en ella.
Art. 25 Las sanciones se deben graduar
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Los riesgos para la salud de la
madre o de los embriones generados
b) El perjuicio social o el que hubiera
generado a terceros
c) El importe del eventual beneficio
pecuniario obtenido por la realización del tratamiento de fertilización asistida
d) La gravedad del hecho
e) La reiteración.
Art. 26 Son infracciones las siguientes
conductas:
a) Aplicar las técnicas de
reproducción humana asistida a una persona que no reúna los requisitos del artículo
4.
b) Omitir la información sobre las
técnicas de reproducción humana asistida o el consentimiento informado a los
beneficiarios o a los donantes de gametos en los casos autorizados para la
donación.
c) Utilizar las técnicas de
reproducción humana asistida antes de producirse la fecundación, pese a la revocación
manifestada por uno o ambos beneficiarios,
d) Practicar técnicas de reproducción
humana asistida no autorizadas por la Autoridad de aplicación,
e) Aplicar las técnicas de
reproducción humana asistida sin realizar los estudios previos que diagnostiquen
esterilidad e infertilidad y el descarte de otras técnicas de menor complejidad que no
hayan dado resultados.
f) Aceptar una donación de gametos sin
cumplir con las exigencias del protocolo obligatorio, conforme lo determine la
reglamentación
g) Retribuir económicamente la
donación de gametos o promoverla por cualquier incentivo económico, lucrativo o
comercial.
h) Incumplir el deber de
confidencialidad de los datos de carácter personal de los donantes,
i) Practicar sobre los embriones las
acciones prohibidas con los alcances establecidos en el artículo 15 de la presente ley,
como su adopción, uso para investigación, comercialización y donación,
j) Comercializar gametos,
k) Omitir la remisión de datos que
establezca la autoridad de aplicación, conforme lo determine la reglamentación,
l) Realizar la práctica de técnicas de
reproducción humana asistida en establecimientos que no estén inscriptos en el
registro establecido en el artículo 19 de la presente ley,
m) Realizar la práctica de técnicas de
reproducción humana asistida en establecimientos que no cumplan con los requisitos
que determine la autoridad de aplicación,
n) Incumplir con la cobertura prevista
en el artículo 23 de la presente ley.
Art. 27: Las sanciones que debe aplicar
la autoridad de aplicación son las siguientes:
i) Apercibimiento
ii) Publicación de la resolución que
dispone la sanción en un medio de difusión masiva, conforme lo determine la
reglamentación
iii) Multa que debe ser actualizada por
el Poder ejecutivo Nacional en forma anua conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC- desde pesos mil ($ 1000) a pesos
un millón ($ 1000000) susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de
reiteración.
iv) Suspensión de la inscripción en el
registro regulado por el artículo 15 de la presente ley por el término de quince (15) días
a un (1) año con publicación de la resolución que lo imponga a cargo del infractor
v) Clausura del establecimiento de
uno a cinco años.
Art. 28: La autoridad de aplicación de la
presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su
jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda facultada a
promover la coordinación de esta función con las jurisdicciones que hayan adherido.
Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la sustanciación de
los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su
representación en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra
las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede
judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones competente con
jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación
de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes
a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros el precurso
podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 29 Las multas previstas se deben
destinar a solventar el funcionamiento del Registro establecido en el artículo 15 de la
presente ley, al cumplimiento de las obligaciones reguladas y a realizar campañas
anuales sobre la difusión del contenido de la presente.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES
Art. 30: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro del término de treinta días de su promulgación.
Art. 31: Invitase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en la parte
pertinente.
Art. 32: Comuníquese al Poder ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deseo de tener un hijo constituye una
expectativa valiosa y que merece incuestionablemente la tutela del ordenamiento
jurídico. Es por tal motivo que contamos en nuestro país con un vasto sistema de
normas que protegen tanto a los progenitores como a los hijos. El tema que nos ocupa
con el presente proyecto refiere al de aquellas parejas que se encuentran
imposibilitadas de procrear y que en tal caso, deben recurrir al empleo de técnicas de
reproducción humana asistida.
Todos sabemos que el tema implica una
serie de opciones éticas que hacen su análisis complejo y que ha determinado que, no
obstante el tiempo transcurrido desde el inicio del empleo de estas técnicas, todavía no
hayamos podido alcanzar su regulación.
En primer término queremos dejar sentado
el marco de los derechos que contemplamos en este proyecto de ley y que determinan el
punto en el que nos posicionamos para abordar el tema. Así, entendemos que nuestra
responsabilidad institucional como legisladores, como representantes del pueblo
implica la necesidad de elaborar normas que contemplen los derechos de todos los
actores sociales involucrados en la problemática materia de la norma, porque es de esa
manera como podremos garantizar que las leyes sean "sabias y justas" como decía
Montesquieu.
Es por eso, que nosotros entendemos que
debe armonizarse el deseo de las parejas que han visto frustradas sus posibilidades de
procrear por medios naturales, con el interés superior del niño, con la sustentabilidad
del sistema de salud, con los derechos de los afiliados de las obras sociales, con el
derecho y la protección que requieren las mujeres que en situación de vulnerabilidad
social, pueden exponerse a los riesgos de donar gametas a cambio de una retribución
económica que puede recibir distintos nombres pero que siempre refleja la misma
situación reprochable.
Además, no debe omitirse considerar que
la ley que sancionemos no es una isla, sino que vendrá a incorporarse a un sistema de
normas y por lo mismo debe guardar coherencia con el ordenamiento jurídico al que se
integra.
Desde este esquema de pensamiento,
nosotros proponemos que quienes recurran a las TRHA reúnan determinados requisitos
que no solo tienen que ver con garantizar la ausencia de enfermedades, para asegurar
una producción aséptica, sino que además, con tener en cuenta que el producto del
empleo de las TRHA no es un objeto de derecho, sino un sujeto de derechos que se
encuentra amparado por la Convención Internacional de los Derechos del niño y que es
del caso respetar en todos los ordenes normativos, por cuanto tiene jerarquía
constitucional.
Por los motivos expuestos es que
establecemos que a estas técnicas solo podrá recurrirse cuando se trate de parejas,
porque entendemos que no podemos concebir a un niño para una orfandad deliberada.
Estamos convencidos que le asisten los derechos de tener dos progenitores respecto de
los cuales tendrá vocación hereditaria, vocación alimentaria y recibirá contención y
cuidados. Las leyes de Suecia, Italia, Noruega, prevén expresamente que se trate de
una pareja.
La Convención Internacional
de los derechos del niño establece: Art. 18: "Los Estados parte pondrán el máximo
empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño....."
En este sentido nuestro máximo empeño
implica garantizarle las obligaciones a ambos progenitores.
Incorporamos igualmente como requisito
la edad de la mujer, estableciendo un mínimo que se fija en 18 y un máximo que se fija
en 50 años en lo que constituye el término potencial de la edad fértil. Aquí no se
trata de cercenar arbitrariamente el derecho de la mujer a tener un hijo fuera de estos
límites. Se trata de no promover los embarazos adolescentes en lo que resultaría
agravar el problema que respecto a este tema ya se vive con intensidad en muchos
lugares de nuestro país. El límite máximo responde en primer lugar, a que la edad es
un factor decisivo en la efectividad de las técnicas y en los riesgos que se derivan de
cualquier embarazo, sea logrado naturalmente o a través de un tratamiento. A ello hay
que agregarle la necesidad de garantizarle al niño la expectativa de una sobrevida de
los padres que les permita hacerse cargo de él. Esto, porque entendemos que el
propósito de la ley está orientado a la constitución de una familia. No queremos un hijo
para satisfacer un deseo de autorrealización personal, válido ciertamente, pero que
coloca en el centro del procedimiento única y exclusivamente a la mujer, queremos que
el niño venga a integrarse al proyecto de familia de unos progenitores que tienen
expectativas de planear su futuro con la energía y fuerzas suficientes para hacerse
cargo de ese niño y de sus necesidades. La vida concebida debe ser el centro del debate
y esto por cuanto esta vida concebida no ha tenido posibilidades de elegir ni de
decidir.
La Convención Internacional
de los derechos del niño establece: Art. 7: "El niño tendrá derecho a ser inscripto
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por
ellos"
La fecundación heteròloga implica la
consideración seria y reflexiva de diferentes aristas. Entendemos que con ella se corre
el riesgo de que existan situaciones de abuso respecto de mujeres en situación de
vulnerabilidad social, se genera una arbitraria disposición del vínculo de filiación que
queda sujeto a la voluntad de los actores intervinientes en el proceso y se compromete
el derecho a la identidad del niño
En primer lugar, si consideramos la
donación de gametos desde el punto de vista de la donante, podemos apreciar que el
conjunto de procedimientos necesarios para obtener los óvulos, expone a la mujer a
una serie de riesgos. No queremos que mujeres con un acentuado perfil socioeconómico
vulnerable, recurran a exponer su cuerpo para hacerse de esta manera de recursos
económicos.
Para ello proponemos que en el supuesto
de permitirse la donación de gametos se extreme los recaudos que aseguren que la
mujer no recibirá compensación de ninguna naturaleza. La intención es que los centros
de fertilización asistida no incurran en excesos en su propósito de acceder a gametos
para llevar adelante los procedimientos prevaliéndose de mujeres necesitadas.
Pero además, la fecundación heteròloga
implica disociar deliberadamente la voluntad procreacional.
Esto implica la consideración de la
disposición que se realiza del estado civil, por cuanto si se permite de manera
irrestricta la donación de gametas, la determinación del vínculo de filiación provendrá
de una definición arbitraria que quedará eventualmente sujeta a criterios voluntaristas.
Así, si el niño fue concebido con donación de gametas masculinas y donación de
gametas femeninas en el útero de una tercera persona, la determinación de la
maternidad y la paternidad se realizará teniendo en cuenta la mujer que lo dio a luz y
la voluntad del padre de reconocerlo como su hijo.
Igual reproche nos merece la donación de
embriones, porque quienes han sido los padres primigenios, han entregado al embrión
para ser implantado en una tercera persona de quien se reputará hijo por decisión de
todos los sujetos involucrados.
En los países europeos que han regulado
las técnicas de fertilización asistida han incluido modificaciones a sus códigos o
legislación civil estableciendo la paternidad legal del padre que admite la inseminación
de su pareja.
También constituye un motivo de
preocupación la eventual eugenesia a que dará lugar la donación de gametas sin
ningún tipo de restricciones. Este es el fundamento del artículo 7 de nuestro proyecto.
Por tal motivo es que para aquellos supuestos en los que resulte indispensable su
empleo, hemos incluido como prohibición expresa la identificación de los rasgos
fenotípicos de los donantes.
La ley alemana directamente prohíbe la
fecundación heterologa, sancionando las conductas que la contengan como delitos.
Nuestro país que ha recorrido un largo
camino en pos de la consagración de la igualdad, tiene una trayectoria en la lucha
contra la discriminación. Desde esta mirada, permitir la identificación de los rasgos
fenotípicos constituiría una eventual herramienta de discriminación prenatal,
disvaliosa y reprochable.
El capítulo relacionado con la cobertura
merece una atención especial por haber sido planteada desde el inicio del debate en la
cámara, como una cuestión central de los proyectos de ley relacionados a la
fertilización humana asistida. La incorporación al PMO del tratamiento con las TRHA
implica una asignación de cuantiosos recursos que se realiza de manera implícita, sin
deliberación o consulta con todos los que pueden resultar afectados por esta decisión y
sin tener en cuenta la estructura general de costos del sistema y la necesidad
ineludible de establecer prioridades para la asignación de recursos en salud.
Percibimos por ejemplo que existe una renuencia a hablar explícitamente acerca de los
costos de estos tratamientos y del impacto que tendrán estos en el financiamiento del
Sistema, a la vez que cotidianamente en los medios masivos de comunicación, con
diferentes puestas en escena, aparecen referencias a los beneficios de las técnicas y al
imperativo de reconocer el acceso a las mismas como un derecho humano básico. En
ellos percibimos una sobre-representación de algunos sectores con intereses en la
cuestión, que pueden ser genuinos, en detrimento de otros que también deberían ser
consultados.
Al igual que con otros casos que
actualmente están siendo analizados en esta cámara, no se advierte el riesgo que
significa generar en la opinión pública una demanda asentada en expectativas que en
muchos casos no podrán ser satisfechas, no solo por las limitaciones en la cobertura
financiera del tratamiento (un articulo periodístico publicado en uno de los periódicos
de mayor tirada en nuestro país, relata el caso de una paciente que realizó once
intentos de fertilización para poder dar a luz un hijo), sino también por los propios
niveles de efectividad y eficacia de las técnicas en cuestión.
Tampoco vemos que en el debate actual se
haga alusión de una manera responsable a las implicancias bioéticas, filosóficas,
legales y jurídicas que tienen la implementación de tratamientos de esta índole (que
nosotros exponemos al inicio de nuestra argumentación). No es frecuente escuchar
referencias a los efectos adversos que estos producen, entre los cuales son
particularmente importante los psicológicos y emocionales vinculados con los
sentimientos de frustración, culpabilidad, vergüenza, con la manipulación de la
intimidad, la depresión y el stress entre otros que se incrementan frente a los fallidos
intentos de fertilización (otras complicaciones son el aumento de la tasa de abortos, de
embarazos ectópicos, de embarazos múltiples, de partos pre término, y de la mortalidad
perinatal y neonatal; síndrome de hiperestimulación con los trastornos renales y de la
coagulación a los que éste esta asociado, cada uno de los cuales representan riesgos
para la salud de la madre y su hijo). Todas estas cuestiones se minimizan con el
argumento de que fueron ya analizadas en el pasado.
Una decisión sobre la cobertura de un
tratamiento adoptada de esta manera no permite el análisis de la situación de salud
desde una perspectiva integral. Tampoco promueve la identificación de nuevas
dimensiones de los problemas y lleva a considerar un espectro reducido de opciones
alternativas, sin indagar sobre aquellas que pueden ser más costo-efectivas o
socialmente aceptadas. Por otro lado, no necesariamente responde a los valores,
necesidades, expectativas e intereses del conjunto los destinatarios de las acciones en
materia de salud.
Creemos que esta decisión debe ser la
resultante de un proceso deliberativo democrático mucho más amplio, que
seguramente redundará en el hallazgo de soluciones a otros problemas estructurales e
históricos del sector salud que también ameritan respuestas por parte del Estado en
sus tres poderes.
Frente a la limitación de los recursos
destinados a la atención de la salud, en relación con los enormes costos de los
tratamientos que se realizan mediante las TRHA, las decisiones por tomar serán
inconsistentes (decisiones diferentes en similares circunstancias), que conducirán a
que la provisión de servicios se torne arbitraria. Hecho que a su vez, da pie a la
sospecha generalizada sobre el manejo irregular de los fondos y al incremento de la
conflictividad en el sector. Esta sanción legislativa implicará una redistribución de
recursos -cada vez más escasos- que colocará una pesada carga moral y práctica sobre
quienes cotidianamente tendrán que decidir quién recibe qué servicios, al no ofrecer un
marco de referencia que los guíe en sus decisiones y acciones. Impide la construcción
de un marco ético y legal que sirva de protección de derechos tanto de los ciudadanos,
como de los propios financiadores y prestadores de servicios.
Este último hecho profundizará el problema
de la judicialización de los cuidados de la salud, frente a la cual los procesos de
apelación -incluso sobre la base de argumentos razonables- generalmente no consiguen
cambiar el rumbo de las decisiones adoptadas. Solo sirven para hacer evidente la
imperiosa necesidad de llevar adelante un adecuado debate sobre los criterios a partir
de los cuales se deberían establecer prioridades para la asignación de recursos en
salud.
Así las cosas, los resultados de la
incorporación de las Técnicas al PMO son inmensurables, pues persigue un objetivo
circunscrito a un problema de salud sin una planificación integral de la oferta de
servicios. Las consecuencias en términos de sustentabilidad económica y político-
institucional, son impredecibles. Mas teniendo en cuenta la vertiginosidad de los
progresos tecnológicos (en relación con este y otros problemas de salud) y la casi
incontenible presión de la industria que pugna por instalarlos como opciones
terapéuticas de cobertura prioritaria.
El efecto sinérgico de todas estas
situaciones potenciales que puede provocar la decisión de incorporar las TRHA al PMO,
recaerá una vez más sobre los individuos o grupos menos favorecidos de la sociedad,
pues cada vez mas en nuestro país, la cantidad y calidad de servicios que los
ciudadanos reciben está condicionada por el lugar donde viven, su capacidad
adquisitiva, su poder de lobby y/ó por las características del proveedor a quien este
recurra. Si tenemos en cuentas que en la Argentina todavía un gran segmento de la
población no cuenta con una cobertura de Obras Sociales o prepagas, al legislar sobre
la incorporación de las costosas TRHA al Programa Medico Obligatorio, estaríamos
contribuyendo a ampliar la brecha de inequidad en el acceso a la Salud, a favor de
aquellos mejor posicionados en la sociedad, por el hecho de pertenecer al sector formal
de la economía (que les otorga el derecho de pertenecer a una Obra Social) o por poseer
el poder adquisitivo que le permite la contratación de seguros privados.
Pero a pesar de lo que indica el sentido
común, por estas y otras cuestiones que analizaremos a continuación, en la situación
actual del Sector, no creemos que el Estado, a través de sus efectores públicos, deba
asumir como prioridad la cobertura total e irrestricta de este tipo de tratamientos a los
efectos de evitar reproducir o amplificar las inequidades previamente existentes.
Como consecuencia de la crisis del 2001 los
Estados provinciales y municipales, afectados gravemente en sus finanzas por la
descentralización de sus efectores de salud, tuvieron que absorber la demanda
proveniente de la población del sector de OOSS y prepagas, que migró a los servicios
del sector público por haber perdido su condición de trabajo formal, o por no encontrar
en sus Obras Sociales respuestas adecuadas a sus necesidades de salud, o por haber
perdido la capacidad de compra de seguros privados. Esto hecho tuvo dos
consecuencias: la mayor precarización de los servicios y el desplazamiento de los
beneficiarios históricos de sector públicos, los sectores menos favorecidos de la
sociedad. Como las consecuencias de cualquier crisis, esta nueva situación se instaló
rápidamente pero tardará varios años en ser revertida, aun cuando se iniciasen las
necesarias reformas que nuestro Sistema de Salud requiere. Es así como en la
actualidad somos testigos del incremento en la incidencia y prevalencia de
enfermedades, secuelas incapacitantes y muertes que, por evitables, resultan en
situaciones de flagrante injusticia. Agrava el panorama la coexistencia de enfermedades
reemergentes (enfermedades controladas en el pasado que en la actualidad reaparecen
en nuestro medio), con los llamados nuevos problemas sociosanitarios (adicciones,
problemas de salud mental, violencia, embarazo adolescente, etc) y los relacionados con
el envejecimiento de la población (enfermedades crónicas y degenerativas de costoso
tratamiento). En síntesis, frente una oferta de servicios públicos insuficiente
encontramos necesidades que exigen de cuidados de diferente tipo y cantidad.
Es por eso que planteamos cobertura
razonable de tratamientos de fertilización humana, empezando por las técnicas de baja
complejidad, con la posibilidad de un incremento progresivo a mediano o largo plazo.
Estos tiempos nos permitirán establecer un diagnóstico más claro respecto del volumen
y perfil y la distribución geográfica de la demanda, evaluar el impacto de las
intervenciones en términos de costo-efectividad, planificar la distribución adecuada de
servicios que puedan ofrecer estos tratamientos, e iniciar un proceso de negociación
sobre los costos del tratamiento y los mecanismos de pago, ya que consideramos que el
sector privado con fines de lucro no debe ser necesariamente el que condicione o
determine la oferta de estas u otras intervenciones en salud.
Además de que los destinatarios deben
reunir las condiciones expuestas en el artículo 4, tendrán prioridad absoluta las
mujeres que no hubieran concebido hijos con anterioridad.
Finalmente quiero dejar expresado que lo
que signa el presente proyecto de ley es la prudencia política que debe desplazar a las
improvisaciones e instalar medidas que permitan una construcción progresiva en la
protección de los derechos de todos los ciudadanos, con una mirada a largo plazo en
donde cada norma constituya un eslabón más del camino que nos conduzca al proyecto
de lograr una salud de excelencia con equidad.
Con el proyecto de ley que proponemos
estimamos que nos permitirá poner en funcionamiento el sistema, obtener de la
realidad los datos que necesitamos para diagnosticar las verdaderas necesidades de
nuestro sistema de salud y con ello poder trabajar reflexivamente en posteriores
avances que no se harán ya sobre proyecciones, estimaciones o expectativas, sino que
tendrán la base cierta que nos habilitará a diseñar el marco jurídico necesario y
adecuado para esta problemática, para este país y para esta realidad.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| FIAD, MARIO RAYMUNDO | JUJUY | UCR |
| BIELLA CALVET, BERNARDO JOSE | SALTA | UDESO SALTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
| FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| LEGISLACION GENERAL |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 13/06/2012 | DICTAMEN | Aprobado con modificaciones Dictamen de Mayoría con disidencias y cuatro Dictamenes de Minoría |
| 04/06/2013 | DICTAMEN | Aprobado sin modificaciones aceptando sancion del H.Senado. |
Dictamen
| Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Diputados | Orden del Dia 0469/2012 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | DICTAMEN DE MAYORIA: CON MODIFICACIONES, CON 7 DISIDENCIAS PARCIALES; CUATRO DICTAMENES DE MINORIA: CON MODIFICACIONES. | 18/06/2012 |
| Diputados | Orden del Dia 2031/2013 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | DICTAMEN DE MAYORIA: ACONSEJA APROBAR EL PROYECTO VENIDO EN REVISION, CON UNA DISIDENCIA PARCIAL; DICTAMEN DE MINORIA: ACONSEJA SU RECHAZO | 05/06/2013 |
| Diputados | Orden del Dia 2031/2013 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | DICTAMEN DE MAYORIA: LA COMISION ACONSEJA ACEPTAR LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO; CON 1 DISIDENCIA PARCIAL; DICTAMEN DE MINORIA: ACONSEJA SU RECHAZO | 05/06/2013 |
| Senado | Orden del Dia 1113/2012 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | SE ACONSEJA APROBAR EL PROYECTO VENIDO EN REVISION | 27/09/2012 |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DEL DIPUTADO BIELLA CALVET (A SUS ANTECEDENTES) | 23/05/2012 | |
| Diputados | COMIENZA CONSIDERACION Y APROBACION EN GENERAL CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | 27/06/2012 | |
| Diputados | CONSIDERACION Y APROBACION CON MODIFICACIONES CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | 27/06/2012 | MEDIA SANCION |
| Diputados | INSERCIONES DE LOS DIPUTADOS BIELLA CALVET, DIAZ BANCALARI, GALLARDO, GIL LAVEDRA, GRANADOS, MENDOZA (M.S.), MONGELO, OBIGLIO, PIETRAGALLA DORTI, RODRIGUEZ Y VILARIÑO CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | 27/06/2012 | |
| Senado | PASA A SENADO - CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | ||
| Senado | MOCION DE PREFERENCIA CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 3169-D-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012 y 3837-D-2012 | 15/08/2012 | |
| Senado | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | 20/03/2013 | |
| Senado | CONSIDERACION Y APROBACION CON MODIFICACIONES CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | 24/04/2013 | MEDIA SANCION |
| Diputados | VUELVE A DIPUTADOS - CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | ||
| Diputados | MOCION SOBRE TABLAS (AFIRMATIVA) CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | 05/06/2013 | |
| Diputados | CONSIDERACION Y SANCION (ACEPTACION DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO) CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | 05/06/2013 | SANCIONADO |
| Senado | INSERCIONES CONJUNTAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES 0048-D-2011, 0028-CD-2012, 0016-S-2011, 3169-D-2011, 1026-S-2011, 1070-S-2011, 1316-S-2011, 1442-S-2011, 1529-S-2011, 6054-D-2011, 0031-D-2012, 0904-D-2012, 1383-D-2012, 2434-D-2012, 2568-D-2012, 3051-D-2012, 3671-D-2012, 3837-D-2012, 1104-S-2012, 1436-S-2012 y 2201-S-2012 | 24/04/2013 |