El Senado y Cámara de Diputados...

ADHESIÓN AL DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL

ARTÍCULO 1°.- Adhiérase a la República Argentina a la resolución 64/255 de las Naciones Unidas, aprobada en ocasión de su septuagésima cuarta sesión plenaria del día 2 de Marzo de 2010 que proclama el período 2011 - 2020 "Decenio de Acción para la Seguridad Vial", con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Seguridad Vial y de todos los organismos competentes, tendrá su cargo la organización e implementación de actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones, resolvió la celebración de un decenio dedicado a la puesta en marcha de un plan mundial para la realización de acciones sobre la seguridad vial, el cual comenzará de manera oficial a nivel mundial el 11 de mayo de este año.

Por otra parte, los días 19 y 20 de Noviembre de 2009 se reunieron en Moscú, Ministros y Jefes de Delegación de distintos países, así como representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales, regionales y subregionales y de entidades privadas, para la celebración de la Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial.

Asimismo, el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en 2004 y publicaciones posteriores, determinan que los traumatismos causados por el tránsito constituyen un grave problema de salud pública y una de las causas principales de muerte y lesiones en todo el mundo, las victimas anuales fatales superan los 1,2 millones de personas y causan heridas o discapacidades hasta a 50 millones cada año. Por otra parte la Organización Mundial de la Salud considera que el 2% de la población mundial sufre de alguna discapacidad como consecuencia de las lesiones producidas por accidentes viales.

Los accidentes viales se han con vertido en la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años; produciéndose más del 90% de las defunciones por accidentes de tránsito en los países de ingresos bajos y medios, siendo los más vulnerables los peatones, los ciclistas, los usuarios de vehículos motorizados de dos o tres ruedas y los pasajeros de medios de transporte público inseguros.

En nuestro país la grave crisis vial, se encuentra reflejada en los altos índices de mortalidad producida por accidentes de tránsito, que según datos oficiales del año 2008, llegan a más de ocho mil muertos y ciento veinte mil heridos anuales, ello sumado a pérdidas materiales particulares y desvíos de recursos del sistema público de salud.

Esta cifra es superior a aquellos países que, con igual parque automotor, relevan la conducta de peatones y conductores y enfatizan el cuidado del transporte público. Así, el uso del cinturón de seguridad, el tratamiento de las adicciones sociales como el alcohol y la droga, el efectivo control de circulación del transporte público, entre otras acciones disminuyen las causales de accidentes viales.

En el año 2006 presentamos un proyecto de ley para crear el "programa nacional de seguridad vial" (Expte. 656-D- 06), teniendo en cuenta este y otros proyectos en el año 2008 se sancionó la Ley 26.363 que creó e implementó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyas funciones son las de coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro; y la elaboración, coordinación, supervisión y ejecución de un programa anual de control efectivo del tránsito; y la suscripción de convenios a efectos de realizar programas de investigación y capacitación de personal en materia de seguridad vial, aún no parece haber incidido categóricamente en la disminución de los índices referidos.

Es importante establecer que en su mayoría las defunciones y los traumatismos por accidentes de tránsito se dan en el contexto de actividades profesionales, siendo por ello indispensable aplicar medidas en los conductores y en los vehículos empleados en esas actividades, tal como lo han realizado los países de ingresos altos reduciendo sustancialmente las cifras de muertos y heridos por accidentes de tránsito.

Las estadísticas desarrolladas y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos de nuestro país, nos plantean la necesidad de incrementar las acciones y los esfuerzos tendientes a disminuir este flagelo.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en esta iniciativa.