La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara acerca del grado de cumplimiento del régimen informativo previsto en el Capítulo IV del Título II de la Ley Nº 25.877, que obliga a las empresas que ocupen más de trescientos (300) trabajadores a elaborar anualmente un "Balance Social", recogiendo información sistematizada relativa a las condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a su cargo. En particular, precisar:

- Nómina de empresas incumplidoras, detallando razón social, CUIT y actividad de las mismas, incumplimientos cometidos, como así también, convenciones colectivas de trabajo aplicables en cada caso y sus sindicatos signatarios.

- Medidas adoptadas y a adoptar a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del referido régimen informativo.

Señor presidente:

Una de las virtudes de la sanción de la Ley Nº 25.877 de Ordenamiento Laboral, en marzo de 2004, ha sido sin lugar a dudas la ratificación y profundización del instituto del "Balance Social" en nuestra legislación.

Concretamente, el Capítulo IV del Título II de la Ley Nº 25.877 establece un régimen informativo que obliga a las empresas que ocupen más de 300 trabajadores a elaborar anualmente un "Balance Social", recogiendo información sistematizada relativa a las condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a su cargo, y a girar el mismo al sindicato con personería gremial signatario de la convención colectiva de trabajo aplicable dentro de los 30 días de elaborado, con copia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual deberá ser considerada estrictamente confidencial.

El "Balance Social" previsto en la ley incluye la siguiente información:

a) Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros anexos y memoria del ejercicio.

b) Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en que actúa.

c) Incidencia del costo laboral.

d) Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.

e) Evolución de la dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo.

f) Rotación del personal por edad y sexo.

g) Capacitación.

h) Personal efectivizado.

i) Régimen de pasantías y prácticas rentadas.

j) Estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables.

k) Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas.

l) Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo.

Cabe destacar que nuestro país no es un caso aislado en la materia, pues el "Balance Social" ha sido incorporado ya en diversas legislaciones del mundo.

En Francia por ejemplo, país sin dudas pionero y referente, se viene desde 1977, en virtud de la Ley Nº 77-769, exigiendo a todas las empresas que ocupen más de determinada cantidad de trabajadores, hoy 300, la publicación anual de un "Bilan Social" sobre los resultados logrados durante los últimos tres años, con información sobre el empleo, la remuneración, la salud y seguridad en el trabajo, las condiciones de trabajo, la capacitación, las relaciones laborales, y las condiciones de vida de los empleados y sus familias. Tras un examen y la formulación de observaciones por los representantes del sindicato y el consejo laboral de la empresa, el "Bilan Social" se distribuye a todos los empleados, inspectores del trabajo y partes directamente interesadas.

Cabe citar también como prácticas de "Balance Social" muy difundidas en Europa, el "Sozial Bilanz Praxis (SBP)" en Alemania, el modelo SMAER en Italia, y el "Ethical Accounting System (EAS)" y el modelo "New Economic Foundation (NEF)" de "social auditing", en Gran Bretaña.

En nuestra región, cabe destacar el caso de Brasil, con una importante y creciente normativa en materia de "Balanço Social" y "Responsabilidade Social das Empresas".

Si bien el "Balance Social" por sí solo no transforma las relaciones laborales, constituye una herramienta fundamental para evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión y responsabilidad social empresaria, en definitiva, el compromiso de nuestro empresariado con la comunidad.

En virtud de ello, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de resolución, solicitando formalmente al Poder Ejecutivo precisiones acerca del grado de cumplimiento de los términos del referido Capítulo IV del Título II de la Ley Nº 25.877, a fin de poder contar con un diagnóstico sobre el particular, y eventualmente promover desde el ámbito legislativo las acciones que resulten pertinentes.