La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su preocupación y rechazo a la violación a la libertad de expresión ocurrida recientemente en la Provincia del Chaco, particularmente con el levantamiento del programa "El Silbador", del periodista Alberto "Coco" Celada, ordenado por el titular de Radio Chaco, Contador Edmundo Ordenavía, después de 22 años de transmisión en el aire, por expresa indicación sobre el contenido del programa.

Señor presidente:

Recientemente en la Provincia del Chaco hemos asistido nuevamente al levantamiento de un Programa periodístico, denominado "El Silbador", conducido por el periodista Alberto "Coco" Celada y un equipo de profesionales, y que se emitiera por Radio Chaco desde hace mas de 22 años.

Fuertes presiones del propietario de la radio exigieron al conductor del programa que cambiara el contenido del mismo, y evitara de emitir opiniones contrarias a las acciones del gobierno. Razón por la cual no podemos permanecer ajenos a esta manifiesta restricción y violación a la libertad de expresión y de comunicación, que no es casual y única, porque diversos medios del orden nacional están soportando distintas acciones de censura provenientes de quienes detentan el ejercicio del poder.

Paradójicamente, estamos asistiendo a distintos debates sobre el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en la sociedad. Lo primero que debe señalarse es la importancia de estas discusiones. Es sumamente saludable, para la sociedad en general, para la política, para los propios medios y los profesionales que se desempeñan en ellos, que se abra la discusión y que todos puedan opinar sobre el tema.

Pero hace falta también encuadrar el debate sobre la comunicación. Es un mal recorte hablar de "libertad de expresión" sin mencionar el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental que encuadra el concepto anterior y que apunta a garantizar tanto las posibilidades de expresión como el libre acceso a la información no sólo por parte de los periodistas o de los profesionales de la comunicación, sino del conjunto de la ciudadanía.

Tampoco debería perderse de vista que la comunicación es un servicio público que el Estado debe garantizar, sin privilegios ni restricciones para nadie, ordenando y poniendo reglas de juego dentro del marco del funcionamiento de la democracia.

Es importante recordar entonces que el derecho a la comunicación es un derecho de todos y todas, que no puede ser el privilegio de unos pocos, y que como derecho humano fundamental tiene que ser garantizado por el Estado.

Por las razones expresadas solicito la aprobación de la presente Resolución.