El Senado y Cámara de Diputados...

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1º.- Créase la Comisión de Auditoría Integral de Recursos Hidrocarburíferos, que tendrá como objeto la realización de una auditoría integral de las reservas de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos en la totalidad de las áreas que se encuentran actualmente en explotación existentes en el territorio nacional y en la plataforma continental.

Artículo 2º.- La Comisión estará integrada por especialistas en recursos hidrocarburíferos que serán designados por la Auditoría General de la Nación, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y por cada una de las facultades que funcionan en las provincias productoras de hidrocarburos.

Artículo 3º.- La Comisión de Auditoría procederá a comprobar la existencia de las reservas de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos comprobadas y estimadas en las áreas que se encuentren concesionadas, debiendo efectuar su trabajo en el plazo de ocho (8) meses contados desde la promulgación de la presente Ley, el que no podrá ser prorrogado.

Artículo 4º.- La Auditoría deberá realizarse cada dos (2) años, comunicándose sus resultados a la Secretaría de Energía de la Nación y al Congreso Nacional.

Artículo 5º.- Los resultados del trabajo de la Comisión de Auditoría, deberán hacerse públicos, una vez entregados los mismos al Congreso Nacional y a la Secretaría de Energía de la Nación, la que deberá incluirlos en su página web.

Artículo 6º.- Teniendo en cuenta el informe presentado por la Comisión de Auditoría, la Secretaría de Energía de la Nación deberá evaluar las acciones que resulten más idóneas a los efectos de la más adecuada explotación de los recursos.

Artículo 7º.- De forma

Señor presidente:

Resulta suficientemente conocido el déficit energético que presenta nuestro país, como consecuencia de las políticas petroleras llevadas a cabo durante la década del 90, que subsisten en la actualidad, ya que la normativa legal que puso en funcionamiento todo el sistema desregulador no fue alterada desde 1989 hasta ahora.

El sistema desregulador, incluyó la falta de control sobre la propiedad de nuestras riquezas hidrocarburíferas; propiedad que se ha visto vulnerada por una serie de decisiones claramente inconstitucionales, convertidas en el fundamento de una política petrolera vulgar y agraviante a nuestra condición de ciudadanos, que día a día somos despojados de bienes que pertenecen a toda la comunidad desde el mismo momento de nuestra independencia. Y ese despojo es realizado por empresas transnacionales, que se benefician con la extracción de todos los recursos de nuestro suelo sin las contraprestaciones propias de un contrato bilateral justo que beneficie a las partes por igual.

Hay un aspecto fundamental a considerar que sirve de fundamento a este Proyecto. El primero de ellos, es el que hace al uso de la riqueza petrolera y su renta en beneficio de todos los habitantes, ya que la misma es un bien de todos y está inescindiblemente ligada con la estructura productiva del país. Ese beneficio ahora no existe, ya que los decretos desregulatorios del sistema jurídico del área hidrocarburífera, originados en la ley de reforma del Estado, permitieron que todos los tramos del ciclo económico de los hidrocarburos fueran oligopolizados por firmas extranjeras en exclusivo beneficio del capital privado, resultando consecuencia programada para ello, la liquidación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. Es por esta inédita circunstancia, que nuestro país ha perdido el autoabastecimiento de gas y petróleo, mientras Pan American, Total, Petrobrás, Chevron y Repsol -ésta última con relación preferencial con el Estado desde la compra de YPF- exportaron tales recursos en un marco de ilegalidad manifiesta, donde -además- existieron operaciones de "auto ventas" de hidrocarburos a testaferros mostrando valores de subfacturación. Esos decretos desregulatorios y la posterior enajenación de la petrolera del Estado, causaron y causan un gravísimo perjuicio a la Nación y lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías de sus habitantes.

La disminución de las reservas, ante la falta de todo control estatal, determinó una notable disminución de las reservas y esto se debió a que hasta 1989 esas reservas estaban determinadas por la Secretaría de Energía de la Nación, con intervención de YPF y de Gas del Estado, pero también estaban los técnicos de la Dirección Nacional de Combustibles, quienes con los datos verificados informaban al Poder Ejecutivo y luego se producía la publicación de los datos.

Desde 1990, la Secretaría de Energía abandonó su misión fundamental de control, y solamente se limitó a recopilar los datos que les enviaban las compañías petroleras, que solo efectuaban declaraciones juradas sobre las cantidades exportadas y sobre las supuestas reservas que iban disminuyendo día a día.

Como los datos oficiales no resultan confiables, debido a que la Secretaría de Energía no los dispone con exactitud; como los datos de las empresas extranjeras tampoco resultan confiables, es imprescindible contar con un instrumento fehaciente para conocer con exactitud las reservas con las que cuenta la Nación a los efectos de establecer un real política de Estado en materia de hidrocarburos.

El problema no se limita a Repsol YPF, sino que tiene que ver con la totalidad de las empresas petroleras y gasíferas que se manejan con absoluta discrecionalidad y que ha llevado a la imperiosa necesidad de importar combustibles, con el constante drenaje de divisas que ello significa. La empresa española solo controla el 40% de las explotaciones, y las restantes multinacionales del petróleo las restantes, por lo cual una integral política de Estado significa el control de lo que exportan, lo que declaran, y las reservas que indican.

En el año 2011, según cifras expuestas por la Presidenta de la Nación el lunes 16 de abril, se debió importar hidrocarburos por la suma de 9.397 millones de dólares, y este año esa cifra crecerá, debido a la falta de la extracción producida por la ausencia de inversiones reales. Todo ello es determinante para cambiar el paradigma que se ha llevado hasta ahora en materia de hidrocarburos, y terminar con una situación que ha resultado dañosa para los intereses de la República. De allí que una Auditoria de reservas sea un instrumento fundamental para saber cómo seguir adecuadamente en esta materia; cuales son los recursos con los que contamos, y las decisiones a tomar sobre la base de lo que tenemos, dejando de lado una gestión de sometimiento permanente al interés privado, perjudicando a la Nación.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares, se sirvan acompañar este Proyecto de Ley.