La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Manifestar preocupación por los cambios efectuados en el sistema prestacional de gerenciadoras de PAMI en la Provincia de Santiago del Estero, que estaría poniendo en peligro la atención medica de los afiliados en vastos sectores de la población beneficiaria, al eliminar prestadores en algunos casos o a enviar a los afiliados a atenderse a grandes distancias de sus domicilios, incluso fuera del ámbito Provincial, y solicitar al Poder Ejecutivo, que por intermedio de los organismos que correspondan, garantice la atención medica de los actores sociales involucrados, sin resentir la calidad y operatividad de las prestaciones, rediseñando el sistema de prestaciones actual, tomando en cuenta la realidad geografica, social, cultural, economica, sanitaria que conforman una problemática singular en esta Provincia, sobre la base de un claro concepto de atención prioritaria y expedita de los afiliados, estableciendo para ello un plazo no mayor a 120 dias, con la participación de todos los actores involucrados y afectados en esta grave coyuntura.

Señor presidente:

A partir del 1ro. de marzo del corriente, la intervención del PAMI, puso fin al sistema de Gerenciamiento en la Provincia de Santiago del Estero, remanente de una práctica altamente deficiente para prestar atención medica a los afiliados, y una fuente directa de corrupción y prebenda.

Ya desde el comienzo de la Intervención del Instituto, se elevaron advertencias sobre la calidad de atención médica, a través de los informes de los Consejeros Federales, y permanentes denuncias de los sectores afectados.

Los principales reclamos se basaban en la concentración de servicios en los departamentos Capital, La Banda, y otros pocos, dando escasa cobertura en la mayoría de los departamentos del interior.

Esto llevo a que en los últimos años la atención a los afiliados de PAMI fuera de una pésima calidad, donde se verificaban abusos por parte de los prestadores, tales como pagos de servicios que se deberían prestar gratuitamente, como análisis, placas radiográficas, o estudios de rutina. Además, se ha verificado la demora de meses para la entrega de turnos, ya que se limitaba la cantidad de pacientes a atender por día, e igualmente, existían cupos mensuales por afiliado de exámenes de laboratorio u otro servicio.

En este escenario, no caben dudas que el sistema prestacional debía ser revisado, tarea a la que prontamente se aboco la Intervención. Sin embargo a partir del mismo momento de entrar en vigor la reforma, se advirtió que a grandes rasgos, el sentido del cambio era la eliminación de prestadores, y la derivación de pacientes al sistema publico de salud, mediante convenios que hasta el momento no se han perfeccionado, en algún caso por estar acordando las condiciones, y en muchos otros por que directamente ni siquiera existen establecimientos públicos en la zona, que puedan recibir y atender las consultas.

En algún caso los centros de internacion se encuentran en Provincias vecinas, como el Dto. Guasayan donde el centro de derivación para internación se encuentra en la Provincia de Catamarca, o el caso del Dto. Rivadavia en que el centro de internación se encuentra en Ceres, Provincia de Santa Fe, y Pellegrini, con un centro de internación en la Provincia de Tucumán.

Aun sin salir de la Provincia, algunos centros de internación se encuentran a mas de 400 km. de el punto de derivación, como se verifica en la localidad de Monte Quemado, Dto. Copo, en que residen más de 900 afiliados.

Otros datos elocuentes de esta afligente situación lo constituyen la baja proporción de profesionales en relación a los afiliados, por ejemplo el Dto. Moreno, posee 1600 afiliados y tiene 2 médicos, en tanto la ciudad de Tintina que posee 700 afiliados no tiene médicos, y los mas cercanos están a unos 100 km. (en Quimili)

El Dto. Loreto tiene mas de 1200 afiliados que son atendidos por un solo medico, Guasayan, con 800 afiliados, y un medico, Robles, con 2200 afiliados, un solo medico.

Se podría detallar muchos mas datos de esta realidad que es el reflejo de las penurias y el estado de abandono al que están sometidos los habitantes de Santiago del Estero, sobre todo los del interior que son los que mas sufren la postergación y la asimetría de medios y recursos con que el Estado los debe atender, en un evidente caso de discriminación.

Para tener una idea más próxima de la dimensión del problema, basta decir que 50.000 afiliados en toda la Provincia están a cargo de 68 médicos, y 10 hospitales y sanatorios.

La Dra. Ocaña, con la mejor buena voluntad, de la que no dudamos, quiso deshacer una cerrada madeja de prevendismo y corrupción a que daba lugar el sistema reemplazado, pero dejo en estado aun mas vulnerable que antes a un gran sector de los afiliados al Instituto, que culminan en la interrupción de tratamientos, en agravamiento de su condición de salud, gastos y tiempo de traslado, y una vasta gama de penurias difíciles de imaginar.

Recientemente los argentinos hemos sido testigos de un juicio político sin precedentes institucionales, sobre la persona del Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde los albores de su gestión intento poner en orden el sistema de controles y habilitaciones vigente, al que describió como un "focazo de corrupción", eliminando de un día para otro toda una estructura vital para el funcionamiento de la ciudad. En el transcurso de la organización de un nuevo cuerpo de inspectores, ocurre la tragedia de "cromagnon" que todos recordamos, como consecuencia directa de la falta de control.

Esto ejemplifica que un sistema de organización y gestión no puede deshacerse sin más, sin tener un mecanismo que lo reemplace inmediatamente de un modo eficiente, por más razones de urgencia que así lo ameriten.

Al tiempo de avizorarse el sentido de los cambios comenzaron a levantarse voces de reclamos y pedidos a las autoridades Provinciales, así como también reclamos ante la justicia, como el efectuado ante el Juez en lo Criminal y Correccional de 4ta. Nominación Dr. Oscar Juárez, que resolvió ordenar a PAMI, se abstenga de aplicar el nuevo modelo prestacional, garantizando una atención similar al sistema vigente antes del 1 de marzo del corriente, y convocando a una reunión entre las partes para considerar los reclamos puntuales de los afiliados

Mientras tanto se decide la vuelta atrás por parte de PAMI, se ha producido la primera victima fatal de este proceso. En efecto el día 26/3/06 el Sr. Juan Manuel Avila, oriundo de Suncho Corral, fue derivado a una clínica de la Capital Provincial, a unos 98 km. de su domicilio, y al llegar la clínica no lo acepto, debiendo requerirse una orden a Suncho Corral, y la aceptación por parte de PAMI central, todo esto en un proceso que duro varias horas, en las que el anciano paciente estuvo en una ambulancia, sin atención, agravándose progresivamente, lo que finalmente desemboco en su muerte

Si bien la administración del Instituto tomo medidas inmediatas al respecto, echando a la responsable y abriendo un proceso penal por abandono de persona, lo cierto es que la vida del anciano ya no se recupera, y todo como consecuencia de no tener un establecimiento mas próximo a su vivienda, un traslado inhumano en esas condiciones y un trato aun mas inhumano de funcionarios burócratas que omiten toda consideración sobre el tratamiento a seres humanos, que tratándose en su mayoría de ancianos con su salud deteriorándose de modo progresivo, requieren por lógica un tratamiento prioritario.

No esta en el animo de los autores de este proyecto, discutir la medida de reemplazar un sistema ineficiente, pero si advertir que el sistema que se quiere imponer es peor que el anterior, y en muchos casos ni siquiera alcanza a quienes son sus beneficiarios, por falta de medios, por la distancia para acceder a ello, o por cualquier otra razón de las aquí explicadas, pero que se podría sintetizar como carente de todo criterio de razonabilidad y coherencia.

Nadie desconoce que cambios como el que se intenta llevar adelante, aun con la mejor buena fe, implican un altísimo costo, y producen consecuencias en los actores involucrados, pero de ningún modo esos costos y consecuencias deben ser asumidos por los afiliados, dañando todavía mas su situación, que bien conocido es por todos, son los mas vulnerable de la sociedad.

La preocupación y el rechazo al sistema de prestaciones que se manifiestan en este proyecto, ya han tenido su correlato en otros proyectos, tanto a nivel nacional como provincial, además de una negativa repercusión en diversas organizaciones sociales, vinculadas a la defensa de los derechos de la tercera edad y en general un clima de oposición en todos los sectores de la comunidad.

En base a estos fundamentos y los antecedentes del caso, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto.