La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y finanzas Públicas se informe sobre los siguientes puntos relacionados con la negociación que se está llevando a cabo con los países nucleados en el Club de París:

1.- Cuál es la composición de las obligaciones que la Argentina reconoce como válidas a los fines de la negociación, detalladas por Acreedor -oficial o privado-, tipo y origen de las operaciones que dieron lugar a las deudas.

2.- Cuales han sido las deudas contraídas durante la dictadura entre 1976 y 1983.

3.- Cuales de dichos compromisos, provienen de transferencias al Estado Argentino de Deuda Externa Privada, identificando a las empresas que originaran dichas obligaciones.

4.- Si se tiene conocimiento que las obligaciones a negociar con el Club de Paris, están sujetas -directa o indirectamente- a una investigación que lleva adelante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi.

5.- Si se tiene conocimiento que mediante una pericia llevada a cabo por auditores del Banco Central en el año 1985, se determinó que parte de la deuda que se mantiene con Holanda, no correspondía pagarla, por no haber llegado los fondos al país, además de otras irregularidades.

6.- Si los Acuerdos a los que se piensa llegar con el Club de París, están sujetos a la participación, supervisión y/o autorización de otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial (BIRF), el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, o el Grupo de los 20

7.- Si la participación del Fondo Monetario Internacional a los efectos de la colaboración efectuada en la elaboración de nuevos índices de precios, está relacionada con los Acuerdos a celebrar con el Club de París.

8.- Si la normativa de las obligaciones a negociar se superpone hoy con los compromisos asumidos en los Tratados Bilaterales de Inversión, es decir si la renegociación no implica amparar las operaciones originales con cláusulas introducidas con posterioridad.

9.- Si la Deuda Externa arreglada bilateralmente con España con fecha 31 de julio de 2007, será materia de una nueva negociación, ahora en el marco del Club de París.

Señor presidente:

En declaraciones públicas realizadas en el año 2011, el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Amado Boudou, manifestó que se había llegado a un acuerdo sobre el monto a negociar con el Club de Paris, habiéndose fijado la deuda, incluido los intereses, en la suma de 8470 millones de dólares. Se enfatizó el "éxito" de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica las "deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático."

Una de las características habituales relacionadas con el endeudamiento externo es que todas las negociaciones son secretas, los pasivos incluidos también lo son, no se conoce el detalle de los créditos reclamados y tampoco el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional. La noticia difundida por los medios es un claro ejemplo de cómo se manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones, además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad del endeudamiento de la dictadura.

La realidad es sustancialmente distinta ya que las deudas ilegítimas que reclaman los países que integran el Club de Paris, no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares, que se ignora a que créditos específicos pertenecen, sino que los datos que tenemos y que surgen de las investigaciones que realizara el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 en el marco de la causa Nº 7723/98 ponen en evidencia la existencia de una suma que excedería más de la mitad de lo reclamado.

No está de más recordar, que el Club de Paris, es un grupo informal de países acreedores que se constituyó en 1956 para refinanciar deudas bilaterales de carácter comercial, que fueron convertidas en financieras por la dictadura de Aramburu: es decir que hay un mal precedente en cuanto a cómo comenzó a funcionar ese singular conjunto multilateral con el que la Argentina tuvo que negociar 8 veces.

Pero dejando de lado deudas canceladas de la década del sesenta, las obligaciones que hoy negocia el ministro Lorenzino tienen su origen en su mayor parte durante la dictadura cívico-militar que endeudó a la Argentina a partir de marzo de 1976. En efecto, cuando comenzaron las primeras negociaciones en 1985, el monto de la deuda a renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar, que en esa fecha las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.

En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego en el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.

Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.

En razón de las dificultades económicas surgidas durante los dos primeros años de la gestión de Menen, se fue dilatando un nuevo acuerdo, hasta que el 19 de septiembre de 1991, se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592 millones de dólares.

El acuerdo final con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.

Desde 1992, y hasta el default producido en el año 2001, se efectuaron pagos anuales, conforme lo pactado en la última Ronda, aunque las cifras consignadas oficialmente son dudosas.

Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, hasta llegar a cifras que no resultan precisas y que rondarían los 9000 millones de dólares..

Hasta aquí el detalle riguroso de las negociaciones y la evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluimos los detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por mora, pero lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas, es determinar que importe corresponde a la deuda de la dictadura, y cual el que corresponde a los gobiernos a partir de diciembre del año 1983.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, al Presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la "reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio"

Resulta importante detenerse en la deuda de la empresa Cogasco, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, ya que tal obligación fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.

La empresa Cogasco fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 3300 millones de dólares

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a "fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases" Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: "No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expte. 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (...) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones". El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el Dr. Marcelo Kiguel, Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

Es decir, que si exceptuamos el crédito adeudado a Alemania, proveniente de la central atómica Atucha II, la totalidad de la deuda que se mantiene con el Club de París provendría de operaciones realizadas durante la dictadura, cuyos fondos se ignora específicamente a que fueron destinados, conforme surge de la investigación que llevó adelante el Juzgado Federal Nº 2, todo lo cual es una contundente evidencia de cuál es el origen de esta deuda, y lo absurdo de reducir la ilegitimidad a créditos por 100 millones de dólares.

Que ante la total falta de información sobre las negociaciones, que solo se conocen a través de trascendidos periodísticos, presenté en la Secretaría Privada del entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Amado Boudou, una solicitud a los efectos de que me informara sobre las deudas que se iban a renegociar con el Club de París y otros aspectos técnicos relacionados con la misma, fundándolo en el Decreto 1172/03, que posibilita el acceso a la información para cualquier ciudadano.

Boudou no contestó la solicitud, debido a lo cual en el mes de marzo le inicié una acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que seguramente estará languideciendo en los tribunales federales, para evitarle molestias al Poder Ejecutivo.

Con posterioridad, ante un nuevo pedido efectuado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se informó sobre el monto de la deuda en mora, manifestando que la documentación referida a la deuda privada y otros detalles de la misma se encontraba en el Banco Central de la República Argentina. En razón de ello envié el año pasado dos notas a la Presidenta del Banco, Lic. Mercedes Marcó del Pont, la que fue respondida cuatro meses después, hace unos pocos días, informando que la documentación se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es decir que el Ministerio dice una cosa y el Banco dice otra, no poniéndose de acuerdo en un hecho de importante gravitación para la economía del país, además de poner en evidencia el descuido con el que se maneja la documentación del Estado

Que tal como lo establece la Constitución Nacional es competencia indelegable del Congreso de la Nación arreglar la deuda pública, y ocuparse de lo todo lo relacionado con la misma, debido a lo cual es inexplicable, que en ninguna de las dos Cámaras que lo componen se tenga la información necesaria sobre los acuerdos o negociaciones que lleva el responsable de la cartera económica.

Que para terminar con el secretismo de negociaciones que son incompatibles con un sistema republicano y en defensa de la calidad institucional que desde el Poder Ejecutivo se proclama pero que no se respeta, es necesario que se informe a la Cámara sobre los puntos señalados en la resolución.

Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto.