La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y en relación al funcionamiento del subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara lo siguiente:

1. Evolución mensual de la cantidad de titulares adultos beneficiarios y menores a cargo dados de alta, discriminando éstos últimos por grupo etario, y distribuido por provincias y municipios.

2. Evolución mensual de la cantidad de prestaciones interrumpidas por falta de acreditación del cumplimiento de los controles sanitarios y de escolaridad estipulados, discriminando por grupo etario del menor, causal de interrupción, y distribuido por provincias y municipios.

3. Cuáles son las instancias de monitoreo y control implementadas para evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones sanitarias y de escolaridad requeridas para el acceso y sostenimiento del beneficio, detallando organismos/dependencias públicas intervinientes.

4. En relación a su incidencia en términos de inclusión social, si se han realizado mediciones sobre la evolución de la matrícula escolar -básica y media-, y sobre la evolución de la cobertura sanitaria básica de la población infantil beneficiaria, indicando en caso afirmativo cuáles han sido los resultados, metodología y series estadísticas utilizadas, instituciones publicas o privadas intervinientes en su elaboración, así como toda otra aclaración que considere pertinente.

5. Si se han detectado irregularidades en la asignación y/o percepción de estas prestaciones, precisando en caso afirmativo medidas adoptadas por las autoridades competentes y sanciones aplicadas en cada caso, por provincias y municipios. De haberse efectuado denuncias judiciales, detallar fecha, carátula, juzgado y estado de la causa.

Señor presidente:

En reiteradas ocasiones hemos advertido acerca de la escasa información oficial con la que contamos para desarrollar un diagnóstico preciso sobre la marcha e implementación de las decisiones que el Gobierno Nacional adopta respecto de la política social vigente y así cumplir con el rol de contralor que, entre otras facultades, le es atribuido al Congreso.

Este argumento se fortalece cuando detectamos la escasa información detallada en torno al programa "Asignación Universal por Hijo para la Protección Social", establecido mediante el decreto Nº 1602/09, el cual constituye no sólo una iniciativa clave de la actual administración, sino la política social más ambiciosa de las últimas décadas.

A pesar del rápido crecimiento de la economía observado luego de la crisis de 2001/2002, los niveles de pobreza e indigencia se mantuvieron elevados, lo cual llevó a que desde distintos sectores de la sociedad se insistiera en la necesidad de implementar un programa masivo de transferencias de recursos que contribuyera al alivio de las necesidades económicas más inmediatas de la población.

En base a un estudio realizado por CEDLAS, se percibe que "del total de la población pobre más del 40% son niños menores de 15 y más del 60% menores de 25 años". Esta concentración de la pobreza en la niñez, sumada a la sencillez para verificar la edad de las personas, constituye uno de los argumentos centrales a favor de programas de alivio a la pobreza focalizados en la niñez, como los propuestos por varios actores sociales y como el implementado por el gobierno en 2009.

En efecto, en un giro de su política social hasta ese momento, en octubre de 2009 el Gobierno Nacional implementó por DNU, luego ratificado por ley, un programa de este tipo, mediante la extensión de las asignaciones familiares a hijos de desocupados y trabajadores informales. En diciembre de 2010, lo extendió a los trabajadores de temporada, quienes cobrarán este beneficio todo el año. En marzo de 2011 también se hizo extensivo a las madres embarazadas que acrediten su condición entre el tercer y cuarto mes de embarazo, mediante certificado médico.

Dada la enorme magnitud e importancia de esta política, con una previsión presupuestaria inicial para el presente ejercicio del orden de los $12.000 millones, y dada la necesidad de conocer cifras oficiales que den debida cuenta acerca de su evolución temporal y geográfica, y su impacto sobre variables sociales, encontramos imprescindible el planteo del presente proyecto, en orden a realizar las evaluaciones que resulten pertinentes.