La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la resolución de la Sala III Cámara Penal de La Plata, dictada el día 13 de abril de este año, que benefició con arresto domiciliario por "buen concepto social" a un hombre sentenciado por violar reiteradamente a sus dos hijos, y al fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que redujo a la mitad los años de prisión de un pastor condenado por abuso sexual a dos adolescentes, debido a la "condición social de las víctimas".

Señor presidente:

Hemos tomado conocimiento en los últimos días, a través de los medios de comunicación, de resoluciones judiciales que otorgan beneficios a victimarios, culpables y condenados por abusos sexuales, fundados en claros argumentos discriminatorios.

En uno de los fallos que nos ocupa, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, redujo a la mitad la pena impuesta a un pastor evangélico condenado por haber abusado sexualmente de dos adolescentes de 14 y 16 años, por entender que lo hecho por el acusado fue mantener relaciones con personas menores pero pertenecientes a comunidades en las que el nivel social acepta relaciones sexuales a edades muy tempranas.

El pastor condenado pertenece a la Iglesia Evangélica "Jesús es el camino" de la localidad de Merlo, y fue sentenciado por el Tribunal Oral Nº 4 de Morón a 18 años de prisión por cuatro abusos sexuales con acceso carnal agravados por ser ministro de culto, cometidos entre abril y agosto de 2000.

Para otorgar la reducción de la pena, el juez actuante fundamentó, según consta en el fallo, que "lo hecho por el acusado, tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas (...) no lo veo como algo moralmente edificante, pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo".

En el otro caso, la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, benefició con arresto domiciliario por "buen concepto social" a un hombre sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal II a 14 años de prisión, por violar reiteradamente a sus dos hijos de 5 y 6 años de edad.

Los hechos por los que se condenó a este hombre de 41 años y de profesión ingeniero, ocurrieron entre los años 2005 y 2006 cuando, luego de la separación de su esposa y aprovechando el régimen de visitas, llevaba a los niños a su casa y abusaba de ellos bajo amenazas. Para concederle el beneficio de arresto domiciliario, la justicia tomó en consideración una presentación efectuada con 714 firmas, donde se afirma que el imputado es "una persona querida y apreciada".

Las dos resoluciones judiciales citadas, en las que en ningún caso están puestos en duda ni los abusos ni las pruebas, tienen como patrón común el prejuicio de los jueces que las dictaron, basándose en conceptos patriarcales, discriminatorios y clasistas, a través de los cuales la "condición social de las víctimas", en uno y "el buen concepto social" en el otro, son "atenuantes" del delito cometido y probado judicialmente.

Ambas sentencias no sólo son cuestionables por sus claros fundamentos discriminatorios en relación a la posición social de las víctimas en un caso y del victimario en el otro, sino tambien por tratarse del delito de abuso sexual a niños y a adolescentes, en el que la sanción adquiere especial relevancia para incrementar las posibilidades de recuperación de las víctimas de los daños psicológicos producidos por el abuso padecido.

Son numerosas las voces que, desde distintos sectores, se han alzado para cuestionar y rechazar las resoluciones judiciales mencionadas. Gregorio Badeni, profesor titular por concurso de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en relación al fallo que redujo la pena del pastor condenado expresó: "Me parece una aberración que se atenúe una condena por el nivel social de las víctimas. Lo que normalmente sucede es que se eleve la pena, por ejemplo, cuando se trata de un menor".

Por su parte, el fiscal de Casación adjunto, Jorge Roldán, consideró que la decisión de los magistrados "discrimina a los sectores sociales más humildes y por ende más vulnerables a determinados delitos". (La Nación, 2 de abril de 2011)

También se expresó sobre este fallo la directora de justicia de la Asociación por los derechos civiles (ADC), Inés Jaureguiberry: "Lo que se lee de esta sentencia es que si las víctimas hubieran sido de otra clase social habrían merecido la protección del derecho". (La Nación, 2 de abril de 2011)

El Dr. Carlos Rozanski, juez del tribunal Oral Federal 1 de La Plata, se expresó en relación a la resolución que beneficia con arresto domiciliario al ingeniero condenado por abuso sexual: "Son aquellos jueces representantes de la peor ideología que un funcionario puede sustentar, los que realizan un aporte esencial para el mantenimiento de los mitos, prejuicios y estereotipos de género y edad, que siempre rodean casos como el del buen vecino de City Bell. Son los que miran con unos ojos a los acusados de piel clara y con otros a los de piel oscura y, finalmente, desarrollan ante hipótesis similares, mecanismos de razonamientos distintos. Eso se llama "doble estándar" y es la forma más sofisticada de discriminar con apariencia legal y de perpetuar, entre otras cosas, la impunidad del abuso sexual infantil" (Página 12, 19 de abril de 2011).

Asimismo, el ex fiscal Sagastume, expresó que "Si tomamos en cuenta el apoyo de los parientes y el contexto social, el 90 por ciento de los detenidos debería recibir este beneficio, pero estamos ante una justicia sólo para ricos y blancos" (página12, 16 de abril de 2011).

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.