La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional impulse las acciones necesarias en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para el reconocimiento del genocidio cometido contra el pueblo armenio por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, como crimen de lesa humanidad en el marco de la normativa penal internacional.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Es altamente saludable para nuestra democracia que el Congreso de la Nación, centre su atención en reflexionar acerca de los execrables hechos acontecidos al pueblo armenio. Siempre es bueno conocer, pero en este caso, conocer significa además, atravesar el muro de silencio que encubre la tragedia de este pueblo.

Armenia está ubicada al sur del Cáucaso y en su larga historia tuvo un territorio fluctuante y escasos lapsos de independencia; disputada su dominación entre los imperios otomano, persa y ruso, se encuentra hoy en gran parte ocupada por el Estado Turco. La lucha de este pueblo por su autonomía política y cultural, por alcanzar mejoras sociales es tan antigua como la historia de su dominación y data de antes del siglo XVIII.

En los primeros años del siglo XX un grupo de jóvenes turcos que vivía en París y que propugnaba la destitución del sultán dio un golpe de Estado y se apoderó del gobierno implantando un régimen nacionalista extremo. Este grupo organizó en 1909, con finalidad ejemplificadora una matanza en la ciudad de Adana, en la que aniquilaron a 30.000 armenios. Terminado lo que denominaron el experimento, se celebraron congresos secretos anuales en la ciudad de Salónica en los que se elaboró el plan, se distribuyeron funciones y se designaron responsabilidades para la puesta en marcha de uno de los mayores genocidios que conoció la humanidad, decidiéndose esperar a que se produjera el estallido de la Primera Guerra mundial que ya se avecinaba, para ejecutarlo.

Para quienes conducían los designios turcos, la oportunidad estaba en la guerra. Turquía -carente de industrias- era para Alemania un excelente mercado comprador, los gobernantes turcos ambicionaban actualizar su parque militar con armamento más sofisticado y las grandes empresas alemanas estaban interesadas en la prolongación del ferrocarril Berlín- Bagdad hasta el Golfo Pérsico, además, ya se conocían las virtudes que poseía el lugar que luego sería el yacimiento petrolero de Mosul. No resulta muy difícil advertir, la trama de intereses que silenciosamente tejió la realidad de esa época y que daría a Turquía el poder para extender su territorio hasta llegar al mar Caspio, apoderarse de los yacimientos de Bakú y vaciar estos territorios de toda su población armenia.

Con el estallido de la l Guerra Mundial en 1914, el gobierno ultranacionalista de los Jóvenes Turcos encabezados por Talaat, Enver y Djemal, reafirmó la esencia del imperio no sobre una base multiétnica como lo había proclamado en un principio, sino por la "unión sagrada de la raza turca" y la hegemonía de esa raza; siendo conocido su pensamiento como "panturquismo", y estos grupos trabajaron por imponerlo.

En la noche del 24 de abril de 1915, el gobierno turco procedió a la detención de más de 800 personas notables, todos ellos armenios. Religiosos, dirigentes políticos y sociales, intelectuales, músicos, poetas, maestros, profesionales y comerciantes fueron arrestados y asesinados. Posteriormente por decreto de Estado se dispuso: "Hay que exterminar a los armenios habitantes de Turquía...por más criminales que puedan ser las medidas ....debe ponerse fin a su existencia". Nadie objetó el decreto, y un millón y medio de armenios fueron asesinados y masacrados como así también griegos, kurdos, judíos y árabes. Se hizo efectiva una feroz deportación letal que provocó que mujeres, niños, ancianos y los pocos hombres que aún se encontraban en sus casas fueran obligados a caminar enormes distancias por los caminos de Asia Menor en las que morían de cansancio, deshidratación y hambre.

Como consecuencia de esta matanza, el usurpador se vio ante la obligación de borrar todo rastro o vestigio de la civilización armenia en esos territorios. La destrucción sistemática de iglesias, monumentos y otros testimonios arquitectónicos provocó una brutal destrucción cultural que aún hoy se lleva a cabo afectando un patrimonio que pertenece también a toda la humanidad.

Turquía nunca reconoció la matanza y ejerció toda su influencia para que nunca el tema fuera tratado en los foros internacionales; pero los sobrevivientes del exterminio, tanto en la Madre Patria como en la diáspora de emigrados de aquella civilización que durante casi 3.000 años habitó el territorio armenio, difunde en forma militante el horror vivido por su pueblo y reclama que Turquía admita el genocidio y asuma su responsabilidad.

Afortunadamente, aún cuando no lo parezca, es creciente en el mundo y también en nuestro país, la preocupación por la defensa efectiva de los derechos humanos y la paz.

La comunidad internacional ha entendido que no habrá paz sobre la tierra, si no hay justicia, si el perdón revestido de silencio posterga o deja de lado el castigo de estos crímenes.

Aún quedan por cumplir las normas de derecho internacional respecto a la persecución, tortura y masacre del pueblo armenio. La ONU adoptó la Convención para la Prevención y Represión del Genocidio en 1948; en 1968 hizo lo mismo con la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad para en 1985 aprobar el informe de los expertos sobre el genocidio armenio. Acciones semejantes, realizó el Parlamento Europeo en 1987 y hoy condiciona el ingreso de Turquía a la Unión Europea al reconocimiento de su responsabilidad en el mencionado genocidio.

Los Estados se suman a esta condena. La Duma rusa reconoció el genocidio en 1995, Chipre y Grecia en 1996, Líbano y Suecia en el año 2000 al mismo tiempo que hacía lo propio el Parlamento Italiano y Francia en el 2001. En América Latina, la República Oriental del Uruguay fue la primera en 1967 y el Parlamento Argentino en una declaración de 1987 instó al Poder Ejecutivo Nacional para que "instrumente e intensifique las medidas pertinentes ante las naciones Unidas para la obtención del reconocimiento internacional del genocidio cometido contra el pueblo armenio".

Quizás la declaración realizada por 126 intelectuales y estudiosos del Holocausto Judío, donde afirman el indiscutible del Genocidio Armenio y exhortan a las democracias a reconocerlo oficialmente, es la prueba irrefutable que el "olvido" complaciente que las naciones tuvieron para con el pueblo armenio fue el preludio de la "Shoa".

En 1880 había aproximadamente 2.500.000 armenios viviendo en el Imperio Otomano, de acuerdo con las estadísticas del Patriarcado Armenio de Constantinopla. En 1927 había solamente 77.435 -concentrados especialmente en Estambul- y, en 1993, aproximadamente 50.000.

Así lo entendió la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, al garantizar por Convención la imprescriptibilidad del delito de genocidio. Así también, lo entendió recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia al sostener que los delitos de lesa humanidad no prescriben, aunque las normas internas del Estado sostengan lo contrario.

No existe motivación política o económica que justifique la violación del derecho a la vida y los responsables de un estado que tenga como regla las matanzas colectivas, el robo, las feroces represalias, que no respetó ni la vida ni la propiedad de sus vecinos deben ser condenados.

Los socialistas creemos que nuestro país, siguiendo sus mejores tradiciones debe rescatar sus fuerzas morales y ser solidario con la lucha del pueblo armenio, renovando y exhibiendo al mundo sus títulos en defensa de la verdad, la justicia y la paz.

Por todo esto, como ya lo hicieran con anterioridad ambas cámaras en 1985, hacemos propicio este nuevo aniversario recordatorio del genocidio del pueblo armenio para que esta Cámara de Diputados recomiende al Poder Ejecutivo, instrumentar las medidas necesarias ante la ONU para la obtención del reconocimiento internacional del genocidio que como figura se incorporó en 1948 al Derecho Penal Internacional.