La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informe a esta Honorable Cámara acerca de diversas cuestiones relacionadas con el beneficio de "Asignación Universal por Hijo para Protección Social", detallando lo siguiente:

1. Identificación de la partida presupuestaria asignada a este programa en los años 2009, 2010 y 2011, y detalle de los montos ejecutados al 01/03/2011 desde su inicio.

2. Detalle sobre las gestiones que se habían anunciado que se estaban realizando ante el Banco Mundial con el fin de obtener un financiamiento destinado al pago de los beneficios del programa.

3. Descripción de la metodología de confección del padrón general de niños incluyendo datos totales y cómo se llega a los beneficiarios de la asignación.

4. Desagregación del padrón general de niños por grupo etario, y su distribución por provincias y municipios.

5. Número de beneficiarios de la asignación formal y número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

6. Diferencia entre actuales y potenciales beneficiarios de la AUH: indicando cuántos son, por qué no están recibiendo el beneficio y si existe una estrategia para incluirlos.

7. Si existe algún tipo de documentación o registro sobre las características de los beneficiarios, de manera de corroborar que los mismos se ajustan a los determinados por el Decreto 1602/2009. Si la hubiere, indicar bajo la responsabilidad de qué área del organismo ha sido dispuesta la guarda y archivo de esa documentación.

8. Detalle de las prestaciones contributivas o no contributivas nacionales caídas/interrumpidas por incompatibilidad con la percepción de la AUH (Art 9º Decreto 1602/09), precisando tipo de prestación (Plan Jefas y Jefes, Plan Familias, Seguro de Capacitación y Empleo), montos dejados de percibir, todo ello distribuido por provincias y municipios.

9. La estimación de la población infantil que no tiene otra asignación familiar prevista y no es cubierta por el programa porque concurre a escuelas públicas de gestión privada o pertenece a familias de más de cinco hijos.

Señor presidente:

En reiteradas ocasiones hemos advertido acerca de la escasa información oficial con la que contamos para desarrollar un diagnóstico preciso sobre la marcha e implementación de las decisiones que el Gobierno Nacional adopta respecto de la política social vigente y así cumplir con el rol de contralor que, entre otras facultades, le es atribuido al Congreso.

Este argumento se fortalece cuando detectamos la escasa información detallada en torno al programa "Asignación Universal por Hijo para la Protección Social", establecido mediante el decreto Nº 1602/09, el cual constituye no sólo una iniciativa clave de la actual administración, sino la política social más ambiciosa de las últimas décadas. Dada su relevancia en términos presupuestarios (es equivalente al 0.6% del PBI), consideramos que es importante contar con información que permita evaluar su efectividad en términos de inclusión social.

En principio, pareciera que se trata de una política social que, a pesar de su pretensión inicial, no reviste el carácter de universalidad. Aunque se lo presente como "universal", esta asignación deja al margen del beneficio a un universo bastante amplio de niños. Como ejemplo de esta primera cuestión, citamos el informe que la ANSES preparó con motivo del primer aniversario de la AUH (1) , en el cual se afirma que la AUH cubre a 3.684.441 niños.

Sin embargo, en una nota publicada en el propio sitio web de la ANSES, se cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (Bertranou F., "Aportes para la Construcción de un Piso de Protección Social en Argentina: El Caso de las Asignaciones Familiares", Buenos Aires, OIT, 2010) donde se estima que el número de potenciales beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo es de 4.6 millones. Asimismo, de acuerdo al mencionado informe, "el número de menores de 18 años asciende a 12.1 millones. De este total 6.7 millones están cubiertos por las asignaciones contributivas, 4.6 millones son los potenciales beneficiarios de la AUH, 600.000 menores pertenecen a hogares por encima del salario tope para recibir la asignación contributiva, y unos 200.000 menores (2% del total) no se encuadran en ninguna de estas categorías" (2) . Esto nos lleva a preguntar si existe alguna política para abordar a este 2%, analizar sus características socio-demográficas, e incluirlo en alguno de los planes de asignaciones.

De acuerdo a la información publicada por la EPH con datos del primer semestre de 2010, la población indigente se redujo en un 22%, al pasar de 4.0% en el primer semestre de 2009 al 3.1% en igual período de 2010, en tanto la población bajo la línea de pobreza cayó de 13.9% al 12% en el mismo período. Esto significa que alrededor de 460,000 personas salieron de la pobreza en este período, lo que equivale a poco más del 12% de los beneficiarios de la AUH. Esto nos lleva a preguntar entre otras cuestiones, por qué no se observa una caída mayor en la pobreza y la indigencia, dado lo ambicioso en términos de cobertura de este programa social. Además, estas estimaciones contrastan con la caída del 50% en la indigencia que según el gobierno resultó de la implementación de este programa. (3)

Por otra parte, cuestionamos el financiamiento por el que ha optado el Gobierno Nacional. Según el Decreto 1602/2009, la Asignación Universal por hijo se financia con los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) creado por el Decreto 897/07. Pensamos que hacer que el financiamiento de un beneficio tan importante dependa de una fuente tan volátil como los retornos de ciertos activos financieros genera incertidumbre, y por ello entendemos que debería financiarse con fondos del Tesoro.

Al respecto, cabe recordar que en octubre de 2010 se había anunciado que el Banco Mundial estudiaba otorgar un crédito de 480 millones de dólares para reforzar la AUH en 2011 (4) . Según informaron, dicho crédito estaría destinado a sustentar parcialmente las erogaciones correspondientes a la asignación universal por hijo, por lo que se estaría financiando mediante deuda pública un gasto corriente del Estado Nacional. Por ello, es importante conocer qué ha pasado con ese anuncio y, especialmente cuál será el destino de los recursos, de manera que este Congreso pueda evaluar la razonabilidad de solventar medidas sociales con endeudamiento público.

Por todas estas razones, y en virtud de la importancia que reviste la reducción de la pobreza y la indigencia, es que motivamos este pedido de informes, a fin de contar con más y mejor información que permita conocer el avance logrado a partir de esta política pública, su impacto real en cuanto al acceso a derechos y las herramientas que garantizarán su sustentabilidad en el tiempo.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito a los señores legisladores, acompañen el presente proyecto.