La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y demás organismos competentes en la materia, informen a esta H. Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados al sistema de vigilancia electrónica "El Guardián" que implementará la policía de la República Oriental del Uruguay, que le permitirá realizar escuchas telefónicas masivas y seguimiento indiscriminado de correos electrónicos y redes sociales.

1.- Establecer si la República Argentina cuenta con información oficial del gobierno uruguayo en relación al sistema de vigilancia electrónica denominado "El Guardián", que será puesto en funcionamiento a la brevedad por la Policía Nacional del vecino país.

2.- Precisar si dicho sistema podría vulnerar las comunicaciones telefónicas de red o celular originadas en nuestro país o recibidas por usuarios dentro de nuestro territorio nacional.

3.- Señalar los riesgos que existen para la privacidad de los argentinos, transeúntes o turistas que utilicen Internet y las redes sociales, y la vulneración de las garantías reconocidas en la Constitución Nacional a todos sus habitantes.

4.- Determinar si nuestro país cuenta con algún software o procedimiento para encriptar las comunicaciones oficiales y la transferencia de datos sensibles del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y de seguridad, que podrían ser captadas ilegalmente con un sistema Stingray o similar.

5.- Indicar si desde la cancillería argentina se han pedido informaciones o explicaciones a su homóloga uruguaya, en relación al protocolo regulatorio del sistema "El Guardián" y en caso afirmativo, si se han recibido garantías de no afectación de nuestros derechos soberanos y de los que la Constitución Nacional le acuerda a todos los habitantes del país.

Señor presidente:

La Justicia de la República Oriental del Uruguay decidió el 23 de abril de 2015 no hacer lugar al pedido de acceso a la información del sistema que implementará el Ministerio del Interior, sentencia apelada en primera instancia y confirmada.

El Ministerio del Interior rechazó ayer ante la Justicia hacer públicos los detalles de El Guardián, el sistema de vigilancia electrónica que implementará la Policía y que le permitirá realizar escuchas telefónicas y seguimiento de correos electrónicos y redes sociales.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que defendió el carácter público de la información dado que se trata de una invasión a la intimidad de las personas, había realizado el pedido directamente al Ministerio del Interior sin obtener respuesta. Luego concurrió a la Justicia.

Lo que se sabe de El Guardián por vías oficiales es muy poco. La mayoría surge de la experiencia brasileña y de datos que brindaron autoridades del Ministerio del Interior cuando fueron convocadas al Parlamento en 2013.

Mueve a preocupación el secretismo instalado en el gobierno de la Banda Oriental del Río de la Plata, toda vez que el sistema de espionaje podría afectar la soberanía argentina y los derechos de privacidad de nuestros ciudadanos.

La democracia requiere responsabilidad, la responsabilidad exige transparencia. Espiar a cada uruguayo en su país puede convertirse en una amenaza a la democracia y a los derechos soberanos argentinos. Creemos que los gobiernos no necesitan saber más sobre que están haciendo sus habitantes, y en contraposición somos los ciudadanos quienes necesitamos saber más de lo que nuestros gobiernos están haciendo.

Obvio que es no podemos inmiscuirnos en asuntos internos de terceros países, pero cuando la interrelación con los hermanos uruguayos es tan estrecha y fundamentalmente en lo que concierne al aspecto cultural, informativo, radiotelevisivo, de internet y redes sociales, debemos al menos prevenir que puedan escucharse las llamadas de nuestros connacionales, sin ningún tipo de orden, filtro, permiso, nada.

Porque con el pretexto de que es por la Seguridad, se quitan privilegios, privacidad, se restringe libertad, tal como sucedió en EEUU luego de los atentados del 11-S, los que sirvieron para quitarle a los americanos derechos adquiridos y plasmados en su célebre y bicentenaria Constitución.

Consideramos que la mayor garantía de la honestidad pública -ahora se la llama "transparencia"- radica precisamente en el derecho individual a preguntar, cuestionar y denunciar. Advertimos no sin preocupación que el secretismo instaurado rozará garantías de los argentinos, que se vulnerarían por un sistema electrónico e indiscriminado de espionaje tecnológico en tierras uruguayas.

Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad. Este pensamiento atribuido a Benjamin Franklin se vuelve a poner de moda y vertebra el presente pedido de informes.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar esta iniciativa.