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PROYECTO DE TP
Expediente 2343-D-2007
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA RESCINDIR LA CONCESION OTORGADA A LA EMPRESA "TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA SA".
Fecha: 18/05/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 53
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
1. Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de
que proceda a rescindir la concesión otorgada mediante decreto 2.333/1994 a
favor de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. de la explotación
de los servicios ferroviarios de pasajeros de la Línea ROCA de FERROCARRILES
METROPOLITANOS S.A. (ex Ferrocarriles Argentinos), en atención a los graves y
reiterados incumplimientos por parte de la concesionaria; y que adopte similar
temperamento con la totalidad de los servicios ferroviarios privatizados.
2. Requerir al Poder Ejecutivo que,
rescindidas las concesiones, se garantice la gestión pública de los ferrocarriles, por
parte de los trabajadores del área y de los usuarios.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de 2007, cerca de las
17 horas, Metropolitano S.A. informó a los pasajeros que los servicios a Glew,
Temperley, y La Plata, se encontraban interrumpidos por un desperfecto
técnico.
Esa situación desató en la Estación
Constitución el hartazgo que se reflejó en una clara reacción de los pasajeros y de
los trabajadores que a diario utilizan el servicio hacia la zona sur de la provincia de
Buenos Aires.
Metropolitano S.A. brinda un servicio
propio de un viaje del terror, malo, peligro, sofocante, hastiante.
Este servicio ferroviario concesionado
está subvencionado, perversamente, por el actual gobierno nacional, el anterior y
desde los tiempos de Menem. La cuestión no ha variado, por el contrario, ha
empeorado.
Más y más cifras multimillonarias en
subsidios van a las arcas de las empresas concesionarias: Metropolitano S.A., TBA,
UGOFE, Ferrovías y Metrovías, y las de cargas que, o bien no pagan cánones, o
son premiadas por subsidios encubiertos.
13,9 millones de pesos distribuidos
por empresas: Metropolitano (línea Roca-San Martín y Belgrano Sur): 5,85 millones
de pesos, Metrovías (F.C. Urquiza y Subterráneos): 2,7 millones de pesos,
Ferrovías (Belgrano Norte: 2,7 millones de pesos, T.B.A. (Mitre - Sarmiento)
recibieron 2,65 millones de pesos.
Las compensaciones para los
concesionarios ferroviarios fueron de más de 220 millones de pesos en el 2005. El
objetivo de este sistema de compensaciones económicas es evitar alteraciones en
el precio de los pasajes.
Al mes de febrero de 2006, el monto
del subsidio mensual total pagado por Transporte fue de 12.600.000 pesos,
distribuido de la siguiente manera:
* TBA 2.600.000 pesos,
* Metrovías 2.700.000 pesos,
* Metropolitano Roca 2.100.000
pesos,
* Metropolitano San Martín y Belgrano
Sur 2.500.000 pesos,
* Ferrovías 2.700.000 pesos.
Los subsidios anuales durante 2004
se distribuyeron de la siguiente manera:
* Metrovías (Subtes y línea Urquiza):
$ 51 millones.
* TBA (líneas Mitre y Sarmiento): $
48 millones.
* Ferrovias (Belgrano Norte): $ 39
millones.
* TMB (Belgrano Sur): $ 35
millones.
* TMS (ferrocarril San Martín): $ 17
millones.
* 35 millones de la ex línea
Roca.
Por los medios de comunicación se
pudo ver claramente que la reacción de los pasajeros fue espontánea, cansados
del maltrato permanente, de la violación de sus derechos, de la violencia ejercida
de manera continua sobre ellos por la empresa, sin que desde las autoridades
nacionales se pusiera freno.
Los mismos medios reflejaron el
accionar policial, que se tradujo en la represión desatada con balas de goma,
gases, palos, golpes y todo lo utilizable por parte de la Policía Federal. Las
imágenes fueron más que elocuentes al mostrar la violencia ejercida contra los
pasajeros, incluyendo mujeres y niños; la saña con que se los llevaba detenidos;
chicos de la zona que viven en la calle, fueron apresados por varios policías y
golpeados salvajemente.
Estos hechos nos remiten a lo
acontecido el 1 de noviembre de 2005 en la estación Haedo de la línea Sarmiento -
operada por Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA)-.Las sucesivas interrupciones del
servicio por las que se ven afectados los usuarios del dicho ferrocarril se vieron
agravadas el día 1º/11/05 por el principio de incendio en una formación en las
cercanías de la estación Ituzaingó (distante unos 8 kilómetros de la estación
Haedo). Esta situación de extremo riesgo, alertada por algunos pasajeros, no fue
considerada por la empresa, viviéndose situaciones de alarma y extrema
preocupación que hicieron eclosión al arribar a la estación Haedo, donde el fuego
adquirió dimensiones dantescas, generando la lógica reacción de los que vieron
peligrar su vida.
Es ilustrativo destacar que en el
marco de la causa penal abierta a raíz de esos incidentes, a más de un año y
medio continúa detenido Roberto Canteros, sin que existan los más mínimos
indicios que lo vinculen con hecho delictivo alguno.
El Gobierno Nacional, lejos de poner
de resalto las pésimas condiciones en que TBA presta su deplorable servicio, llevó
al discurso -por intermedio del Ministro del Interior Aníbal Fernández- lo que ya es
política gubernamental: criminalizar la protesta y defender los intereses
empresarios, por más que éstos pongan en riesgo la vida de miles de personas a
diario.
El Ministro achacó en esa oportunidad
la responsabilidad de los hechos de Haedo a trabajadores de TBA opositores a la
conducción de la Unión Ferroviaria, a cargo del sindicalistaempresario José Pedraza
(dueño de Belgrano Cargas), y del gremio de maquinistas La Fraternidad, a cargo
de Omar Maturano.
Volviendo a los hechos de Plaza
Constitución y de Ferrocarriles Metropolitanos (ex línea Roca), la falta de previsión,
control y compromiso de parte de las autoridades nacionales las hacen
responsables, junto a la empresa, de los acontecimientos del 17 de mayo, puesto
que las irregularidades se vienen manifestando con mucha anticipación.
El propio Defensor del
Pueblo de la Nación ha denunciado que "En cuanto al ramal Constitución - La Plata
se observó en las estaciones de mayor concurrencia de usuarios, el cierre de
accesos posteriores a la Concesión, lo que le da a las estaciones un efecto "de
jaula" o "de cárcel". Dicha situación reviste gran inseguridad para los usuarios en
general, teniendo en cuenta que, en caso de necesitar evacuarlas, la gente
quedaría atrapada. Reviste máxima inseguridad para aquellas personas con
movilidad reducida (gente con bastones, madres con cochecitos, personas que se
desplazan en sillas de ruedas), que no pueden atravesar las puertas alternativas
que fueron cerradas. Más allá de los incumplimientos legales respecto a las normas
sobre accesibilidad que esta Institución ha constatado en diferentes momentos y
oportunidades, se destaca que los baños se encuentran cerrados o en su defecto
inutilizables. Por otra parte, cabe resaltar la gran cantidad de personal de
seguridad (único personal prácticamente en todas las estaciones) sólo en las
estaciones de mayor afluencia, dando a entender ello el interés de la empresa en
asegurar solamente que el usuario pague su boleto, no así el brindarle un buen
servicio. El personal de seguridad se distingue en todas las estaciones, afectados al
control de ingreso y egreso a los andenes. Respecto de las formaciones cabe
mencionar el escaso y casi nulo mantenimiento, denotando ello un grave peligro
para la integridad de los usuarios. Con relación a la frecuencia horaria del servicio
hacia La Plata, cabe mencionar que pasaba una formación cada veinte (20)
minutos. Sin perjuicio de ello, según la información aportada por usuarios, con
inusitada frecuencia suspenden servicios días hábiles entre las 17:00 y 19:00
horas."
En otro párrafo,
denuncia que "Los incrementos tarifarios instrumentados en las referidas
resoluciones (resoluciones 1007 y 18 de 2000 del Ministerio de Economía) fueron
cuestionados judicialmente por esta Institución. La medida cautelar solicitada, a fin
de que no se incremente la tarifa, fue denegada por el Juez, fundamentado en que
ese dinero se destinaría exclusivamente a la realización de obras, a través de la
constitución de fideicomisos.
Las empresas debían
abrir una cuenta fiduciaria a fin de realizar los depósitos correspondientes y
destinar exclusivamente ese excedente tarifario a las obras.
El Grupo
Metropolitano fue el que mayores intimaciones recibió para acreditar la apertura de
las cuentas, sumado a que hasta que se abrieron ni la Secretaría de Transportes ni
la CNRT tenían información sobre el dinero recaudado ni sobre su manejo. Vale
recordar que ese dinero lo aportaron y lo continúan aportando los usuarios a
través del pago de la tarifa.
Más grave fue la
situación cuando se requirió información sobre las verificaciones realizadas por el
Estado para determinar el grado de cumplimiento de las obras prioritarias definidas
con posterioridad a las Resoluciones M.E. N° 1007/00 y MIV N° 18/00, y a las
cuales debía imputarse exclusivamente el incremento tarifario dispuesto por las
mencionadas resoluciones.
Ni la Secretaría de
Transportes ni la CNRT pudieron informar sobre este tópico. Es decir que, ni la
empresa cumplió con las obras ni la Secretaría de Transportes controló su
realización (...)
(...) fueron realizadas
inspecciones en la línea Roca y en la línea Sarmiento las cuales arrojaron
resultados alarmantes:
* Ninguna de las
estaciones está en condiciones de accesibilidad para personas con dificultades
motoras.
* Respecto a los
servicios sanitarios:
a) La mayoría,
carecían de higiene.
b) Se encuentran
cerrados, no están disponibles para los usuarios ya que resultó dificultoso
conseguir las llaves. En la mayoría de las estaciones se ignoraba quién poseía las
llaves, y en varias oportunidades se requirió la acreditación del personal de la
Institución para abrir los sanitarios.
c) los destinados a
discapacitados no están en condiciones
d) Se observaron
alimentos y accesorios de cocina en el interior.
e) Falta de
iluminación.
f) Condiciones
precarias de construcción, como así también los retretes.
* Las estaciones
carecen de limpieza y mantenimiento.
* La señalización en
las estaciones es insuficiente.
* A partir de la
concesión fueron cerrados accesos alternativos.
* El personal de
seguridad está abocado fundamentalmente al control de ingreso y egreso de
pasajeros, descuidándose otros aspectos fundamentales que hacen a la seguridad
de los usuarios.
* El estado de los
vagones es precario. Ventanillas y asientos rotos. Carentes de limpieza.
* Existen puertas de
vagones clausuradas.
* Las salas de espera
de las estaciones no se encuentran en buenas condiciones.
* En la Estación Gerli,
las salas de espera, se convierten en sanitarios como consecuencia del cierre de
los mismos.
* En la Estación
Temperley, los usuarios deben ascender al puente peatonal, para observar dónde
arribarán los trenes correspondientes a distintos ramales.
* En muchas
estaciones las rampas para discapacitados no se encuentran en condiciones de ser
utilizadas por los mismos.
* En la estación
Caballito, el andén originario se prolongó, con uno improvisado conformado por
una estructura tubular y madera.
* En la estación
Floresta, una de las remodeladas, el acceso es a través de una escalera. Existen
dos ascensores, de los cuales a la fecha del relevamiento, uno de los cuales no
funcionaba.
Por último de acuerdo
a lo observado y los dichos de los usuarios consultados, las deficiencias y
anomalías detectadas, se vienen produciendo desde el año 1995, y se agravan a
partir del año 1999.
Del contenido de los
informes remitidos por la CNRT a esta Institución, relativos a deficiencias en la
prestación de servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Area
Metropolitana, surgió que en el año 2001 de 56 estaciones controladas, en todas
ellas se encontraron deficiencias en el estado de conservación y limpieza (...).
En el mes de octubre
de 2003, sin producirse modificaciones sustanciales, más aun, los hechos se fueron
agravando, dado que se produjeron accidentes fatales, se recomendó a la
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION que adopte las medidas que
resulten necesarias a los fines de evitar que las empresas TRANSPORTES
METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A. y TRANSPORTES
METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. continúen:
a) violando los
derechos fundamentales de las personas y los derechos del consumidor;
b) deteriorando el
patrimonio nacional; y
c) violando
sistemáticamente los contratos de concesión
Tal recomendación se
fundamentó en las nuevas inspecciones sobre las instalaciones de las estaciones
correspondientes a los ramales CONSTITUCIÓN-EZEIZA de la empresa
TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A., y PILAR-RETIRO
concesionada a la empresa TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN
MARTIN S.A., dado que las mismas no presentaron ningún tipo de mejoras, de las
efectuadas en el mes de marzo de 2002."
También denuncia que
"ni la Secretaría de Transportes y ni la CNRT hicieron una correcta evaluación de
los registros y estados contables del Grupo Metropolitano o si lo hizo, se permitió
que los fondos recaudados no se destinen a lo específicamente establecido en los
contratos de concesión, es decir, calidad de servicio, higiene, frecuencias, etc. En
segundo lugar la inexistencia de una auditoría de los juicios civiles por daños y
perjuicios entablados contra el Grupo, tuvo que ser una tarea celosa y constante,
porque en definitiva, los funcionarios con autoridad, saben que el Estado a la larga
respondería subsidiariamente por los mismos y los montos no pueden pasar
desapercibidos, menos aun cuando la cifra alcanza los $ 374 millones (...) El pago
de los subsidios por parte de la Secretaría al Grupo, denota que, a pesar de la
deficiente prestación del servicio, no tenía voluntad de rescindir los contratos
(...)."
Para finalizar, no es redundante
recordar que el principal accionista de Transportes Metropolitanos General Roca
S.A. es Sergio Taselli, la misma persona que, al frente de Yacimientos Carboníferos
Río Turbio S.A. (empresa privatizada de explotación de carbón mineral, en la
Provincia de Santa Cruz), fue responsable de la muerte de 14 trabajadores mineros
el 14 de junio de 2002, debido a la falta de mantenimiento de los equipos e
instalaciones.
La gestión Taselli estuvo teñida de
negociados de tal magnitud que llevaron a que no se invirtiera lo mínimo en
medidas de seguridad para los trabajadores y las instalaciones. De hecho, el
incendio que se desató en la mina de carbón y provocó la muerte de los
trabajadores no fue más que un hecho delictivo que lo tuvo como responsable.
Esta forma de administrar empresas,
ligadas al poder político que encubre actos de corrupción para los negociados, le
garantiza a este empresario un accionar impune que no sólo le costó la vida a
trabajadores en Río Turbio, sino que hoy tiene en sus manos la vida de cientos de
miles de personas que a diario viajan en Ferrocarriles Metropolitanos.
Por todo lo expuesto, solicito la
aprobación de este proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | REDES |
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Comisión |
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