La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, disponga optimizar las condiciones generales de trabajo rural enunciadas en la Resolución 11/2011 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en función de las respectivas particularidades regionales socioeconómicas y ambientales.

Señor presidente:

En el mundo se están produciendo notables cambios en los sistemas agrícolas. La expansión de las cadenas de valor asociadas con la agroempresa y la agroindustria, la dificultad de los pequeños agricultores que trabajan de forma autónoma para ganar salarios que les permitan la consecución de los medios de vida y la escasez del trabajo en algunas regiones junto con el subempleo y otros factores, están transformando los sistemas laborales en el ámbito rural.

El logro de condiciones más justas de empleo significa la provisión de oportunidades para un trabajo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar del trabajo y protección social para los trabajadores y sus familias, mejores perspectivas de integración social y de desarrollo personal, igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres, libertad para que los trabajadores expresen sus preocupaciones, se organicen y participen de las decisiones que habrán de afectar sus vidas.

En este sentido, la República Argentina como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el 28 de junio de 1919, ha ratificado dos Convenios vigentes vinculados a las condiciones de trabajo rural.

Uno de ellos es el Convenio 129, del año 1969, relativo a la Inspección del Trabajo Agrícola, que fuera aprobado a través de la Ley 22.609 y ratificado el 20 de junio de 1985; y el otro corresponde al Convenio 184, del año 2001, sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, aprobado por Ley 25.739 y ratificado por la Argentina el 26 de junio de 2006.

En estos acuerdos es posible comprobar una amplia coincidencia en el espíritu que se ha plasmado en el Proyecto de Ley que enviara el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Congreso de la Nación el 22 de junio de 2010, tendiente a reemplazar el "Régimen de Trabajo Agrario" aprobado por la Ley 22.248, Decreto Reglamentario 563/81 y modificatorias; así como la reciente Resolución 11/2011 emanada de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Estas contundentes iniciativas del Gobierno nacional avalan la intención de mejorar las condiciones generales de labor y habitación para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario que realizan tareas transitorias, cíclicas, ocasionales o excepcionales en el ámbito de todo el territorio del país. A efectos de implementar favorablemente la política gubernamental de marras, se requiere compatibilizar criterios consensuados con todos los actores del sector rural.

De esta manera, la participación y el aporte de productores, contratistas y organizaciones de base de trabajadores y campesinos pertenecientes a las diferentes regiones argentinas, con coyunturas y problemáticas incomparables, permitirán optimizar las pautas de mejoramiento de las instalaciones de acuerdo con la realidad de cada región, provincia y zona de trabajo. Así, la participación plena de todos los sectores involucrados permitirá avanzar hacia políticas enmarcadas en la justa realidad de las regiones.

En efecto, no tienen condiciones similares los emprendimientos de la Pampa húmeda respecto al Noroeste, Nordeste, Centro, Cuyo o Patagonia.

Asimismo, será necesario considerar la inversión que el mediano a pequeño productor deberá realizar para adecuarse a los requisitos de la norma. El universo de los medianos a pequeños emprendimientos corre el riesgo de no poder adecuar las instalaciones requeridas al tamaño de sus explotaciones y además porque la rentabilidad de su actividad y las rigurosidades del clima no aseguran que la producción agrícola y la actividad ganadera sean todos los años exitosas. Esta situación puede provocar sencillamente el cierre de dichos establecimientos.

Por las razones expuestas, señor Presidente, y a los efectos de impulsar la aplicación de una norma adaptable a las realidades sociales, económicas y ambientales de cada punto del territorio nacional, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de declaración.