La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio del art. 71 de la Constitución Nacional, solicitando la presencia en el recinto de esta H. Cámara del Sr. Ministro de Planificación Federal, Arq. Julio De Vido, a fin de que brinde información a los señores diputados sobre la política de transporte público de pasajeros en general, y del transporte de ferrocarril en particular, en respuesta a los graves acontecimientos ocurridos el día 15 de mayo de 2007, en la estación de trenes de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, similar a los ocurridos en la ciudad de Haedo, provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2005. Asimismo, instamos al Señor Ministro a que brinde en ese acto información detallada de la política de subsidios en esta área sensible, la utilización en el plan de obras de fondos provenientes del fideicomiso del transporte, como así también la evaluación de la situación y el posible encauzamiento de soluciones.

Señor presidente:

Los hechos sucedidos el día 15 de mayo de 2007, en la estación de trenes de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, han conmovido una vez más a toda la sociedad argentina.

Una violenta refriega entre un grupo numeroso de pasajeros de la línea Roca, que transporta diariamente miles de personas entre la Capital Federal e importantes ciudades del sur del conurbano bonaerense, y personal de la policía Federal, puso en escena una vez más el deterioro de los servicios públicos de transporte concesionados y el malestar creciente de la población, que se ve ostensiblemente perjudicada en su quehacer y desplazamiento cotidiano.

Los episodios del martes comenzaron cuando, después de una jornada de trabajo y queriendo regresar a sus hogares, la gente se encontró con que una serie de desperfectos imposibilitaba la salida de las unidades, con el consiguiente atraso en el regreso a sus domicilios. Según todo parece indicar, la interrupción del servicio -circunstancia repetida por una razón u otra- encendió la mecha de lo que los medios de comunicación coincidieron en denominar "un día de furia", en el cual cientos de seres normales reaccionaron con violencia inusitada ante el sentimiento de colapso del servicio de pasajeros de dicha compañía de pasajeros.

El hartazgo por un servicio prestado en situaciones precarias fue la chispa que encendió reacciones irracionales (y en cierto punto vandálicas), lo cual nos debe hacer movilizar en orden a un control adecuado sobre las formas de prestación del servicio, que evite la reiteración de estas lamentables situaciones.

Recordamos que, como resultado de estos acontecimientos, se registraron 25 heridos y 16 detenidos.

Es de hacer notar que lo ocurrido ayer en la estación Constitución no es la primera vez que pasa. Ya el primero de noviembre de 2005, en Haedo, provincia de Buenos Aires, por similares causas un grupo enardecido de usuario incendió 15 vagones, dando lugar a posteriores saqueos en los comercios cercanos a la estación de trenes del Ferrocarril Sarmiento. Otros incidentes se han repetido a lo largo de los últimos meses por servicios deficientes, herencia de la "dorada" década del 90 que finalmente ha terminado por mostrar su verdadero rostro.

Señor presidente: la gravedad que estos hechos comportan (no sólo desde el punto de vista social, sino también por las consecuencias institucionales que podrían traer aparejados) nos obliga a ejercer nuestra facultad constitucional de solicitar la información verbal de parte de los propios responsables políticos del área correspondiente.

El "día de furia" en Constitución pone de relieve, una vez más, algo sobre lo cual hemos insistido en reclamar durante nuestro presente mandato: nos referimos a la necesidad de transparentar los mecanismos de los llamados "fondos fiduciarios". Los subsidios y compensaciones del transporte de pasajeros surgen, precisamente, de un fondo fiduciario creado por los Decretos 976/01 y 1377/01 de Sistema de Infraestructura de Transporte. Los recursos de estos fondos se obtienen de una tasa aplicada al gasoil (art. 4º del Decreto 802/01, mod. Art. 3º del Decreto 976/01) y de las tasas viales del art. 7º del Decreto 802/01, cuyos montos fueron destinados a financiar obras viales y a la compensación de los corredores viales en un 80 por ciento a través del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El 20 por ciento restante corresponde a subsidio de las prestatarias de servicios de ferrocarriles vía el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER).

Ya ha sido reconocido el endeble control -y consecuente posibilidad de arbitrariedad-, que implica la utilización de los fondos fiduciarios (sirva como ejemplo el involucramiento de estos fondos en el denominado "Caso Skanska"). Un estudio del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), de octubre de 2005, llamó la atención sobre el débil control que sobre los mismos efectúa el Estado.

De tal manera, los hechos vividos en la estación Constitución, que millones de argentinos vieron azorados por la pantalla de televisión, condensan una variedad de problemáticas que es imperioso atender, independientemente de los riesgos que implican para la vida y seguridad de las personas: fragilidad estructural de nuestro sistema de transporte público, notorias falencias de control sobre la eficacia y transparencia de los fondos destinados a la obra pública y agotamiento de un modelo ideológico que impuso el apartamiento del Estado en áreas vitales y que es menester, indudablemente, corregir.

Por estas razones, solicitamos a los señores diputados acompañarnos en la aprobación de este proyecto de Resolución.