La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe ante las comisiones de Comunicación e Informática y de Libertad de Expresión de esta HCDN, a través de Jefe de Gabinete Cr. Jorge M. Capitanich, del Secretario de Comunicación Pública Sr. Alfredo Scoccimarro o de quien corresponda, sobre el gasto ejecutado en las políticas de comunicación relacionadas al reparto de la pauta publicitaria oficial durante el segundo semestre del año 2009 y el primer semestre del año 2013 y los siguientes puntos:

- ¿cuáles son los estudios específicos realizados con relación a la medición de audiencia de los medios beneficiados con la pauta oficial.

- ¿cuáles son los criterios de asignación de la pauta publicitaria.

- La distribución de la pauta publicitaria, ¿funciona como una censura indirecta ya que, por ejemplo, el Grupo La Nación recibió en el período mencionado la suma de pesos 23.6229.733 de pauta publicitaria mientras que el Grupo Veintitrés, recibió un total de pesos 391.401.584?

- ¿cuál es el criterio de selección para que los medios periodísticos sean adjudicatarios en el reparto de la pauta publicitaria oficial dado que se desconocen los parámetros de evaluación y no hay un patrón de referencia (medios gráficos con tiraje bajísimo y reducida difusión tienen, proporcionalmente, muchísima más inversión oficial que otros de difusión masiva (diario BAE del grupo Spolski aproximadamente $6020 por cada ejemplar impreso, mientras el diario Clarín recibe alrededor de 0.03 centavos? ( Los datos de tirada son del Instituto Verificador de Circulación 2012)

- ¿por qué se incumple el fallo judicial a favor de la Editorial Perfil que recibió 1.79 millones de pesos de pauta en el primer semestre de 2013?

- cuáles son las funciones prácticas y operativas del Consejo de Coordinación de Políticas de Comunicación Pública?

- cuáles son las funciones prácticas y operativas de la Secretaría de Comunicación Pública?

Señor presidente:

Hemos tomado conocimiento de un informe difundido en la página oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros el gasto en materia de publicidad oficial entre el segundo semestre de 2009 y el primero semestre de 2013.

Del mismo se desprende que, de los 200 beneficiarios consignados, 287 de ellos reciben más de pesos 1 millón en los semestres informados.

Además, se establece una profunda desigualdad entre los receptores de la misma, por ejemplo Grupo 23 y La Nación y se sigue incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la asignación publicitaria a la Editorial Perfil.

Como lo hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades, dicho incremento presenta una distribución inequitativa y desigual entre medios que el Gobierno considera afines a su relato político y los medios a los que ha categorizado como críticos u opositores.

Creemos necesario reiterar nuestra convicción que dicha pauta, cuya financiación proviene de los aportes de todos los ciudadanos contribuyentes y que debería sostenerse en el deber republicano de informar los actos de gobierno, tendría que distribuirse de manera tal que respete la ecuanimidad y promueva la diversidad de opiniones. Para ello es fundamental la sanción de la ley que contempla y regula este otorgamiento.

Es por ello que es prioritario y urgente que las comisiones de Comunicación e Informática y de Libertad de Expresión reciban la información requerida y que se establezca cuáles son los estudios específicos realizados con relación a la medición de audiencia de los medios beneficiados con la pauta oficial, cuáles son los criterios de asignación de la pauta publicitaria, si la distribución de la pauta publicitaria funciona como una censura indirecta, cuál es el criterio de selección para que los medios periodísticos sean adjudicatarios en el reparto de la pauta publicitaria oficial dado que se desconocen los parámetros de evaluación y no hay un patrón de referencia, por qué se incumple el fallo judicial a favor de la Editorial Perfil, cuáles son las funciones prácticas y operativas del Consejo de Coordinación de Políticas de Comunicación Pública y cuáles son las funciones prácticas y operativas de la Secretaría de Comunicación Pública, entre otras.

A su vez, es nuestro deber manifestar que nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales, durísimas réplicas presidenciales o arbitraria asignación publicitaria por no uniformar su pensamiento al discurso oficial.

La pluralidad de voces es otro de los mitos que el discurso oficial pretende instituir. Para ello no escatima el uso de todas las herramientas de gestión que tiene a su alcance a fin de generar un cerrojo en torno al discurso único que pretenden imponer.

La pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de los contenidos y el escarnio público son elementos de los que se vale la estructura gubernamental para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se intenta instaurar.

Generar causas judiciales, rescindir contratos y privar a los periodistas del legítimo derecho constitucional a expresar su opinión y a ejercer toda actividad lícita, es un acto de censura inaceptable, como lo que el inequitativo y desigual reparto de la publicidad oficial, que son fondos económicos obtenidos con el esfuerzo de todos los ciudadanos y que debe volver a ellos con el respeto a su sagrado derecho a la libertad de expresión.

Teniendo en cuenta lo manifestado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución