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PROYECTO DE TP
Expediente 2334-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS CAMBIOS METODOLOGICOS EN EL CALCULO DE LOS INDICES DE PRECIOS QUE PUBLICA EL "INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC)".
Fecha: 13/05/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 46
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, a través del organismo que corresponda, informe a la brevedad y por escrito
sobre distintos aspectos relacionados al funcionamiento del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, a saber:
1. ¿Cuales han sido los cambios
metodológicos -respecto a lo que se venía haciendo hasta el año 2006- en el
cálculo de los Índices de Precios que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos?
2. ¿Cuáles son los mecanismos
de control interno para garantizar que la información de campo relevada es la
utilizada para obtener el número oficial?
3. ¿Qué incidencia han tenido
los supuestos cambios metodológicos en el IPC y en el cálculo de la Pobreza y la
Indigencia?
4. ¿A los fines del cálculo del
IPC, a qué se denomina científicamente "sesgos aberrantes"?
5. ¿Por qué no se han hecho
públicos los resultados finales completos de la Encuesta de Gastos de los Hogares
-ENGH- y las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-?
6. ¿Cuáles han sido los motivos
por los cuales se ha suspendido el proyecto de cálculo del IPC Nacional?
7. ¿Qué criterios aplica el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto del acceso y difusión de la
información pública, en particular todo lo referido a normativa interna del
organismo, documentos, memorandos, resoluciones, disposiciones, etc., y dónde
se puede acceder a ellos en su totalidad?
8. ¿Cuáles fueron los motivos
para los reemplazos en el año 2007 de la Directora del área a cargo del Índice de
Precios al Consumidor (IPC), de la Directora de la Encuesta Permanente de
Hogares, y de la Directora Nacional de Condiciones de Vida?
9. Cualquier otra información
que sirva al presente.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Múltiples decisiones económicas se
basan en los indicadores socioeconómicos que produce el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC). En base a ellos las familias toman decisiones de
gasto y ahorro, las empresas deciden acerca de cuánto van a producir e invertir, se
negocian múltiples contratos en diversos mercados y las propias autoridades
gubernamentales eligen cursos de política.
Por estos motivos la continuidad,
calidad y transparencia en la metodología de cálculo son condiciones
indispensables para preservar la confianza del público en ellos y para disponer de
información fiable sobre la cual formular políticas de Estado.
Las metodologías de cálculo de los
indicadores económicos están regularmente sujetas a cambios y actualizaciones.
La realización de esos cambios debe seguir criterios estadísticos y económicos bien
establecidos y aceptados internacionalmente. Los técnicos de INDEC trabajan en
base a esos criterios y es por ello que las estadísticas que allí se elaboran gozaban,
antes de la intervención del mismo, de credibilidad en el país y en el exterior.
En el mes de octubre de 2008 el
INDEC difundió un comunicado sobre ciertas pautas referidas a la actualización
metodológica del IPC, explicitando modificaciones en la estructura de
ponderaciones, tratamiento de la estacionalidad, y la metodología de muestreo
para identificar locales informantes entre otros.
Sin embargo numerosos actores
científicos, políticos y económicos vienen expresando, desde el mes de febrero de
2007, sus dudas y preocupación sobre los criterios técnicos establecidos para la
introducción de cambios en la metodología de cálculo de los índices de precios.
Esta desconfianza ha minado la credibilidad del INDEC, lo cual trajo aparejado
como efecto colateral el progresivo reemplazo del Estado por el sector privado
como proveedor de estadísticas.
La introducción de cambios en la
metodología de cálculo en función de necesidades coyunturales malogra esfuerzos
realizados durante largos años para preservar indicadores que permitan un buen
entendimiento de la situación socioeconómica del país, pone en riesgo su
continuidad y genera desconfianza. Con ello sólo se logra dificultar la coordinación
de decisiones económicas, deteriorar la calidad del crédito público y, peor aún, de
las instituciones.
En este último sentido, el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó el 30 de Marzo de este año un recurso
de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio contra la resolución
adoptada con fecha 13 de Marzo de 2009 - notificada ese mismo día- por la que se
denegó al CELS el acceso y conocimiento completo de la información vinculada con
el expediente administrativo Nº 0303121/08 y su acumulados Nº 0390504/08 y
064699/09. En concreto, se solicitaron los resultados finales completos de la
Encuesta de Gastos de los Hogares -ENGH-, las bases usuarias de la Encuesta
Permanente de Hogares -EPH- y los criterios del organismo respecto del acceso y
difusión de la información pública, en particular la normativa interna del
organismo, documentos, memorandos, resoluciones, disposiciones, etc., que
regulan el acceso y/o publicación de la información estadística. Durante años,
estas bases fueron las principales fuentes para el análisis de indicadores
socioeconómicos tan sensibles como la pobreza e indigencia, el mercado de
trabajo, la educación y la salud.
Esta vez se sumaron al pedido -
rechazado anteriormente dos veces- la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), el Área de Economía y Tecnología de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto de Desarrollo
Económico y Social (IDES), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas
Públicas (CIEPP), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata (CEDLA- UNLP), la Maestría en Políticas Públicas
de la Universidad de San Andrés (UDESA) y el Centro de Estudios sobre Población,
Empleo y Desarrollo (CEPED - Instituto de Investigaciones Económicas UBA).
El reclamo del CELS es básico: los
organismos estadísticos deben ser profesionalmente sólidos e independientes de
los poderes políticos y económicos, para garantizar que su actividad esté orientada
por criterios puramente técnicos. Esta es la única forma de que las evaluaciones
que realizan respondan a la realidad de los hechos y resulten confiables para
quienes toman decisiones y para la población en general. El objetivo del pedido es
promover la calidad, la difusión y el acceso la información estadística, en tanto esa
información es un insumo clave para realizar investigaciones socioeconómicas y
analizar el impacto de políticas sociales en un contexto en el cual la pobreza sigue
siendo un problema no resuelto en Argentina.
En este sentido la publicación de los datos es un paso inherente al
funcionamiento confiable de la institución. El Índice de Precios al Consumidor,
además de ser un indicador del ingreso real, es tomado en cuenta para el ajuste
de rendimientos de títulos de la deuda pública, depósitos bancarios a plazo fijo y
contratos privados, entre otros. Además, determina indicadores clave como los
índices de pobreza y de indigencia.
Como señalaron los responsables
del CELS, el derecho a la información vinculado específicamente con el acceso a la
información pública surge del artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos referido a la libertad de expresión. También podemos
encontrar expresas referencias en el artículo IV de la Declaración Americana sobre
los Derechos y Deberes del Hombre, referido a la libertad de investigación, y está
íntimamente vinculado con la publicidad de los actos de gobierno y el principio de
transparencia de la Administración.
Sin embargo, el INDEC se ha
caracterizado, desde su intervención, por un funcionamiento impune y
marcadamente ideológico, lo que le ha valido la pérdida de legitimidad ante la
opinión pública toda. En 2007, la intervención del Gobierno Nacional en el INDEC,
con el reemplazo del funcionario a cargo de la Dirección de Índices de Precios al
Consumidor -asumiendo el cargo Beatriz Paglieri-, constituyó una alteración de las
reglas de funcionamiento básicas del Instituto y generó dudas sobre la
representatividad de un indicador clave. Además, las acciones de la nueva
funcionaria no normalizaron la situación, sino que, por el contrario, durante todo el
año el INDEC se convirtió en uno de los focos más importantes de crítica al
gobierno de Néstor Kirchner, con una economía que volvía a caer en la trampa de
la inflación. Luego de que Paglieri (sin antecedentes profesionales en la
producción estadística) fuera designada por el secretario Guillermo Moreno en
enero de 2007, el INDEC se convirtió en campo de batalla política entre el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Comercio Interior,
ésta última dependiente de la primera.
A pesar de que la organización de
trabajo del INDEC no permitiría que la intervención oficial tenga una gran
incidencia en los índices (porque para ello deberían alterarse abiertamente las
rutinas de relevamiento de datos o su procesamiento, cambiando las normas
establecidas que, a su vez, están compatibilizadas con las organismos similares del
Mercosur y son monitoreadas por organizaciones internacionales) los números que
describen cosas como la inflación, el precio de la canasta básica, etc., se han
alejado perceptiblemente de la realidad que cualquier ciudadano puede
reconocer.
Asimismo, y como bien indica el
CELS en la referida presentación, La información que se solicita había sido
publicada y difundida por el mismo organismo que ahora niega el acceso. En
particular, respecto de la EPH se difundía mediante un registro gratuito y libre
desde la página web del organismo desde el año 2003 pero la última base usuaria
difundida fue 1º trimestre de 2007. También estaban disponibles todas las bases
usuarias de la EPH puntual desde 1974 a 2003. Por otro lado, durante el período
2003-2006 se publicaba en el calendario de difusión del INDEC.
Por su parte, la Encuesta Nacional de
Gastos e Ingresos de los Hogares -realizada en 1996 y 2005- fue difundida
parcialmente respecto de la primera y algunos tabulados preliminares respecto de
la de 2005.
También es necesario recalcar como
antecedente, que el INDEC no ha argumentado las razones de suspensión de la
publicación y difusión de las bases usuarias de las mencionadas encuestas.
Tampoco da cuenta sobre las razones para mantener en reserva tales datos ni ha
explicado la razonabilidad y extrema necesidad de la medida pese al riesgo de ser
condenado internacionalmente por la violación a su deber de producir y garantizar
el acceso a la información pública.
La preocupación por la calidad
técnica de las estadísticas públicas, su transparencia y confiabilidad y el derecho a
la información, son cuestiones que deben ser preservadas y promovidas por todos
los poderes del Estado, incluyendo el Poder Legislativo de la Nación.
Por todo lo expuesto anteriormente,
solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción
del presente Proyecto de Resolución.-
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
ALCUAZ, HORACIO ALBERTO | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
REYES, MARIA FERNANDA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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