La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informe a esta Honorable Cámara acerca de diversas cuestiones relacionadas con el beneficio de "Asignación Universal por Hijo para Protección Social", detallando lo siguiente:

- Evolución mensual desde la implementación del programa de la cantidad de titulares beneficiarios y menores a cargo; discriminado por grupos etarios, distribuidos por provincias y municipios, incluyendo su proyección para el 2011.

- Análisis del impacto del programa en términos de inclusión social, describiendo:

El nivel de reducción de la población infantil bajo la línea de indigencia (en términos de niños beneficiarios) desde inicios del programa a la fecha.

El nivel de reducción de la población infantil bajo la línea de pobreza (en términos de niños beneficiarios) desde inicios del programa a la fecha.

El nivel de reducción de los hogares bajo la línea de indigencia desde inicios del programa a la fecha.

El nivel de reducción de los hogares bajo la línea de pobreza desde inicios del programa a la fecha.

El grado de participación (share) de los niños beneficiarios en el total de niños y en el total de niños pobres.

El grado de participación (share) de los hogares beneficiarios en el total de hogares y en el total de hogares pobres.

- Cuáles son las instancias de monitoreo y control llevadas adelante para evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones para el acceso y sostenimiento del beneficio (salud, educación). Si las hubiere, las mismas deberán detallarse desagregadas por provincia y por municipio.

- Si existe algún estudio de evaluación del cumplimiento de las condicionalidades, en términos de aumento de matrícula escolar y población infantil cubierta por los controles sanitarios correspondientes y por el plan de vacunación obligatorio.

- Si existe alguna planificación para incrementar la oferta de servicios públicos de salud y educación para enfrentar el incremento de la demanda a partir de las condicionalidades. Si esto es así, indicar cuáles son las previsiones operativas y financieras al respecto.

- Si se ha creado o planea crearse una oficina técnica ad-hoc para el monitoreo y evaluación del programa.

- Si se han detectado algún tipo de Irregularidades en la asignación y/o percepción del beneficio, medidas adoptadas por las autoridades competentes y sanciones aplicadas en cada caso. De haberse efectuado denuncias judiciales, detallar fecha, carátula, juzgado y estado de la causa.

Señor presidente:

A pesar del rápido crecimiento de la economía observado luego de la crisis de 2001/2002, los niveles de pobreza e indigencia se mantuvieron elevados, lo cual llevó a que desde distintos sectores de la sociedad se insistiera en la necesidad de implementar un programa masivo de transferencias de recursos que contribuyera al alivio de las necesidades económicas más inmediatas de la población.

En base a un estudio realizado por CEDLAS, se percibe que "del total de la población pobre más del 40% son niños menores de 15 y más del 60% menores de 25 años" (1) .Esta concentración de la pobreza en la niñez, sumada a la sencillez para verificar la edad de las personas, constituye uno de los argumentos centrales a favor de programas de alivio a la pobreza focalizados en la niñez, como los propuestos por varios actores sociales y como el implementado por el gobierno en 2009.

En efecto, en un giro de su política social hasta ese momento, en octubre de 2009 el Gobierno Nacional implementó un programa de este tipo, mediante la extensión de las asignaciones familiares a hijos de desocupados y trabajadores informales. En diciembre de 2010, el gobierno extendió esta medida a los trabajadores de temporada, quienes cobrarán este beneficio todo el año. Una medida de esa naturaleza era, como lo señalamos, reclamada por buena parte de los sectores políticos y sociales, con lo que hubiera sido en verdad deseable y de mayor virtud para las instituciones y la propia solidez del programa que el mismo hubiera sido establecido a través de la sanción de una ley, tal como además lo hemos propiciado a través de la presentación de diversos proyectos de ley ( Expedientes 3892- D- 2009 y 4094 - D - 2010 ).

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió avanzar en la cuestión mediante el dictado del decreto 1602/2009, dando así origen al programa de "Asignación Universal por Hijo para la Protección Social" (AUH), que constituye una decisión política que se promueve como el pilar de la política social de nuestro país. La misma es financiada y gestionada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): de acuerdo a la prórroga del Presupuesto 2011, la partida asignada a este programa es de $10.083 millones anuales en transferencias de recursos monetarios por parte del Estado.

A pesar de la magnitud e importancia de esta política, la ANSES no ha presentado un análisis detallado ni sobre la evolución temporal y geográfica del padrón de beneficiarios de la AUH, ni sobre el impacto de esta medida en la reducción de la pobreza e indigencia. Al referirse al impacto sobre la pobreza y la indigencia, y también a la estimación poblacional de potenciales beneficiarios, la ANSES cita trabajos de terceros (2) lo cual permite deducir que no cuentan con una evaluación propia del impacto de tan importante medida. De la misma forma, el gobierno no ha citado las fuentes o la metodología a partir de la cual computa el aumento del 25% en la matrícula escolar secundaria, y el incremento del 56% en los controles sanitarios y de vacunación citados en http://www.anses.gob.ar/files/subidas/Aniversario_AUH.pdf. Dada la magnitud de estos incrementos, consideramos relevante que las autoridades den cuenta del origen de estas estimaciones.

Por otro lado, es necesario establecer algún tipo de monitoreo sistemático para conocer la evolución en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la medida, principalmente en lo referido a las condicionalidades sobre educación y salud, y analizar en base a ello, si es conveniente mejorar la estructura del programa en cualquier sentido, ya que exigir el cumplimiento de las condicionalidades sin incrementar la oferta de servicios de educación y salud necesaria para su cumplimiento, iría justamente en contra del objetivo de consolidar un desarrollo humano integral, incluido en el decreto de creación de la AUH.

Asimismo, la particular naturaleza de la situación actual y la urgencia de acciones que ayuden a mitigar la situación de exclusión de diversos sectores de la población, requieren de la sustentabilidad en el tiempo de esta medida, por lo cual se torna imperioso conocer cómo y a través de qué herramientas el Gobierno Nacional garantizará los recursos para que ello así sea.

Es por ello que, destacando la magnitud presupuestaria y política de esta decisión, impulsamos este pedido de informes, a fin de conocer cuáles son los resultados de la implementación de esta medida, el alcance que se pretende mediante su universalización; cuáles son las instancias de monitoreo y control llevadas adelante para evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones para el acceso y sostenimiento del beneficio; si existe alguna planificación para incrementar la oferta de servicios públicos de salud y educación para enfrentar el incremento de la demanda a partir del otorgamiento del beneficio y demás cuestiones que permitan ilustrar acerca de los aciertos y resultados de esta medida y de los compromisos futuros.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el siguiente proyecto.