La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos pertinentes, se sirva informar a este Cuerpo los siguientes interrogantes:

1- ¿Qué cantidad de personas con discapacidad prestan servicios en el Estado Nacional?

2-¿Existen programas de inserción laboral para personas con discapacidad? En caso afirmativo, informe cuales son.

3-¿Por qué razón no se cumple con el cupo laboral exigido para personas con discapacidad?

4-¿Existen campañas de concientización para acrecentar el número de personas con discapacidad en diversos puestos de trabajo? En caso afirmativo, especifique en que lugares y en que fechas se han realizado dichas campañas.

Señor presidente:

"Si conseguir trabajo es difícil para cualquiera, para las personas con discapacidad, la búsqueda se convierte en un calvario. Para colmo, en la administración pública está muy lejos de cumplirse la ley de cupo laboral, que obliga al Estado a destinarles el 4% de los puestos en los tres poderes, en empresas y sociedades del Estado y mixtas, y en concesionarias de servicios públicos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1.502 establece un cupo del 5%. Preveía una incorporación gradual, del 1% por año, para llegar al 5% a fines de 2009. En tanto vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti aceleró la integración. "En diciembre de 2007 el cumplimiento era del 0,36% y ahora estamos en el 2,02%", informó Marina Klemensiewicz, presidenta de la Comisión para la Plena Participación e Integración de las personas con Necesidades Especiales (COPINE). En el Estado nacional, Magdalena Galli, responsable de la Oficina de Empleo de la Unidad para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo, admitió no tener "ni idea" del grado de cumplimiento del cupo.

Clarín consultó a la Conadis, la comisión nacional que entiende en el área; pero debido a su agenda, su presidenta, Raquel Tiramonti, pidió concertar la entrevista con "un tiempo considerable de anterioridad", y tampoco derivó a otro funcionario. Fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense también reconocieron que "el cupo no se está cumpliendo. Y no hay datos sobre el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas por el Estado provincial. El ministerio que está más cerca de cumplirlo es el de Trabajo, que llega al 3,6%". En Nación, "el incumplimiento es una deuda desde 1981. Nunca hubo voluntad política de incorporar a personas con discapacidad en forma orgánica y regular. Recientemente el Ministerio de Trabajo incorporó a un grupo, a través de cursos de capacitación y de una selección. Es el puntapié inicial, pero el impulso debe seguir", se franqueó Roberto Ramos, abogado de la Unidad especializada. De todos modos, los expertos en inclusión laboral coinciden en que los cupos no dan resultado, sobre todo por la baja formación de los aspirantes. Según la encuesta sobre discapacidad de 2003, el 46,5% de quienes cursaron educación común no terminó el secundario, y otro 32,6% ni siquiera completó la primaria. Y en la Ciudad, otra ley exige estudios medios para ingresar a la administración pública.

Esto, a su vez, revela que los chicos con necesidades especiales enfrentan grandes obstáculos para ir a la escuela, tanto desde el sistema educativo como por falta de transporte público accesible. Según el INDEC, sólo el 24,9% de esta franja de la población tiene empleo. Pero hay que tener en cuenta que el 68% se declara inactivo, en muchos casos porque ya se cansó de buscar. "Esto se debe a que siempre se aplicaron políticas asistenciales, y no de desarrollo del sujeto", apunta Alejandro del Mármol, de la Fundación Par.

Los intentos por revertirlas tienen diferente impulso. En la Ciudad hay 4.300 aspirantes, pero además hay un programa de becas y de capacitación, que ya alcanzó a 800 personas. En provincia, el SECLAS superó los 4.000 inscriptos, y desde Trabajo se dieron directivas a los demás ministerios para empezar a cumplir el cupo. El registro de Nación tiene a 6.600 anotados, de los que entre 70 y 80 lograron insertarse en 2008. "El Estado es un incumplidor, pero no debería ser visto como el único empleador", advierte Bea Pellizzari, de la ONG La Usina.

"La inclusión laboral es la última etapa en un proceso, y un encadenamiento de toda la sociedad -destaca Klemensiewicz-. Una ciudad inclusiva no se construye de un día para otro".

Fuente: Diario Clarín, 09- 05-09:

Por lo expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen con la firma del presente proyecto.