El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1°: Deróguense la Ley 23.681 y el Decreto 1378/2001.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Ley N° 23.681, sancionada en 1.987, estableció un recargo del Seis por Mil (6‰) de las tarifas aplicadas a los consumidores finales de cada rincón del país. Dicha norma, en su artículo 6°, estableció además un beneficiario concreto del gravamen: la Provincia de Santa Cruz.

La norma fundamentó el beneficio en los mayores costos para el abastecimiento de energía eléctrica sufrido por los habitantes de la Provincia de Santa Cruz por no estar vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y precisamente por ello la Ley previó un plazo de finalización del gravamen, esto es hasta la interconexión de la Provincia con el SADI.

Sin embargo, este plazo de finalización del beneficio fue modificado por el Decreto 1378/2001, el cuál estableció que el beneficio seguiría vigente "luego de la efectiva interconexión de la Provincia de Santa Cruz, durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión de esa Provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)."

Según el Artículo 3° de la Ley 23.681, lo recaudado debería destinarse a "realizar inversiones en el sector eléctrico y reducir el nivel de tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad (...) a efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedio del resto del país". Sin embargo, ninguno de estos dos objetivos se cumplió efectivamente.

Para la Provincia de Santa Cruz, la vigencia de este recargo a todos los consumidores domiciliarios de energía eléctrica del país le significó un ingreso de más de $ 300 millones. Sin embargo, la tarifa eléctrica de la provincia patagónica beneficiada siguió estando entre las más caras del país y las obras para conectarla al Sistema Argentino de Interconexión sólo empezaron a construirse hace algunos meses -y con sólo un 3% de aporte provincial-.

Según proyectos presentados en la Legislatura santacruceña por legisladores provinciales de nuestro partido, la Unión Cívica Radical, a pesar de que la provincia recibiera, desde 1992 -año en que entrara en vigencia el esquema- entre $ 23 y 24 millones anuales por este régimen, las tarifas residenciales seguían siendo un 198% más caras que en Chubut y un 126% que en Río Negro, según un cuadro comparativo del año 2002.

El Centro de Educación al Consumidor (CEC) realizó, en febrero de 2005, un pedido de informes a la Secretaría de Energía de la Nación sobre el uso de los fondos recaudados, pedido que no fue respondido, pero cuya información fue obtenida a través de un amparo por mora. Según la información obtenida por esta organización, desde 1989 hasta fines de 2004 se obtuvieron por este gravamen unos $ 367 millones, de los cuales $ 324 millones fueron transferidos a Santa Cruz. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Energía, se utilizaron para subsidiar los consumos eléctricos -lo que está en tela de juicio a juzgar por lo expuesto más arriba- y a realizar obras no previstas en la ley.

En el CEC aseguran que todos los fondos aportados por los usuarios no fueron utilizados para las obras de conexión, lo que motivó que, en Noviembre de 2005, iniciara acciones judiciales contra el secretario de Energía y los que lo precedieron en el cargo por violación de los deberes de funcionario público, denuncia formulada en la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 15.

Con un retraso de 15 años, finalmente las obras parecen estar en etapa de concreción. El gobierno nacional anunció públicamente que espera inaugurar el tendido completo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) hasta Río Turbio para 2008/2009. Hace algunos meses aparentemente se inició la construcción, operación y mantenimiento de una línea -de 500 KV - de 538 km. de longitud entre Puerto Madryn y Pico Truncado, obra en la que Santa Cruz participa como parte iniciadora con sólo un 3% -alrededor de $ 11 millones- y Chubut con el 1%.

Dicha obra se enmarca en el Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica, el que se financia por dos vías. Por un lado, por un Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) -creado por Ley Nº 15.336 y modificado por la Ley Nº 24.065-, que se financia con un cargo sobre cada operación de compra de energía en el mercado eléctrico mayorista y que se destina a la realización de obras en el interior del país (FEDEI) y a compensar tarifas (FCT). Y por otro, por el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), conformado por un cargo adicional a las mismas operaciones y cuya recaudación se destina "a coparticipar con inversores interesados privados en el pago del canon de ampliaciones del sistema de transporte que sean dedicadas al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas para mejora de calidad y/o seguridad de servicio", según explica la página web de la Secretaría de Energía.

A esta altura de esta exposición argumental, resulta absolutamente claro la inequidad manifiesta y el despropósito que significa la vigencia de este recargo tarifario que pagamos todos los consumidores de energía eléctrica del país y que solo usufructúa la Provincia de Santa Cruz. Más aún, cuando la aplicación de los recursos obtenidos por el mismo es a todas luces absolutamente discrecional, arbitraria y poco transparente, lo que ya motivara acciones judiciales en ese sentido.

Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.