La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que proceda a rescindir la concesión otorgada mediante decreto 2.333/1994 a favor de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros de la Línea ROCA de FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. (ex Ferrocarriles Argentinos), en atención a los graves y reiterados incumplimientos por parte de la concesionaria; y que adopte similar temperamento con la totalidad de los servicios ferroviarios privatizados.

2. Requerir al Poder Ejecutivo que, rescindidas las concesiones, se garantice la gestión pública de los ferrocarriles, por parte de los trabajadores del área y de los usuarios.

Señor presidente:

El 15 de mayo de 2007, cerca de las 17 horas, Metropolitano S.A. informó a los pasajeros que los servicios a Glew, Temperley, y La Plata, se encontraban interrumpidos por un desperfecto técnico.

Esa situación desató en la Estación Constitución el hartazgo que se reflejó en una clara reacción de los pasajeros y de los trabajadores que a diario utilizan el servicio hacia la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Metropolitano S.A. brinda un servicio propio de un viaje del terror, malo, peligro, sofocante, hastiante.

Este servicio ferroviario concesionado está subvencionado, perversamente, por el actual gobierno nacional, el anterior y desde los tiempos de Menem. La cuestión no ha variado, por el contrario, ha empeorado.

Más y más cifras multimillonarias en subsidios van a las arcas de las empresas concesionarias: Metropolitano S.A., TBA, UGOFE, Ferrovías y Metrovías, y las de cargas que, o bien no pagan cánones, o son premiadas por subsidios encubiertos.

13,9 millones de pesos distribuidos por empresas: Metropolitano (línea Roca-San Martín y Belgrano Sur): 5,85 millones de pesos, Metrovías (F.C. Urquiza y Subterráneos): 2,7 millones de pesos, Ferrovías (Belgrano Norte: 2,7 millones de pesos, T.B.A. (Mitre - Sarmiento) recibieron 2,65 millones de pesos.

Las compensaciones para los concesionarios ferroviarios fueron de más de 220 millones de pesos en el 2005. El objetivo de este sistema de compensaciones económicas es evitar alteraciones en el precio de los pasajes.

Al mes de febrero de 2006, el monto del subsidio mensual total pagado por Transporte fue de 12.600.000 pesos, distribuido de la siguiente manera:

* TBA 2.600.000 pesos,

* Metrovías 2.700.000 pesos,

* Metropolitano Roca 2.100.000 pesos,

* Metropolitano San Martín y Belgrano Sur 2.500.000 pesos,

* Ferrovías 2.700.000 pesos.

Los subsidios anuales durante 2004 se distribuyeron de la siguiente manera:

* Metrovías (Subtes y línea Urquiza): $ 51 millones.

* TBA (líneas Mitre y Sarmiento): $ 48 millones.

* Ferrovias (Belgrano Norte): $ 39 millones.

* TMB (Belgrano Sur): $ 35 millones.

* TMS (ferrocarril San Martín): $ 17 millones.

* 35 millones de la ex línea Roca.

Por los medios de comunicación se pudo ver claramente que la reacción de los pasajeros fue espontánea, cansados del maltrato permanente, de la violación de sus derechos, de la violencia ejercida de manera continua sobre ellos por la empresa, sin que desde las autoridades nacionales se pusiera freno.

Los mismos medios reflejaron el accionar policial, que se tradujo en la represión desatada con balas de goma, gases, palos, golpes y todo lo utilizable por parte de la Policía Federal. Las imágenes fueron más que elocuentes al mostrar la violencia ejercida contra los pasajeros, incluyendo mujeres y niños; la saña con que se los llevaba detenidos; chicos de la zona que viven en la calle, fueron apresados por varios policías y golpeados salvajemente.

Estos hechos nos remiten a lo acontecido el 1 de noviembre de 2005 en la estación Haedo de la línea Sarmiento - operada por Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA)-.Las sucesivas interrupciones del servicio por las que se ven afectados los usuarios del dicho ferrocarril se vieron agravadas el día 1º/11/05 por el principio de incendio en una formación en las cercanías de la estación Ituzaingó (distante unos 8 kilómetros de la estación Haedo). Esta situación de extremo riesgo, alertada por algunos pasajeros, no fue considerada por la empresa, viviéndose situaciones de alarma y extrema preocupación que hicieron eclosión al arribar a la estación Haedo, donde el fuego adquirió dimensiones dantescas, generando la lógica reacción de los que vieron peligrar su vida.

Es ilustrativo destacar que en el marco de la causa penal abierta a raíz de esos incidentes, a más de un año y medio continúa detenido Roberto Canteros, sin que existan los más mínimos indicios que lo vinculen con hecho delictivo alguno.

El Gobierno Nacional, lejos de poner de resalto las pésimas condiciones en que TBA presta su deplorable servicio, llevó al discurso -por intermedio del Ministro del Interior Aníbal Fernández- lo que ya es política gubernamental: criminalizar la protesta y defender los intereses empresarios, por más que éstos pongan en riesgo la vida de miles de personas a diario.

El Ministro achacó en esa oportunidad la responsabilidad de los hechos de Haedo a trabajadores de TBA opositores a la conducción de la Unión Ferroviaria, a cargo del sindicalistaempresario José Pedraza (dueño de Belgrano Cargas), y del gremio de maquinistas La Fraternidad, a cargo de Omar Maturano.

Volviendo a los hechos de Plaza Constitución y de Ferrocarriles Metropolitanos (ex línea Roca), la falta de previsión, control y compromiso de parte de las autoridades nacionales las hacen responsables, junto a la empresa, de los acontecimientos del 17 de mayo, puesto que las irregularidades se vienen manifestando con mucha anticipación.

El propio Defensor del Pueblo de la Nación ha denunciado que "En cuanto al ramal Constitución - La Plata se observó en las estaciones de mayor concurrencia de usuarios, el cierre de accesos posteriores a la Concesión, lo que le da a las estaciones un efecto "de jaula" o "de cárcel". Dicha situación reviste gran inseguridad para los usuarios en general, teniendo en cuenta que, en caso de necesitar evacuarlas, la gente quedaría atrapada. Reviste máxima inseguridad para aquellas personas con movilidad reducida (gente con bastones, madres con cochecitos, personas que se desplazan en sillas de ruedas), que no pueden atravesar las puertas alternativas que fueron cerradas. Más allá de los incumplimientos legales respecto a las normas sobre accesibilidad que esta Institución ha constatado en diferentes momentos y oportunidades, se destaca que los baños se encuentran cerrados o en su defecto inutilizables. Por otra parte, cabe resaltar la gran cantidad de personal de seguridad (único personal prácticamente en todas las estaciones) sólo en las estaciones de mayor afluencia, dando a entender ello el interés de la empresa en asegurar solamente que el usuario pague su boleto, no así el brindarle un buen servicio. El personal de seguridad se distingue en todas las estaciones, afectados al control de ingreso y egreso a los andenes. Respecto de las formaciones cabe mencionar el escaso y casi nulo mantenimiento, denotando ello un grave peligro para la integridad de los usuarios. Con relación a la frecuencia horaria del servicio hacia La Plata, cabe mencionar que pasaba una formación cada veinte (20) minutos. Sin perjuicio de ello, según la información aportada por usuarios, con inusitada frecuencia suspenden servicios días hábiles entre las 17:00 y 19:00 horas."

En otro párrafo, denuncia que "Los incrementos tarifarios instrumentados en las referidas resoluciones (resoluciones 1007 y 18 de 2000 del Ministerio de Economía) fueron cuestionados judicialmente por esta Institución. La medida cautelar solicitada, a fin de que no se incremente la tarifa, fue denegada por el Juez, fundamentado en que ese dinero se destinaría exclusivamente a la realización de obras, a través de la constitución de fideicomisos.

Las empresas debían abrir una cuenta fiduciaria a fin de realizar los depósitos correspondientes y destinar exclusivamente ese excedente tarifario a las obras.

El Grupo Metropolitano fue el que mayores intimaciones recibió para acreditar la apertura de las cuentas, sumado a que hasta que se abrieron ni la Secretaría de Transportes ni la CNRT tenían información sobre el dinero recaudado ni sobre su manejo. Vale recordar que ese dinero lo aportaron y lo continúan aportando los usuarios a través del pago de la tarifa.

Más grave fue la situación cuando se requirió información sobre las verificaciones realizadas por el Estado para determinar el grado de cumplimiento de las obras prioritarias definidas con posterioridad a las Resoluciones M.E. N° 1007/00 y MIV N° 18/00, y a las cuales debía imputarse exclusivamente el incremento tarifario dispuesto por las mencionadas resoluciones.

Ni la Secretaría de Transportes ni la CNRT pudieron informar sobre este tópico. Es decir que, ni la empresa cumplió con las obras ni la Secretaría de Transportes controló su realización (...)

(...) fueron realizadas inspecciones en la línea Roca y en la línea Sarmiento las cuales arrojaron resultados alarmantes:

* Ninguna de las estaciones está en condiciones de accesibilidad para personas con dificultades motoras.

* Respecto a los servicios sanitarios:

a) La mayoría, carecían de higiene.

b) Se encuentran cerrados, no están disponibles para los usuarios ya que resultó dificultoso conseguir las llaves. En la mayoría de las estaciones se ignoraba quién poseía las llaves, y en varias oportunidades se requirió la acreditación del personal de la Institución para abrir los sanitarios.

c) los destinados a discapacitados no están en condiciones

d) Se observaron alimentos y accesorios de cocina en el interior.

e) Falta de iluminación.

f) Condiciones precarias de construcción, como así también los retretes.

* Las estaciones carecen de limpieza y mantenimiento.

* La señalización en las estaciones es insuficiente.

* A partir de la concesión fueron cerrados accesos alternativos.

* El personal de seguridad está abocado fundamentalmente al control de ingreso y egreso de pasajeros, descuidándose otros aspectos fundamentales que hacen a la seguridad de los usuarios.

* El estado de los vagones es precario. Ventanillas y asientos rotos. Carentes de limpieza.

* Existen puertas de vagones clausuradas.

* Las salas de espera de las estaciones no se encuentran en buenas condiciones.

* En la Estación Gerli, las salas de espera, se convierten en sanitarios como consecuencia del cierre de los mismos.

* En la Estación Temperley, los usuarios deben ascender al puente peatonal, para observar dónde arribarán los trenes correspondientes a distintos ramales.

* En muchas estaciones las rampas para discapacitados no se encuentran en condiciones de ser utilizadas por los mismos.

* En la estación Caballito, el andén originario se prolongó, con uno improvisado conformado por una estructura tubular y madera.

* En la estación Floresta, una de las remodeladas, el acceso es a través de una escalera. Existen dos ascensores, de los cuales a la fecha del relevamiento, uno de los cuales no funcionaba.

Por último de acuerdo a lo observado y los dichos de los usuarios consultados, las deficiencias y anomalías detectadas, se vienen produciendo desde el año 1995, y se agravan a partir del año 1999.

Del contenido de los informes remitidos por la CNRT a esta Institución, relativos a deficiencias en la prestación de servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Area Metropolitana, surgió que en el año 2001 de 56 estaciones controladas, en todas ellas se encontraron deficiencias en el estado de conservación y limpieza (...).

En el mes de octubre de 2003, sin producirse modificaciones sustanciales, más aun, los hechos se fueron agravando, dado que se produjeron accidentes fatales, se recomendó a la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION que adopte las medidas que resulten necesarias a los fines de evitar que las empresas TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A. y TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. continúen:

a) violando los derechos fundamentales de las personas y los derechos del consumidor;

b) deteriorando el patrimonio nacional; y

c) violando sistemáticamente los contratos de concesión

Tal recomendación se fundamentó en las nuevas inspecciones sobre las instalaciones de las estaciones correspondientes a los ramales CONSTITUCIÓN-EZEIZA de la empresa TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A., y PILAR-RETIRO concesionada a la empresa TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A., dado que las mismas no presentaron ningún tipo de mejoras, de las efectuadas en el mes de marzo de 2002."

También denuncia que "ni la Secretaría de Transportes y ni la CNRT hicieron una correcta evaluación de los registros y estados contables del Grupo Metropolitano o si lo hizo, se permitió que los fondos recaudados no se destinen a lo específicamente establecido en los contratos de concesión, es decir, calidad de servicio, higiene, frecuencias, etc. En segundo lugar la inexistencia de una auditoría de los juicios civiles por daños y perjuicios entablados contra el Grupo, tuvo que ser una tarea celosa y constante, porque en definitiva, los funcionarios con autoridad, saben que el Estado a la larga respondería subsidiariamente por los mismos y los montos no pueden pasar desapercibidos, menos aun cuando la cifra alcanza los $ 374 millones (...) El pago de los subsidios por parte de la Secretaría al Grupo, denota que, a pesar de la deficiente prestación del servicio, no tenía voluntad de rescindir los contratos (...)."

Para finalizar, no es redundante recordar que el principal accionista de Transportes Metropolitanos General Roca S.A. es Sergio Taselli, la misma persona que, al frente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. (empresa privatizada de explotación de carbón mineral, en la Provincia de Santa Cruz), fue responsable de la muerte de 14 trabajadores mineros el 14 de junio de 2002, debido a la falta de mantenimiento de los equipos e instalaciones.

La gestión Taselli estuvo teñida de negociados de tal magnitud que llevaron a que no se invirtiera lo mínimo en medidas de seguridad para los trabajadores y las instalaciones. De hecho, el incendio que se desató en la mina de carbón y provocó la muerte de los trabajadores no fue más que un hecho delictivo que lo tuvo como responsable.

Esta forma de administrar empresas, ligadas al poder político que encubre actos de corrupción para los negociados, le garantiza a este empresario un accionar impune que no sólo le costó la vida a trabajadores en Río Turbio, sino que hoy tiene en sus manos la vida de cientos de miles de personas que a diario viajan en Ferrocarriles Metropolitanos.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.