La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos-AFIP- los antecedentes de la investigación tributaria respecto de las actividades del señor Lázaro Báez, abarcando la totalidad de las empresas de dicho ciudadano y sus familiares directos; especialmente se solicita se informe acerca de la mega causa por facturas apócrifas de la firma Gotti S.A. Asimismo, se informe qué actuación han tenido la Unidad de Investigaciones Financieras -UIF - y el Banco Central de la República Argentina, tratándose de un notorio hecho de lavado de dinero y de fuga de capitales.

Señor presidente:

Es público y notorio que se ha conocido un grave hecho de lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez, un amigo personal del expresidente Kirchner y adjudicatario de obras públicas en la provincia de Santa Cruz desde 1991, coincidiendo con la asunción como gobernador de ese Estado por parte del Dr. Néstor Kirchner.

El monto según el financista - de algún modo hay que llamarlo - Fariña alcanza a 55 millones de euros. Esta es sólo una de las operaciones de la vado y fuga de capitales, cuyo origen es injustificable.

Al día siguiente de la difusión en el programa "Periodismo para Todos", edición del domingo 14 de abril de 2013 -, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, declaró que "lo que nos corresponde a nosotros (la Afip) lo vamos a investigar".

Llama la atención la expresión "...lo vamos a..." ¿Quiere decir que recién ahora se va a investigar a un famoso multiempresario que reiteradamente ha sido sujeto del escrutinio de la opinión pública ante la sospechosa dimensión de sus negocios, incluyendo la concesión de áreas petroleras y hasta la posible adjudicación de las obras civiles de las dos magnas represas que siempre se conocieron como los proyectos "Río Santa Cruz" y "Cóndor Cliff" y que ahora se nominan como "Néstor Kirchner" y "Cepernic"?

Es un interrogante procedente si tenemos en cuenta el celo con el que la Afip actuó en algunos casos mediáticos como el del agente inmobiliario que por atreverse a decir que la actividad había caído a raíz del cepo cambiario recibió una nutrida delegación de inspectores del organismo fiscal que revisaron minuciosamente su documentación. Esto ocurrió el año pasado.

La opinión pública ignora - y este Congreso también - si similar o análoga actuación le cupo a la AFIP respecto de las empresas de Báez en los años recientemente pasados, digamos desde 2008 a la fecha. Es llamativo que recién ahora se va a investigar el origen de la riqueza de Lázaro Báez y familia, en el arco de empresa que controla.

El país tiene la cruda y dura sensación de que hay una extendida impunidad que, como ya nadie refuta, es la primera matriz de la desplegada corrupción.

La acusación contra Lázaro Báez por lavado de dinero ha generado incertidumbre y silencio entre los funcionarios. Ese silencio hace demasiado ruido en aquellos que deberían intervenir ante una denuncia de estas dimensiones.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es obvio que ya debería estar actuando en cumplimiento de un elemental deber inherente a su alta función. Debería haber iniciado una investigación de oficio o instruido al fiscal de turno el domingo 14 de abril para que lo haga ya que se trata de un delito de acción pública. "El Ministerio Público Fiscal es titular de la acción penal pública, y es su deber iniciar de oficio investigaciones sobre el posible acaecimiento de delitos de acción pública con el sólo conocimiento de una circunstancia que pueda hacer sospechar de esa posible comisión. Además, por mandato constitucional, le corresponde promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la cual se ve permanentemente socavada en su integridad y funcionamiento por los efectos perniciosos de la corrupción y del crimen, en este caso, del lavado de dinero", señala una carta remitida a Gils Carbó por los dirigentes radicales Mario Barletta, José Cano y Ricardo Gil Lavedra. Vale ser recogido el antecedente en estos fundamentos. "Frente a esta escandalosa denuncia, y teniendo en cuenta su preocupación acerca de potenciar la lucha contra el lavado de dinero, lo que condujo a la creación de una Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le solicitamos que se nos informe si se están llevando a cabo actuaciones referidas a los hechos dados a conocer. En caso de que no existan dichas actuaciones si las ha ordenado, y si tampoco lo ha hecho, le solicitamos que lo haga de inmediato", continúan los dirigentes. Todo funcionario público y especialmente los fiscales o la procuradora tienen la obligación funcional de promover la denuncia penal de estos hechos, porque no puede quedar ninguna duda que lo que se conoció puede configurar un delito y necesita una investigación. Esto incluye al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de justicia y a la AFIP. La única respuesta de la doctora Gils Carbó ante estos cuestionamientos fue un escueto comunicado de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en el que pide la unificación de las denuncias. "Hasta el día de ayer se habían radicado al menos seis denuncias ante distintos juzgados federales, incluido uno del interior del país. Por elementales razones procedimentales, estas causas deberán ser unificadas en un solo juzgado, con conocimiento de un fiscal", sostuvo en un comunicado "Una vez producida la unificación, la PROCELAC tomará intervención junto al fiscal a cargo para poner a su disposición el apoyo técnico necesario, evaluar las medidas que correspondan e impulsar el esclarecimiento de los hechos denunciados", concluye.

El titular de la Unidad de Información Financiara (UIF), José Sbatella, es otro funcionario cuestionado ya que el organismo que dirige tampoco se pronunció ante un caso que debería haber controlado. En el caso de la UIF debió actuar preventivamente y no ex post facto. El justificativo para este silencio es que sólo puede actuar ante un requerimiento de la justicia, aunque también podría decirse que debió detectar semejante operación. La ex titular de la UIF, Alicia López, explicó en diálogo con Cadena 3 que ese organismo "debería tener una facultad, que carece, que es la de poder actuar de oficio. Está esperando que alguien le mande un recorte de una operación sospechosa. Esperemos que se presenten como querellantes en las causas". La ex funcionaria agregó que también el Banco Central y la AFIP tienen competencia para actuar. La UIF actual es netamente política, el presidente es nombrado por el Ejecutivo. Y por ende es responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo Nacional dar respuesta a este pedido de informes.

Igualmente, el Banco Central de la República Argentina tiene alta responsabilidad pues se trata de una fuga de divisas de envergadura. Sus organismos no pueden alegar ni sorpresa ni ignorancia. Si lo hacen confesaría abiertamente impericia e incompetencia.

Todo esto causa alarma social y apesadumbra espiritualmente a la nación a la que se le pide que cumpla con la ley - como cuadra a un país maduro -, pero observa cómo algunos pocos - una suerte de neo oligarquía de los negocios del capitalismo de amigos del poder - se enriquecen ilícitamente en un manto de impunidad.

Por lo expuesto, solicito el respaldo para este Pedido de Informes.