El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º .- Los ministros, secretarios y subsecretarios de la administración centralizada y descentralizada o funcionarios de categoría equivalente, directores, interventores o funcionarios de categoría equivalente de entidades autárquicas, empresas del estado. Sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal, sociedades de economía mixta, obras sociales del sector publico, bancos y entidades financieras oficiales, nacionales, provinciales y municipales y/o funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentren sometidos a proceso con auto de procesamiento o prisión preventiva o domiciliaria por delitos excarcelables o no excarcelables, serán suspendidos preventivamente en su cargo hasta la finalización del proceso.

Artículo 2º .- Serán nulas de pleno derecho las candidaturas y precandidaturas a gobernador o vicegobernador provincial, intendente municipal, senador o diputado nacional, legislador provincial o concejal municipal, proposiciones para integrar la defensoria del pueblo, consejo de la magistratura o entes reguladores de servicios públicos, bancos o entidades financieras provinciales o cajas previsionales o funcionarios de categoría equivalente, de todo ciudadano argentino sometido a proceso con auto de procesamiento o prisión preventiva o domiciliaria por delitos excarcelables o no excarcelables hasta el mismo momento de su sobreseimiento por juez competente.

Artículo 3º.- La autoridad de aplicación y Poder de Policía para los casos del articulo 1º serán la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Oficina anticorrupcion, mientras que los casos comprendidos en el articulo 2º serán el Ministerio del Interior y la Cámara Electoral Nacional y Provincial en su caso.

Articulo 4º .- Solo en el caso de absolución o sobreseimiento definitivo en sede penal podrán reintegrar a sus cargos a los sujetos comprendidos en el articulo 1º, en el caso del articulo 2º el auto procesal deberá ser anterior al plazo de confección y cierre de listas impuestos por la Cámara Electoral Nacional o Provincial. En caso contrario se les aplicara cesantía o exoneración según corresponda teniendo en cuenta si el proceso se origino en delitos vinculados al cargo que desempeña.

Articulo 5º.- Se invita a las provincias a adecuar sus respectivas normas locales a la presente.

Articulo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En los últimos tiempos hemos asistido a la proliferación de causas judiciales contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones que a pesar de dicho proceso se mantienen aferrados a sus cargos.

La ciudadanía no solo asiste a la degradación de la clase dirigente en ejercicio sino que también escucha o visualiza candidatos a cargos legislativos o propuestos para posiciones ejecutivas de los más diferentes estratos gubernamentales que tienen demandas o peor aun que esta procesados por casos de corrupción, o diferentes delitos penales en el ejercicio de funciones publicas anteriores o en actos de su vida civil privada.

La democracia es un sistema de gobierno cuyo pilar fundamental es la confianza y la ética, ya que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus autoridades, estas que son ni mas ni menos que conciudadanos comunes con dedicación y afán de dar a cada uno lo suyo para lograr un bienestar general.

Son esos conciudadanos que gobiernan el destino de la patria o que son candidatos o propuestos para ocupar cargos de decisión los que tienen que dar el ejemplo con sus propias vidas, con sus actos, y, si pesa sobre ellos algún proceso penal en marcha cualquiera sea este deben dar un paso al costado o es el estado el que debe desecharlos por ley. Y, en los casos de los candidatos, estas proposiciones son nulas absolutamente y de pleno derecho hasta tanto se aclare la situación procesal del ciudadano en cuestión.

En primero lugar, no cabe duda alguna que desde el punto de vista ético, dicha actitud resulta totalmente reprochable puesto que si un juez de la Nación ha decidido llevar adelante el proceso como lo es en los casos en que dicta el auto de procesamiento existen serias sospechas respecto de la culpabilidad del procesado, circunstancia que no admite la permanencia en la función publica, hasta el pleno esclarecimiento de los hechos.

Desde el punto de vista estrictamente legal no existe norma alguna que contemple las situaciones antes planteadas, lo que ha llevado a los funcionarios procesados a considerarse con el derecho a permanecer en el cargo que ocupan puesto que no existiría impedimento legal alguno.

El proyecto de ley que se trae a consideración tiene como fin único y exclusivo la suspensión preventiva en los cargos de los funcionarios en ejercicio y de los propuestos o candidatos que tengan un proceso judicial en marcha contra su persona, que, viene a resolver dichas situaciones de irregularidad en defensa de la propia administración publica, de la investidura de los cargos y del propio sistema de gobierno.

Por los argumentos expuestos ut supra, y por la importancia del objeto a tutelar es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.