La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

En el marco de la Ley 26.199, que establece el "Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos", solicitamos rendir homenaje a las víctimas del genocidio armenio y manifestar su solidaridad al pueblo y a la colectividad Armenio-Argentina, al conmemorarse el próximo 24 de abril de 2009 el 98° aniversario del genocidio.

Señor presidente:

Armenia está ubicada al sur del Cáucaso y en su larga historia tuvo un territorio fluctuante y escasos lapsos de independencia. Disputada su dominación por los imperios otomano, persa y ruso, se encuentra hoy en gran parte ocupada por el Estado Turco. La lucha de este pueblo por su autonomía política y cultural, por alcanzar mejoras sociales, es tan antigua como la historia de su dominación y data de antes del siglo XVIII.

El genocidio del pueblo armenio, comenzó a gestarse durante el gobierno del sultán Abdul Hamid (1876-1909). En su mandato, entre 1884 y 1896, fueron asesinados más de 200.000 armenios. El 24 de Abril de 1908, el partido "Unión y Progreso" (Ittihad ve Terakkí), conocido bajo el nombre de los Jóvenes Turcos, logró derrocar a Hamid, prometiendo entre otros avances la participación en el seno del parlamento de todas las minorías del Imperio, motivo por el cual los armenios no dudaron en apoyar al nuevo gobierno. Pero la esperanza de gozar de derechos civiles, económicos y sociales se esfumó con la matanza de 30.000 armenios en la ciudad de Adaná, en 1909.

Según señala el historiador norteamericano Richard Hovannisian, autor de "La Cuestión Armenia": "Una de las metamorfosis más inesperadas y trágicas de la historia contemporánea armenia fue el proceso que se desarrolló de 1908 a 1914, durante el cual los Jóvenes Turcos, de apariencia liberal, se transformaron en nacionalistas extremos, ávidos de crear un orden nuevo y de suprimir la cuestión armenia, eliminando al pueblo armenio"

El gobierno de los Jóvenes Turcos acusaba a los armenios de ser enemigos internos de la nación, ya que habían demostrado que era imposible turquificarlos por la fuerza y que seguramente, como lo indicaba la historia, eran capaces de apoyar a algún poder extranjero, principalmente a Rusia, que les asegurase la posibilidad de recrear un estado armenio independiente.

En la noche del 23 al 24 de abril de 1915, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia en Estambul fueron detenidos, deportados a Anatolia y asesinados. A partir de entonces, se impartió la orden de deportación de la población civil hacia los centros de reinstalación, en los desiertos de Siria y Mesopotamia.

Durante un período de cinco años y ante la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios fueron asesinados. En todas las localidades armenias se utilizó el mismo esquema de arresto y asesinato de los líderes y de los hombres mayores de 15 años, así como la deportación del resto de la población hacia los desiertos mencionados.

El genocidio iniciado en 1915 fue la culminación de varias masacres antiarmenias que se habían producido a fines del siglo XIX y principios del XX. Pocas voces se habían levantado contra la agresión en aquel momento; entre ellas, las de los franceses Anatole France y Jean Jaurés hicieron escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos ante la indiferencia mundial. Y en 1915, cuando la mayoría callaba, Antonio Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención desde una modesta hoja socialista regional (1916), llamando la atención sobre el drama que culminaría con un millón y medio de armenios asesinados.

Como consecuencia de esta matanza, el usurpador se vio ante la obligación de borrar todo rastro o vestigio de la civilización armenia en esos territorios. La destrucción sistemática de iglesias, monumentos y otros testimonios arquitectónicos provocó una brutal destrucción cultural que aún hoy se lleva a cabo afectando un patrimonio que pertenece también a toda la humanidad.

Turquía nunca reconoció la matanza y ejerció toda su influencia para que nunca el tema fuera tratado en los foros internacionales; pero los sobrevivientes del exterminio, tanto en la Madre Patria como en la diáspora de emigrados de aquella civilización que durante casi 3.000 años habitó el territorio armenio, difunde en forma militante el horror vivido por su pueblo y reclaman que Turquía admita el genocidio y asuma su responsabilidad.

Fue necesario que pasaran seis décadas para que la comunidad internacional, a través del Informe Whitaker aprobado en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el pueblo armenio como el primer genocidio del siglo XX.

"El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es posible cometer". Con estos términos se manifiesta el denominado "Informe M. B. Whitaker", en el que se aborda el Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio de conformidad con la resolución 1983/83 del Consejo Económico Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de 1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985, E/CN. 4/Sub. 2/1985/6 y que constituye documento imprescindible a la hora de valorar los hechos objetos de debate.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe condenar. En este sentido, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio por las N.U., que entró en vigor el 12 de enero de 1951. Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron también la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, brindando así a la comunidad internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes de genocidio.

Se suma a estos instrumentos internacionales la Corte Penal Internacional (1998) para la prevención y el castigo de los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, por la que los Estados parte en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Los Estados se suman a esta condena. La Duma rusa reconoció el genocidio en 1995, Chipre y Grecia en 1996, Líbano y Suecia en el año 2000 al mismo tiempo que hacía lo propio el Parlamento Italiano y Francia en el 2001. En América Latina, la República Oriental del Uruguay fue la primera en 1967 y el Parlamento Argentino en una declaración de 1987 instó al Poder Ejecutivo Nacional para que "instrumente e intensifique las medidas pertinentes ante las naciones Unidas para la obtención del reconocimiento internacional del genocidio cometido contra el pueblo armenio".

La historiadora Helen Fein, quien ha estudiado los distintos casos de genocidio, prioriza la responsabilidad del Estado: "las víctimas de los genocidios premeditados del siglo XX -judíos, gitanos, armenios- fueron asesinados para que los designios del estado en vista de un orden nuevo fueran realizados. En los dos casos, la guerra fue utilizada para transformar a la nación con el objeto de adaptarla a las concepciones de la élite en el poder, eliminando a grupos considerados extranjeros, enemigos por definición".

Quizás la declaración realizada por 126 intelectuales y estudiosos del Holocausto Judío, donde afirman la veracidad indiscutible del Genocidio Armenio y exhortan a las democracias a reconocerlo oficialmente, es la prueba irrefutable que el "olvido" complaciente que las naciones tuvieron para con el pueblo armenio fue el preludio de la "Shoa".

En 1880 había aproximadamente 2.500.000 armenios viviendo en el Imperio Otomano, de acuerdo con las estadísticas del Patriarcado Armenio de Constantinopla. En 1927 había solamente 77.435 -concentrados especialmente en Estambul- y, en 1993, aproximadamente 50.000.

Entendemos, Sr. Presidente, que en lo que respecta a la cuestión armenia, tenemos como humanidad una asignatura pendiente, se le debe a esta Nación una reparación ejemplificadora por toda la destrucción ocasionada.

Queremos expresar nuestro rechazo a todas las formas del delito de genocidio, declarado crimen imprescriptible de lesa humanidad por Naciones Unidas, como también repudiamos la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen este delito.

La Ley 26.199, que fue sancionada el 13 de diciembre de 2006 y promulgada el 11 de enero de 2007, establece la declaración del 24 de abril como "Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos" en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Por ello rendimos homenaje a la memoria de las víctimas en este 94° aniversario y hacemos llegar nuestra solidaridad al pueblo armenio.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de resolución.